Angueira se enfrenta a otra multa y a una acusación del fiscal por no tirar una casa.

El papel que está jugando el Concello de Pontecesures en relación al derribo de una vivienda ilegal situada en el lugar de O Rial puede salirle caro al alcalde Luis Álvarez Angueira, en todos los sentidos. El juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Pontevedra le puso una multa de 1.200 euros por no ejecutar dicho derribo. El alcalde recurrió pero el juzgado acaba de desestimar su demanda y requerir al regidor para que en el plazo de diez días ingrese la multa impuesta. «De lo contrario, se ordenará el embargo de su salario en la cuantía de referencia», según consta en el auto.

A estos 1.200 euros podrían sumarse otros 1.200 euros en caso de que el Concello no ejecute la demolición de la vivienda antes del 30 de septiembre, en cuyo caso, «se deducirá testimonio de particulares a la Fiscalía a fin de depurar responsabilidades penales por un delito de desobediencia».

Preguntado ayer el alcalde respecto a qué va a hacer en relación a este asunto, Álvarez Angueira informó de que todavía no tenía conocimiento oficial del auto y evitó hacer valoraciones.

Más allá de las consecuencias económicas y legales que tenga que afrontar el regidor nacionalista, sigue teniendo pendiente una decisión. Hace más de un año que tenía que haberse definido sobre si va a conceder o no la licencia que permitiría legalizar la vivienda y, por tanto, evitar así el derribo de la misma. Pero desde el Concello dilataron el acuerdo a la espera de que dirimiera el juzgado en este asunto. Pero ya no podrán agarrarse más a este argumento. En el auto se indica taxativamente que esta es una competencia municipal y que la alcaldía tuvo tiempo de sobra para actuar.

«No solo la Administración ha ido dejando transcurrir, sucesivamente, esos plazos, en ocasiones generosos (cuatro meses para la concesión de licencia de legalización o para acudir a la ejecución subsidiaria de derribo) sino que tampoco llegó a recurrir la providencia del 14.09.2010 donde se le otorgaba un último plazo que fenecía en enero de 2011».

Entonces, los propietarios de la vivienda empezaron a presentar en el Concello de Pontecesures toda la documentación requerida con el fin de acreditar que la vivienda se puede legalizar, pero, a día de hoy, siguen esperando a que se resuelva dicho expediente. Entre tanto, la losa del derribo que pesa sobre la familia Carou-Eitor se hace cada día más pesada. La casa incumple la normativa urbanística porque la finca sobre la que se construyó no tiene los doce metros de fachada hacia terreno público que pide la norma.

Según el abogado de la familia, este problema ya se ha resuelto porque consiguieron demostrar que poseen más terreno del que inicialmente pensaban. En todo caso, todo ello se queda en papel mojado si no consiguen la licencia municipal que evitaría la demolición.

LA VOZ DE GALICIA, 11/07/12