Greenfiber, formada por la energética Greenalia y la multinacional lusa Altri, ha reiterado este martes que «no cambiará las condiciones del Río Ulla» con el proyecto que planea en Palas de Rei (Lugo). Al tiempo, ha rechazado comparaciones entre el estudio de impacto ambiental de este plan y el encargado en su día sobre el traslado de Ence.
Así se ha pronunciado un día después de que las Plataformas Ulloa Viva y en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) hiciesen un llamamiento conjunto a la ciudadanía para que siga presentando alegaciones contra el proyecto de la planta de Altri en Palas de Rei (Lugo).
En este sentido, anunciaban una nueva alegación en la que se señalará que la misma consultora que desaconsejaba trasladar Ence de los terrenos de Lourizán en Pontevedra a otro caudal ahora hizo un estudio de impacto ambiental positivo sobre Altri en el río Ulla.
Aunque sin mencionar expresamente el nombre de Ence, Greenfiber ha defendido en un comunicado que «no se pueden comparar dos informes elaborados con seis años de diferencia y para proyectos completamente diferentes», al tiempo que subraya que «el estudio de la otra fbrica de Galicia no está actualizado».
De hecho, la compañía esgrime que la tecnología de «filtración por membranas» que Greenfiber va a aplicar en el proyecto GAMA «no existía en la industria en 2017, ya que fue aplicada por primera vez en la planta de Biotek en 2018».
«Una tecnología que ha permitido que Biotek utilice 15 m3/t de agua mientras que el volumen de la otra fábrica referenciada en el citado estudio, de acuerdo con su informe de sostenibilidad, es de 30 m3/t. Por ello, GAMA estará muy por debajo de valor, no siendo comparables los proyectos», ha argumentado.
En el comunicado, Greenfiber defiende que GAMA es «resultado de la innovación» e «integra tecnologías que no reúne ningún proyecto industrial de este sector en el mundo a día de hoy».
También recalca que Altri es «referente mundial» en uso del agua, y que en su fábrica de Biotek, única a nivel mundial que recircula efluentes, el uso específico de agua ronda los 15 m3/t. «La industria mencionada en el estudio de 2017 capta en el río alrededor de 30m3/t que devuelven al mar (no al río, como GAMA) según información recogida en su memoria de sostenibilidad», ha contrapuesto.
DATOS «NO ACTUALES» En la misma línea, subraya que el otro estudio «data de 2017/2018», pero la planta de referencia Biotek de Altri «empezó en 2018, por lo que en el citado estudio no hay datos de la tecnología puesta en marcha por Altri ese año».
Así, concluye que los datos presentados en el citado informe de 2017/2018 «no son actuales, ya que la tecnología que se utilizará en GAMA, que supone una inversión de 80 millones de euros, permitirá obtener un efluente con una calidad no comparable a la que se obtiene con tecnologías anteriores y que además será devuelto al Ulla».
Por ello, sostiene que se permitirá que el uso específico de agua en la fábrica de Greenfiber en Palas sea «todavía mucho más inferior al valor actual de Biotek».
En este sentido, la compañía incide, además, en que en el estudio se detallan los porcentajes de merma que «son inferiores al 1% durante 9 meses al año, entre el 1-2% en los meses de junio-julio y el 2% en los meses de agosto y septiembre».
Representantes populares, entre ellos el exalcade de Pontecesures, Juan Manuel Vidal Seage, denunciaron el estado del firme de la N-640 a su paso por Caldas.
El Partido Popular de las comarcas de Ulla-Umia y O Salnés, junto con los congresistas Ana Pastor y Pedro Puy y las diputadas autonómicas María Deza y María Martínez Allegue, denunció este mediodía el «lamentable estado» de los cerca de 60 kilómetros de las cuatro carreteras nacionales que recorren ambas comarcas, la N-550 y la N-640, con sus variantes urbanas de la N-550A, en Caldas de Reis, y de la N-640A, en Vilagarcía. Unas infraestructuras para las que la formación conservadora exigió una mejora integral a causa de la «nula ou escasa labor de mantemento e conservación ao longo dos últimos seis anos».
