Los secretarios de los juzgados de paz plantan cara a la reforma de Romeu

Publícase esta nova porque unha das 55 persoas afectadas é Concepción Castro Cereijo (Conchi), que durante 16 anos leva desempeñando as tarefas de secretaria do xulgado de paz de Pontecesures.

Llevan toda la vida trabajando, prácticamente, de modo altruista. Y ahora creen que está a punto de cometerse una absoluta injusticia con ellos, precisamente, con quienes con su labor y su esfuerzo consiguen que funcionen los juzgados de paz de Galicia en los pueblos que tienen menos de 7.000 habitantes.

Son en total 55 y están muy disgustados con el borrador de decreto que regulará las agrupaciones de secretarías de juzgados de paz de Galicia. Ayer se reunieron en Santiago para tomar medidas contra lo que consideran «un ninguneo» por parte de la Administración autonómica y, por lo pronto, ya han adoptado algunas decisiones.

El portavoz de la Asociación para la Defensa de la Justicia de Proximidad, Jesús-María Pérez Barreiros, presentó a los asociados una carta que será enviada, convenientemente rubricada por los perjudicados, al conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, José Luis Méndez Romeu.

El documento deja clara la «gravedad» de no permitir el acceso de estos profesionales a la función pública en iguales condiciones que otros colectivos, «sin que se nos reconozca en ninguna disposición transitoria de la norma -alegan- el ocupar los puestos de trabajo de secretarios que, hasta ahora, veníamos sirviendo en las futuras agrupaciones de secretarías, así como la conculcación de cualquier derecho laboral digno y con garantías jurídicas suficientes con que afrontar nuestro futuro».

Los secretarios de los juzgados de paz de los pueblos de menos de 7.000 habitantes van más allá, cuando acusan a la Administración de haber incumplido promesas electorales y compromisos políticos que, tanto la consellería de Romeu como el PSdeG-PSOE, habían adquirido con el colectivo de afectados «para poner fin a tan lamentable situación y regularizar nuestras condiciones de trabajo».

De ellos, que no cobran, que no cuentan con Seguridad Social por la labor que desempeñan y que ni siquiera tienen derecho a vacaciones, depende en buena parte el funcionamiento de cosas tan fundamentales como los registros civiles. Pero se sienten ninguneados porque, con la reforma legal, pasarán a ser «colaboradores», pero sus plazas serán cubiertas por lo que se denomina «cupo de tramitación procesal» y ellos pasarán a depender directamente de la corporación municipal, si la corporación quiere, claro.

Separación de poderes

Es, precisamente, la separación de poderes uno de los puntos en los que pone el acento la reclamación de los 55 secretarios, que no quieren estar al antojo de quien mande en el consistorio para el que presten sus servicios. «A Xustiza debe ser unha e non depender dos concellos, como se estivéramos no século pasado», dice el secretario de los juzgados de paz de Rois y Dodro, Xosé González Varela.

Con el panorama que se les avecina, y si nadie hace nada por remediarlo, la figura de estos fedatarios públicos judiciales cambiará completamente, algo a lo que se niegan quienes llevan vidas enteras dedicadas a los juzgados de paz (en el caso del secretario de Bóveda, cuarenta años). La carta a Romeu es solo la primera medida, pero no se descartan movilizaciones. Además, el colectivo pedirá una entrevista personal con el conselleiro. Los ánimos están muy caldeados y Jesús-María Pérez Barreiros habla por todos cuando dice que no aceptarán que se les mande a un intermediario.

LA VOZ DE GALICIA, 24/10/07