El BNG insta a la Xunta a mejorar el vial que une Baloira con Pontecesures.

El BNG colocó carteles a lo largo de esta carretera.

El BNG colocó carteles a lo largo de esta carretera.

El BNG de A Estrada instó ayer públicamente a la Xunta de Galicia a mejorar la carretera que une Baloira con Pontecesures. La formación nacionalista colocó carteles a lo largo e la PO-214 como gesto de reivindicación de que la administración gallega mejore el trazado y la capa de rodadura de esta infraestructura de comunicación.

La edil del BNG, Susana Camba, explicó que esta carretera «es la única vía que une el municipio estradense con Pontecesures y Padrón, que es también la única vía de acceso con la autovía del Barbanza». «No solo tiene un trazado sinuoso sino que tiene un apreciable deterioro de la capa de rodadura, que en el algún tramo es intransitable», apuntó la portavoz del grupo municipal del Bloque.

Desde el BNG se aseguró que los vecinos que utilizan esta carretera «están hartos de esta desidia por parte de la administración autonómica y por parte del Concello, que no exige la mejora de esta carretera», apuntó Camba. Añade que a los problemas del vial hay que sumar los enormes eucaliptos a lo largo de su trazado, señalando que, cuando hay temporal o vientos fuertes, la carretera se llena de ramas, algunas de importante calibre, que dificultan el tránsito.

Faro de Vigo

Finsa presenta un ERTE para 1.600 trabajadores, 800 en Santiago.

La regulación temporal de empleo en la maderera estará en vigor hasta el próximo 30 de abril.

Después de varios días de intensas negociaciones con la representación sindical, Finsa ha presentado definitivamente un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para hacer frente al parón de actividad desencadenado por la crisis del coronavirus. La regulación afecta a 1.600 trabajadores de las cuatro plantas gallegas, de los que 800 se corresponden con la de Santiago y el resto se reparten entre Padrón, San Cibrao y Ràbade.

El ERTE estará vigente hasta el próximo 30 de abril y las condiciones establecidas pasan por completar el sueldo de los empleados hasta llegar al 90 % en marzo y el 85 % en abril, teniendo en cuenta que el 70 % va con cargo al erario público. También habrá un complemento para llegar al 80 % de las pagas extras y se mantienen el 100 % de las vacaciones., tal y como ha anunciado la compañía. Además, la empresa formará una comisión de prevención específica en cada planta para aplicar y supervisar la aplicación de medidas de seguridad para las personas que tengan que trabajar. El colapso generado por la emergencia sanitaria ha obligado a la empresa a parar la actividad en las plantas, donde quedan servicios mínimos para el mantenimiento de las calderas e infraestructuras, un complejo entramado de máquinas industriales en las que transforma la madera en diferentes productos que tienen salida a los mercados nacionales e internacionales.

Finsa mantiene cerrados los parques de madera de las cuatro plantas gallegas, que son las instalaciones donde recepciona la materia prima, fundamentalmente pino, y donde recibía diariamente, entre todas, nueve mil toneladas de producto. Solo la fábrica santiaguesa, por ejemplo, absorbía cada jornada 2.500. Esto ha tenido un efecto inmediato en el origen de la cadena de valor del monte, donde se han frenado también las talas de pino.

El parón industrial afecta en la comunidad gallega a unos 1.500 proveedores de madera, que suministran a Finsa, y también a otras empresas del sector. El grueso de la plantilla que está fuera de fábricas se encuentra teletrabajando (300 personas ya en todo el grupo), pero no los operarios de las plantas, que estarán sin trabajo hasta finales del mes de abril. La maderera gallega es el primer generador de empleo de la ciudad y su comarca, con 1.200 trabajadores.

La crisis del coronavirus está afectado a todo el tejido empresarial de Compostela, y ha sacudido con mucha fuerza a la hostelería, sector clave en la economía de la ciudad, y que se halla ahora totalmente parada. Bares, hoteles y restaurantes tienen echada la persiana.

La Voz de Galicia

ERTE en Finsa hasta el 30 de abril.

Finsa, la empresa más importante de la capital gallega, acaba de formalizar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que tiene fecha de inicio el pasado viernes, 20 de marzo, y que se extenderá hasta el 30 de abril, una medida adoptada como consecuencia del estado de alerta que afecta a todo el país. Este procedimiento se aplica a las cuatro fábricas que tiene en Galicia, mientras que la compañía asegura a los trabajadores afectados coberturas del 90 % del salario del mes de marzo y el 85 % del de abril, a la vez que garantiza el complemento del 80 % de las pagas extra y el 100 % de las vacaciones, tal y como señaló en un comunicado que hizo llegar ayer a este periódico.

Además, establecerá una comisión de prevención específica en cada planta para aplicar y supervisar la aplicación de medidas de seguridad para las personas que tengan que trabajar. El ERTE afecta a un total de 1.600 personas en las cuatro plantas, y sobre 800 en la capital gallega, donde la maderera da trabajo a 2.130 personas, una cifra que se eleva hasta 3.400 si se habla del total del grupo. La empresa redujo ya hace días a servicios mínimos su actividad y mantiene cerrados los parques de madera debido a la crisis sanitaria del coronavirus. También quedaron canceladas visitas y viajes de los profesionales que trabajan en la empresa. Los directivos determinaron reducir la interacción de personas en los distintos centros; y también se suman esfuerzos para que se guarde la distancia de seguridad cuando hay coincidencia de personas.

