El Supremo tumba definitivamente la construcción del polígono de Valga.

Cuando el TSXG dio la razón a la comisión vecinal y dijo «no» a la construcción del polígono industrial de Xanza, el gobierno local de Valga decidió recurrir la sentencia y llevar el caso al Supremo. Año y medio después, el alto tribunal ha tomado ya su decisión. La nueva sentencia vuelve a ser un rotundo no a los planes del Concello. No solo desestima los argumentos con los que el ayuntamiento defendió la necesidad de dotar a la localidad con 800.000 metros cuadrados más de suelo industrial, sino que condena al Concello y a la Xunta a pagar las costas del proceso.

El Supremo se alinea con las tesis del TSXG, y lamenta que el Ayuntamiento «pretenda decidir a su favor el litigio, contraponiendo los claros y rotundos dictámenes periciales, unánimes en la apreciación de que era completamente innecesaria la habilitación de suelo industrial nuevo en este municipio, a documentos consistentes en estudios o informes de viabilidad del polígono industrial […] máxime cuando tales documentos son anteriores a la memoria ambiental y se proyectan sobre una superficie mucho menor a la finalmente considerada». El Supremo también tiene en cuenta que «la memoria ambiental […] desaconsejó de forma clara esta adscripción del suelo, reputándola innecesaria».

Argumentos
Teniendo en cuenta estos razonamientos, la sentencia del TSXG «no puede ser tildada de arbitraria o ilógica, por más que sus conclusiones desagraden al Ayuntamiento que, a toda costa, pretende orillarlas». Y es que, sigue razonando el Supremo, no se puede contraponer a ese documento los «documentos preparatorios o informes administrativos que integran el expediente, pues tal acervo documental es precisamente el material sobre el que debe recaer el juicio de la sala».

Esta llega a una conclusión «clara e insoslayable» sobre la «irracional creación de nuevo suelo industrial» prevista por el Concello de Valga. Una «realidad que no requeriría de especiales conocimientos científicos o técnicos para su apreciación: si un suelo de 225.000 metros cuadrados de superficie está ocupado solo en el 30 % de esta, resulta injustificado, completamente, aumentar el suelo industrial en otros 800.000 metros cuadrados más». Así lo entiende el Tribunal Supremo.

Satisfacción entre el colectivo vecinal por un fallo «contundente»
María Ferreirós, además de ser portavoz del PSOE, es presidenta de la comisión vecinal que inició el procedimiento contra el polígono previsto en Xanza. Como tal quiso mostrar ayer su enorme satisfacción por la decisión del Tribunal Supremo. «Unha cousa é gañar, e outra é gañar cunha sentenza tan rotunda, que insiste nos argumentos da anterior, e en que ese polígono industrial está completamente inxustificado». A su juicio, que se impongan las costas al Concello y a la Xunta deja bien claro que estas dos administraciones actuaron «con certa temeridade» al prolongar el proceso judicial. Por otra parte, ayer resultó imposible recabar la opinión del alcalde de Valga José María Bello Maneiro (PP) sobre esta cuestión.

La Voz de Galicia

La Xunta insiste en dejar en manos de la Diputación la financiación del CODI de Valga.

El PSOE achaca a «unha nefasta xestión do Concello» las dudas sobre el centro.

La Diputación de Pontevedra apela al decreto 99/2012 para explicar por qué no puede seguir financiando el CODI de Valga. Y ayer, la Consellería de Política Social apelaba de nuevo a ese mismo documento para sostener justo lo contrario. Mientras los servicios jurídicos del organismo provincial sostienen que este solo puede colaborar con los ayuntamientos en el mantenimiento de los servicios sociales básicos comunitarios, los abogados de la Xunta afirman que en ningún punto del decreto se hace semejante distinción, y que ningún artículo «impide en ningún momento a achega da Deputación ao financiamento dos servizos especializados dos concellos». «En liña co anterior, no marco da negociación do financiamento dos Servizos Sociais de Galicia, que se realizaba co antigo plan concertado, as Deputacións asumían o financiamento dos servizos comunitarios especializados. Na práctica é o que se segue a facer. Por exemplo, a Deputación da Coruña continua financiando algún programa de servizos sociais comunitarios específicos».