El portavoz popular en Caldas, Fernando Pérez, compareció ante los medios en las inmediaciones del CPI Plurilingüe Alfonso VII, donde destacó que «as estradas nacionais están no peor estado da súa historia, sobre todo en los relativo al firme con «innumerables fochancas, fendas e desniveis na plataforma, graves problemas de drenaxe, mala sinalización, falla de visibilidade, peraltes deteriorados e cruces perigosos». Pérez recordó que en la villa termal se puede llegar a registrar una densidad media de tráfico diaria de 33.000 vehículos, por lo que exigió al Gobierno estatal que redoble las labores de mantenimiento de la zona y que no se limite a «actuacións puntuais e parcheos».
De hecho, el popular advirtió que el propio Concello ha abordado con fondos propios el arreglo de un semáforo de titularidad estatal en la N-640, a la altura de Saiar. Una actuación que tuvo un coste para las arcas municipales de unos 2.200 euros. Sobre esta cuestión, Pérez reclama al Concello que sea igual de exigente con el Gobierno que con la Xunta y que non «primen as cores políticas aos intereses veciñais».
En cuanto a las inmediaciones del CPI Alfonso VII y la piscina municipal, el PP reclama que se incoporen medidas de calmado de tráfico y de reducción de la velocidad. Unas demandas que «vimos facendo fai anos», pero que el Ministerio de Transporte rechaza alegando la densidad de tráfico en la zona, asegura. Asimismo, el edil rechama otras infraestructuras necesarias en Caldas, como la «continuidade variante oeste ou a mellora da Ponte da Ferrería».
Propuesta «xusta e necesaria»
En esta misma línea, la diputado provincial Isabel Couselo, que también presentó mociones de mejora de la N-640 como portavoz popular en Cuntis, explicó que esta propuesta “é máis que xusta e necesaria porque o deterioro é evidente e perigoso e xurde do propósito do PP de defender ao noso territorio e esixir as melloras que nos corresponden fronte ao maltrato e abandono ao que nos ten sometido o PSOE desde o Goberno de España e, sen dúbida, o mal estado destas catro estradas nacionais é unha das principais preocupacións dos milleiros de usuarios que as empregan cada día”. En este sentido, la cuntiense recordó que el pasado año falleció una mujer de 95 años tras ser atropellada en un paso de peatones en el casco urbano, por lo que urge medidas de reducción de la velocidad en esta zona.
Ante esta situación, Ana Pastor anunció que el PP llevará a la Comisión de Transportes una proposición no de ley para que el Gobierno asuma «toda la responsabilidad que tiene el Ministerio y que no se mire para otro lado», así como se garantice la mejora de toda la red viaria en mal estado. Paralelamente, los populares van presentar mociones en los 27 concellos de la provincia por las que discurren estas carreteras nacionales para seguir dando continuidad a la reivindicación emprendida desde la Diputación.
Los participantes remontaron la ruta Traslatio por los municipios de Vilanova, Catoira, Valga y Cesures.
La primera edición del Congreso Internacional sobre cultura vikinga celebrado en Catoira finalizó ayer tras dos intensos días en los que una veintena de participantes de diversos países del norte de Europa abordaron el impacto cultural de estas visitas y su huella en la Ría de Arousa, compartida con otras regiones de Europa.
Las Torres de Oeste en Catoira, el Mercado da Lamprea en Pontecesures y la Torre de Cálago en Vilanova, fueron los puntos principales escogidos para un itinerario de gran interese histórico y patrimonial para todos los congresistas, que recreó la Ruta Traslatio, el camino marítimo-fluvial por la Ría de Arousa y el río Ulla enmarcada dentro del geodestino Mar de Santiago y que coindice con la ruta utilizada por los vikingos en su momento. El itinerario finalizó con una visita guiada en la ciudad de Pontevedra.
