Siete miembros de una familia de Pontecesures, al borde del desahucio.

A Victoria se le llenan los ojos de lágrimas cada vez que piensa que el próximo jueves podría tener que abandonar su casa. El juzgado de Caldas le ha ordenado dejar la vivienda unifamiliar en la que reside junto con su pareja, una hija que está estudiando, un hijo, la esposa de este y sus dos nietos pequeños. La espada que pesa sobre sus cabezas no la ha colocado ahí ningún impago a ningún banco, sino un litigio de raíces profundas que ha tenido un desenlace inesperado.

Arranca la historia de Victoria a mediados de la década de los setenta, cuando se casó y, junto con su marido, se embarcó en la construcción de una vivienda unifamiliar en el lugar de Porto. La casa fue construida sobre terreno municipal, como todas las demás del barrio, y no fue nunca registrada ni escriturada. En el año 2007 Victoria se divorció y se marchó de casa con su hija pequeña. Se estableció al otro lado de la ría y durante años sacó adelante su vida.

Pero en el 2012 su ex marido falleció. A ella las cosas no le iban demasiado bien en Boiro. A uno de sus hijos, la vida también se le torció en Madrid, donde residía con su mujer y sus dos hijos. Así que decidieron unir fuerzas para resistir el envite de la crisis, trasladarse a la casa familiar y rehacer en ella su vida. Entre los exiguos ingresos que proporciona la explotación de un bar y las pensiones que perciben Victoria y su actual pareja, habían logrado reconstruir un hogar para siete personas.

Pero entonces las cosas se torcieron. El ex marido de Victoria, en su testamento, había dejado a su nueva pareja los derechos de usufructo de la casa, y la mujer no estaba dispuesta a renunciar a ellos. Eso produjo un enfrentamiento que derivó en un juicio de faltas contra Victoria y su familia por amenazas y coacciones.

El caso fue desestimado por el juzgado de paz de Pontecesures, pero el juzgado número dos de Caldas dio la razón a la demandante, impuso una multa a la familia y decidió, también, que los siete integrantes de la misma deben abandonar la casa el próximo jueves. «No es tan fácil encontrar un sitio para siete personas», explica desesperada Victoria. Sin saber adónde recurrir, se dirigió a la plataforma Stop Desahucios de O Barbanza, a través de la que ha recibido asistencia legal. Ayer, se presentó en el juzgado de Caldas un escrito de alegaciones en el que se pide que se suspenda la orden de desalojo de forma inmediata.

El letrado que se ha hecho cargo del caso por vía de urgencia, Ignacio Delgado, confía en que se tome en consideración sus argumentos, que se centran en el hecho de que la casa no estaba escriturada y ni siquiera figuraba en el acuerdo de divorcio. Por lo tanto, es más que discutible que el ex marido de Victoria, ahora fallecido, estuviese facultado para legarla a unos o a otros. El abogado considera que, antes de nada, hay que aclarar qué ocurre con esa vivienda. «No parece lógico que de un juicio de faltas se derive una orden de desahucio que amenace a una familia de siete personas».

La Voz de Galicia