Es decir, la Xunta entiende que es la Diputación quien debe hacer frente al grueso de la financiación de este servicio, mientras que en Montero Ríos manejan informes que dicen todo lo contrario. Y mientras unos y otros leen el decreto 99/2012 de formas completamente distintas, el futuro de un servicio que atiende a 18 personas y que emplea a nueve profesionales está en jaque.

El PSOE de Valga responsabilizó ayer de esta situación al gobierno local, al que acusa de haber hecho una «nefasta xestión» en este asunto. Señalan los socialistas que, cuando se convocaron las bases de la Diputación, enseguida comprobaron que la solicitud del Concello de Valga para financiar a los nueve trabajadores del centro no se ajustaba a las mismas. «A Deputación reuniuse con nós, igual que co goberno, para falar deste asunto, así que non é certo o que di o señor Maneiro de que o problema o colleu por sorpresa». El equipo municipal, en vez de reaccionar pidiendo a la Xunta que asuma su responsabilidad, «limitouse a a atacar á Deputación, nada máis». «O Concello limitouse a presentar un recurso contra esta, pero nós queremos que se abra tamén outra vía, a de reclamar á Xunta que cumpra».

La Voz de Galicia

Los problemas de financiación ponen en jaque la continuidad del Codi de Valga.

La Diputación rechaza asumir un servicio que, afirma, es competencia de la Xunta.

El Centro ocupacional de discapacitados de Valga (Codi) atiende a 18 usuarios de varios municipios de la zona. Vecinos de Valga, Catoira, Caldas y Pontecesures acuden a unas instalaciones construidas por el Concello valgués y que durante años se han sostenido gracias al apoyo de varias administraciones. Desde el 2012, la Diputación participaba en la financiación de este servicio a través de una partida de «algo menos de cen mil euros». Una cantidad que este año no ha sido liberada por el organismo provincial. Explican desde Montero Ríos que «a Deputación non pode, sen infrinxir competencias, seguir sostendo axuda algunha nesta materia».

La Diputación ya se ha dirigido a la Xunta para pedirle que deje de «ponerse de perfil» en esta cuestión, echando sobre los hombros de concellos y otras administraciones los llamados servicios sociales específicos. En el último pleno de la corporación, celebrado el pasado lunes, el PSOE presentó también una moción en la que instaba al gobierno autonómico a asumir el coste de este servicio.

Fue ese texto el que colmó la paciencia del alcalde de Valga, que «estaba disposto a apoiar esa moción se retirasen a carga política que contiña ao principio».

José María Bello Maneiro (PP) asegura llevar semanas intentando encontrar una solución que garantice el futuro del Codi. Las explicaciones dadas por la Diputación de Pontevedra no le satisfacen. «Atopámonos de repente con que, dende o 31 de decembro, o Concello ten que asumir os custes de persoal», señala. «Dende o ano 2012 foi esa administración a que colaborou para manter este servizo. Queren cambialo porque din que é ilegal… Teño as miñas dúbidas, pero o mínimo é que se senten a falar para buscar unha solución», dice el regidor. Y es que entiende que hay servicios «cos que non se pode nin xogar, nin facer política», y el Codi es uno de ellos.

«Somos o único municipio da provincia que ten un servizo así», asegura el alcalde, quien está dispuesto a presentar un contencioso administrativo si no logra un acuerdo con la Diputación. No parece que vaya a ser posible, porque el organismo provincial señala que todos los informes realizados señalan que esta institución «só ten competencias para apoiar o desenvolvemento e atención dos servizos básicos comunitarias dos concellos».

La Voz de Galicia

Demandan el repintado del Camiño Portugués.

El PSOE pontecesureño demanda al gobierno local que ordene repintar cuanto antes “las flechas amarillas” que indican el trazado del Camiño Portugués a su paso por el municipio. El alcalde, Juan Manuel Vidal Seage, no duda en señalar que “es sorprendente este repentino interés por el Camino de Santiago cuando en cinco años no se preocuparon por ello”, en alusión al paso de socialistas y nacionalistas por el gobierno.