Desde el geodestino, señalan que este seminario permitió enlazar la Translatio con las rutas vikingas, como una gran oportunidad turística.
Alcaldes y representantes de los concellos arousanos.
Diputados y representantes municipales del BNG participaron ayer en Pontecesures en un acto organizado para mostrar su “rotunda oposición” a la implantación de la macrofactoría de Altri en Palas de Rei, una instalación que consideran una “bomba medioambiental” que enciende las alarmas en los ayuntamientos que se nutren de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) del río Ulla, “tanto polos efectos que a celulosa terá na calidade das augas como polo risco de abastecemento que suporá”.
Junto a los diputados Luís Bará, Rosana Pérez, Montse Prado e Iria Carreira, participaron en el acto la senadora Carme da Silva, la alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino y el regidor de Catoira, Xoán Xosé Castro, junto a representantes del BNG en Ribeira, Pobra do Caramiñal, Rianxo, Padrón, Valga, Dodro, Boiro y Vilagarcía que se abastecen de la mencionada estación potabilizadora y que podrían verse “prexudicados gravemente” por la instalación de la celulosa.
El BNG sostiene que, de llevarse a cabo este proyecto supondrá un “empeoramiento da calidade da agua do río tanto polos verquidos cómo polo risco de eutrofización ao baixar o caudal nos tres embalses de Portodemouros, Brandariz y Touro”. “É evidente que todos estes efectos negativos serán trasladados augas abaixo causando un impacto no río Ulla moi severo, empeorando a calidade das súas augas e comprometendo o caudal en épocas de estiaxe”, apunta el BNG.
Control en el Senado
Asimismo, Carme da Silva avanzó que este martes, durante la sesión de control al Goberno del Estado en el Senado, el BNG preguntará al Ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, sobre la voluntad del ejecutivo de “incluír ou non” la macrocelulosa de Palas de Rei entre los proyectos que recibirán ayudas del Perte de descarbonización.
“Deberá dar a coñecer a posición do Goberno en relación a este proxecto e mesmo se existe algún tipo de compromiso por parte do executivo para que a macrocelulosa poida acceder a estes fondos” afirma. En este sentido, la senadora del BNG denuncia que el proyecto «incumpre» los requisitos estabelecidos para la percepción de estos fondos.
Vilagarcía, Catoira, Pontecesures y Valga son algunas de las localidades que se suministran de la potabilizadora de Padrón
El puerto de Pontecesures fue el lugar elegido por el BNG para realizar una llamada de atención sobre el proyecto de instalación en Palas de Reis, Ulla arriba, de Altri una factoría de celulosa que los nacionalistas consideran «unha bomba medioambiental no corazón de Galicia». Una bomba que —y en eso coinciden colectivos pesqueros y marisqueros arousanos— amenazaría también a la ría de Arousa. Y, por el camino, a los concellos por los que discurre el río, especialmente a aquellos que se nutren de la estación de tratamiento de agua potable del Ulla, que se verán afectados «tanto polos efectos que a celulosa terá na calidade das augas, como polo risco de abastecemento que suporá».
Para abordar esta cuestión, ayer se dieron cita en Pontecesures los diputados Luis Bará, Rosana Pérez, Montse Prado e Iria Carreira, además de la senadora Carme da Silva, la alcaldesa de Pontecesures Maite Tocino, el regidor de Catoira Xoán Castaño y representantes del BNG en localidades como Ribeira, Pobra, Rianxo, Padrón, Valga y Dodro, «os concellos que xunto a Boiro e Vilagarcía se abastecen da mencionada potabilizadora».