Por otro lado, indicaron a EL CORREO fuentes oficiales de Finsa, se intensificaron los protocolos de limpieza y desinfección de zonas y elementos comunes. Y también se puso en práctica una secuenciación de turnos de entrada y control de acceso y permanencia en zonas comunes. «Nuestros servicios médicos en las distintas plantas están realizando un seguimiento intensivo de los protocolos implantados y están al servicio de las necesidades que pudieran surgir a cualquier persona que trabaje en nuestras instalaciones», indican desde la compañía con sede en Santiago. Con la implantación del ERTE la compañía ha frenado su actividad. Sus plantas de producción están semiparadas, tal y como se puede observar en la imagen que acompaña esta información.

El Correo Gallego

Seage: «Las obras del colegio no afectan a la seguridad ni a la calidad de las clases».

El alcalde de Pontecesures lamentó el retraso en la reforma integral del centro debido a la meteorología -El PSOE denuncia que en los últimos días entró agua en la biblioteca.

En el pleno municipal celebrado en la tarde de ayer también el portavoz socialista, Roque Araújo, formuló una pregunta al respecto de la calefacción actual en la escuela infantil municipal apuntando que no estaba funcionando debidamente.

Vidal Seage manifestó también a este medio que «no está funcionando la calefacción propia del centro, pero sí hay calefacción con una solución temporal. Más incómoda y costosa, pero necesaria para que los niños tengan la temperatura ideal».

La razón de esta problemática es que la empresa concesionaria del servicio ha solicitado con fecha 31 de octubre un incremento de la potencia a la compañía eléctrica que todavía no ha sido autorizada. Vidal Seage apuntó a este respecto que «yo mismo llamé a la empresa para que agilizaran el proceso, pero es cierto que hay unos plazos que hay que cumplir. Lo contratado actualmente no tiene la suficiente potencia para dar servicio a todos los acumuladores del centro y se quiere poner solución».

Faro de Vigo

La Xunta se suma a la familia de las víctimas de Valga para ejercer la acusación particular.

La jueza de instrucción tiene la última palabra sobre las entidades o personas que pueden personarse como parte -El Ayuntamiento sopesó solicitarlo, pero finalmente no lo hará.

El Ministerio Fiscal ha ejercido hasta ahora en exclusiva la acusación en la causa abierta por el triple crimen de Valga. Pero ya hay tres solicitudes de acusación particular. A la de la familia de las víctimas se suman la de la Fundación Amigos de Galicia y la de la Xunta de Galicia. Fuentes consultadas indican que también el Ayuntamiento de Valga sopesó personarse en la causa como parte, pero que finalmente no lo hizo por no encontrar amparo legal a su petición.

Las partes deben remitir su solicitud de ejercer la acusación al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Caldas de Reis sobre el que ha recaído la instrucción, y será ahora la juez del mismo la que dictamine qué solicitudes son aprobadas y cuáles no.

Se daba por hecho que los parientes de María Elena Jamardo, y las hermanas Sandra y Alba Boquete, asesinadas el lunes pasado en Valga, querrían personarse como parte en la causa, si bien tardarían unos días en hacer efectiva su solicitud debido a la envergadura de la tragedia sufrida.

La Fundación Amigos de Galicia también indicó su intención de ejercer la acusación. Los estatutos de esta organización contemplan esta posibilidad, y han puesto el foco en la compleja situación en la que quedan los dos hijos de Sandra Boquete, de siete y cuatro años.

Lo que se desconocía hasta ahora era el papel que iban a jugar las administraciones públicas, ya fuese la más próxima a las víctimas, como es el Ayuntamiento de Valga, u otras de rango competencial mayor, como son la Diputación y la Xunta. Finalmente, la institución gallega ha decidido solicitar en el Juzgado que le permitan ser parte. De ese modo, se podrán redoblar los esfuerzos en defensa de los intereses de la familia de las tres mujeres asesinadas.

El autor confeso de la matanza, el exmarido de Sandra Boquete, José Luis Abet Lafuente, cumplió ayer su primera semana en la prisión pontevedresa de A Lama.

En una visita a la Escuela de Verano del Ministerio Fiscal, celebrada en Bergondo, la Fiscal Jefe del Estado, María José Segarra aseveró que la prisión permanente revisable es una pena que podría encajar en el caso, «porque hay una pluralidad de fallecimientos«. Al mismo tiempo, avanzó que todo apunta a que José Luis Abet será juzgado por un jurado popular.

Un aspecto de la instrucción que está pendiente de dilucidar es si se hará reconstrucción del crimen en el lugar de los hechos. Se trata de un trámite pensado para esclarecer la secuencia temporal y espacial del crimen, y en ella participan los investigados, en este caso el autor confeso, José Luis Abet Lafuente.