Faro de Vigo

Pontecesures arranca una etapa marcada por importantes heridas políticas aún abiertas.

Vidal Seage se estrena como alcalde en un pleno y deja ver que está muy verde -La nacionalista Cecilia Tarela parece no asumir que ya no es la alcaldesa.

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Una de las votaciones que se cerraron por unanimidad en el primer pleno de Seage como alcalde.

El Concello de Pontecesures celebró ayer un pleno que servía para estrenar una nueva etapa política tras la moción de censura que situó al conservador Juan Manuel Vidal Seage en la Alcaldía y desalojó de la misma a la nacionalista Cecilia Tarela.

En esta primera sesión quedó claro que aún hay demasiadas heridas políticas abiertas, que la batalla puede ser considerable en lo que resta de mandato y que ni uno ni otro han asumido el nuevo papel que les toca desempeñar; el regidor porque está demasiado verde y su actitud por momentos indolente no le ayuda, y Tarela porque parece seguir enfadada por lo sucedido y da la impresión de que piensa que aún es la que manda, por eso no dudo en interrumpir cuando le dio la gana haciendo en ocasiones que algo tan solemne como un pleno de la Corporación pareciera más una gresca en la calle.

Eso sí, aunque queda mucho por regular en la organización de los turnos de palabra, para evitar que el pleno se convierta por momentos en una discusión de taberna, como sucedió ayer, al menos gobierno y oposición de Pontecesures parecen entender que no es necesario repetir los mismos argumentos una y otra vez prolongando los debates innecesariamente, como suele ocurrir en municipios como Vilagarcía y O Grove.

Prueba de ello es que los ediles pontecesureños despacharon el pleno, con trece puntos en el orden del día, en apenas media hora, mientras que los grovenses, que habían comenzado el suyo al mismo tiempo, seguían enfrascados en el primer punto de verdadero debate dos horas después de sentarse.

Pero volviendo a lo sucedido en la villa del Ullán hay que decir que las heridas políticas no solo afectan a PP y BNG, sino también al PSOE, igualmente desbancado del gobierno con la moción de censura y cuyo portavoz, Roque Araújo, sigue rasgándose las vestiduras.

Es la sangre de una batalla que igualmente dejó heridas aparentemente incurables en Terra Galega, cuyo líder, Ángel Souto Cordo, pasó a formar parte del tripartito mientras que su número dos, Jorge Janeiro, se quedaba en la oposición. Un distanciamiento que ayer también fue físico, ya que se sentaron a ambos extremos de la alargada mesa, lo más lejos posible el uno del otro. Y eso que en lo personal dicen llevarse bien, por eso esta misma semana convocará a sus bases para buscar una solución.

En definitiva, que el pleno sirvió para comprobar que los munícipes pontecesureños aún no saben realmente qué sitio ocupan, y que por cierto, ayer tampoco encontró la otra pata del tripartito, la independiente María Isabel Castro Barreiro, aunque ella por motivos más que justificados, ya que no asistió a la sesión porque había sido sometida a una operación quirúrgica.

En cuanto a los asuntos incluidos en el orden del día, ya queda dicho que fue una sesión rápida, sobre todo porque hubo diferentes asuntos aprobados por unanimidad y sin debate. Sucedió así porque, según Cecilia Tarela se ocupó de recordar una y otra vez, eran cuestiones que ella misma y su equipo habían dejado encauzadas antes de la moción de censura.

Es el caso de la delegación de competencias en la Diputación para inspeccionar la liquidación de la tasa del 1,5% por la utilización del suelo a favor de empresas explotadores y de la adhesión al Grupo de Desenvolvemento Rural O Salnés/Ulla-Umia, en el que, por cierto, Seage será el representante de Pontecesures, con Souto Cordo como suplente.

Cabe decir, para terminar, que esta primera sesión del nuevo gobierno tampoco animó a los vecinos a acudir como público. ?nicamente presenciaron el espectáculo una decena de pontecesureños, entre ellos un viejo conocido de la política local, el exedil Luis Sabariz Rolán.

Faro de Vigo