Desde el Bloque recuerdan, además, que Augas de Galicia acaba de adjudicar el proyecto para la ampliación de la estación de tratamiento de aguas de Padrón ante la «crecente demanda e a escaseza de auga nos períodos de seca, cada vez máis frecuentes».
Explican desde el Bloque que «segundo os plans feitos públicos por Altri, a macrofábrica de Palas consumirá directamente do Ulla 46.000 metros cúbicos ao día, o que supón máis do 10 % do volume de auga do encoro de Portodemouros e equivale ao consumo de auga humano de toda a provincia de Lugo». La factoría devolverá al río cada día 30.000 metros cúbicos «de augas industriais que incidirán aínda máis na contaminación do río», según explicó la diputada Rosana Pérez, que ya ha registrado en el Parlamento de Galicia una batería de iniciativas contra los planes de la empresa portuguesa.
Por lo demás, el BNG preguntará hoy en el Senado al ministro de Industria «sobre a vontade do executivo de incluír ou non a macrocelulosa entre os proxectos que recibirán axudas».
El “Pacto da Devesa” permitió que el ayuntamiento se independizara en 1925.
En medio de la villa quedó una parcela de 1.200 metros cuadrados que pertenece al municipio vecino.
La explanada situada en las inmediaciones de la plaza de abastos de Pontecesures perteneciente al Concello de Valga.
Muchos piensan, en el Ayuntamiento de Pontecesures, que un buen regalo para conmemorar su primer siglo de existencia como administración local sería recuperar una parcela de terreno que, aún estando situada en el corazón de la villa, pertenece al municipio vecino de Valga.
Históricamente, las carpas de la Festa da Lamprea se instalaron en esta explanada.Juan Manuel Vidal Seage, cuando era alcalde. La explanada de la polémica.
Es lo que en la geografía política se denomina enclave, es decir, una porción menor del territorio de una circunscripción territorial que está completamente rodeada por el territorio de otra.
Un terreno de unos 1.200 m2 que, a modo de isla quedó situado en la zona portuaria, entre el río, su zona lúdica, los edificios orientados al Ulla y la plaza de abastos.
Para aquellos que no conozcan el lugar, puede decirse que es una gran explanada de tierra y baches usada como aparcamiento y convertida, con demasiada frecuencia, en un gran lodazal.
El mismo espacio en el que solían colocarse las carpas de la Festa da Lamprea, cuando en el río había pescado suficiente para celebrarla, que no es el caso este año
Mucho se ha hablado en el último siglo de la necesidad y conveniencia de recuperar este enclave, y a punto estuvo de lograrlo, durante el anterior mandato, el alcalde conservador Juan Manuel Vidal Seage. Pero las elecciones del pasado año colocaron en su puesto a la nacionalista Maite Tocino, y desde entonces aquel procedimiento parece haberse frenado, según denuncia el exregidor.
De ahí que reclame del actual ejecutivo bipartito que retome aquel expediente y busque la fórmula adecuada para recuperar ese enclave, «que además de afear todo el entorno provoca una evidente falta de seguridad», espeta Seage.
El mismo que en el anterior mandato propició el proyecto para abrir Pontecesures al río y a la ría, impulsando la transformación de la fachada fluvial con la creación de una zona de ocio que ayuda a la llegada de más peregrinos, al desarrollo del sector hostelero local y a ofrecer zonas de paseo seguras y alternativas lúdicas para niños y el conjunto de la población.
Pero esa apuesta por modernizar y embellecer Pontecesures se quedo a medias, precisamente a causa de la existencia de ese enclave de Valga al que no se le puede tocar, ya que depende del gobierno vecino. Incluso para celebrar allí cualquier evento hay que pedirle permiso.
Y eso a pesar de que Valga no puede sacarle ningún provecho ya que desde 2003 es un terreno catalogado en el PXOM como zona verde.
Así pues, con la ley en la mano, hay tres opciones posibles, como la expropiación forzosa, aunque determinar el precio a pagar no parece sencillo, establecer algún tipo de convenio con Valga o acometer la permuta de terreno. lo cual resulta aún más complicado, ya que Pontecesures no dispone de terreno público con el que negociar.
Teniendo en cuenta todo ello Seage llegó a contemplar una partida de 150.000 €, «aunque incluso puede resultar excesiva» para negociar con Valga y hacerse con el enclave. «Pero todo aquel procedimiento se está dejando morir por el actual gobierno», censura.
Ante lo cual, el líder del PP insiste. «Hay que reabrir este procedimiento, llegar a un acuerdo razonable para buscarle encaje económico y cumplir la ley, solucionando así un problema que se arrastra desde hace casi cien años».
Dicho de otro modo, que «el gobierno bipartito de Pontecesures debe coger el toro por los cuernos para evitar perder una magnífica oportunidad y recuperar un terreno insalubre».
Una parcela, dicho sea de paso, que «una vez que sea nuestra puede ayudarnos a potenciar todavía más la fachada litoral», sentencia Juan Manuel Vidal Seage.
El título de villa en 1881, y el proceso independentista de 1925 marcan su historia.
En 1881, el rey Alfonso XII, concedió el título de Villa de San Luis de Cesures a la parroquia de San Julián de Requeijo, perteneciente hasta 1883 al Ayuntamiento de Padrón, con el que sigue unida a través del puente romano que se reformó en la Edad Media y que en 1911 se convirtió en la estructura que es actualmente y soporta el tráfico de la N-550.
Fue tras la reorganización territorial que situó al río Ulla como frontera territorial entre A Coruña y Pontevedra, cuando San Luis de Cesures pasó a formar parte del Ayuntamiento de Valga, alcanzando su independencia en 1925, con José Novo Núñez como primer alcalde.
Un proceso que no resultó tan complicado como podría pensarse ahora, cuando se habla permanentemente de las ansias independentistas catalanas. Lo que se hizo a orillas del Ulla fue firmar el «Pacto da Devesa», entre los representantes de las villas valguesa y pontecesureña.
Llegaba así la segregación de Pontecesures, que dejó de depender de Valga y pasó a funcionar como municipio propio el 9 de octubre de aquel mismo año, es decir, hace casi un siglo.
Hay quien cree que el puerto fluvial de Pontecesures, en su momento pieza clave para la descarga de buques areneros y la implantación en la villa de empresas como Nestlé y Calera del Ulla, ahora punto de arribada de peregrinos, fue el germen de aquella independencia. En cierto modo impulsada por la burguesía de comerciantes e industriales que se habían ido formando en torno al río.
En ese movimiento empresarial hay que situar la existencia de un enclave de Valga dentro de Pontecesures, ya que el terreno en cuestión habría estado ocupado por una empresa perteneciente a Valga que, la desaparecer había dejado esa parcela en manos del concello vecino.
Fue el 29 de marzo de 1925 cuando la corporación municipal de Valga, reunida en sesión extraordinaria, analizó e impulsó el informe emitido por la comisión nombrada por el propio ayuntamiento para establecer las bases de la «Entidad Menor de Pontecesures» y determinar la «administración de la misma, separación de su patrimonio y deslinde de su instalación».
Así se recoge, por ejemplo en el libro «Historia de Pontecesures» publicado en 1980 por el que fuera cronista oficial y alcalde de la localidad, José Piñeiro Ares.
En el que se habla también de otro de los grandes ejes del proceso independentista pontecesureño, como fue la feria del automóvil que en 1925 permitió proyectar a esta localidad ribereña a nivel nacional.
Y eso que en aquel año, el censo de este municipio de apenas 7 km2 de extensión era solo de 1.645 habitantes. Que se estrenaron como ayuntamiento con un presupuesto municipal de 20.500 pts y un crédito bancario para adquirir la finca que iba a ocupa el actual consistorio presupuestado en 23.750 pts,
