El fiscal descarta imputar al alcalde de Pontecesures por el exceso de gasto de gasoil.
La acusación sí solicita que Angueira y Gerpe sean procesados por malversación de fondos.
El alcalde de Pontecesures, Manuel Luis Álvarez Angueira (BNG) acudió ayer al juzgado número 1 de Caldas de Reis para asistir a una comparecencia previa a la constitución del Tribunal del Jurado que deberá juzgar el caso por el gasto excesivo de gasoil que presuntamente se cometió en el Ayuntamiento mediada la década pasada. La vista sirvió para que las partes concretasen su imputación.
En este sentido, el fiscal rehusó imputar al regidor y al otro denunciado, el trabajador municipal, Xurxo Gerpe, mientras que el abogado de la acusación, José Roibás, propuso imputar a ambos por malversación de caudales públicos. Los abogados de los denunciados, por su parte, solicitan el sobreseimiento de las actuaciones y, en caso de que esta petición no sea tenida en cuenta, que se declare la prescripción del presunto delito debido al tiempo transcurrido.
El caso se remonta a mediados de la década pasada, cuando Luis Ángel Sabariz Rolán y Alfonso Diz (entonces concejales de la corporación, puesto en el que continúa en la actualidad el primero de ellos) denunciaron que se estaba realizando un gasto excesivo de combustible en los vehículos municipales. Según la acusación, hubo un gasto injustificado de más de 6.000 euros por diversos repostajes realizados por el vehículo de Obras.
El asunto se tramitó en los juzgados de Caldas (partido judicial al que pertenece Pontecesures) y el juez consideró en su día que no había motivos suficientes para elevar el asunto a juicio, ordenando su sobreseimiento. Pero Sabariz y Alfonso Diz recurrieron ante la Audiencia Provincial, y los magistrados de esta sala ordenaron al juzgado de Primera Instancia reabrir la causa, al entender que sí existen indicios de delito que es necesario investigar. Así las cosas, el juzgado retoma el asunto, que si prospera si juzgará mediante el Tribunal del Jurado, ya que ésta es la fórmula que se contempla para los casos de supuesta malversación de caudales públicos.
Los denunciados alegan que no existió delito.
El fiscal declinó solicitar la imputación de Angueira y Gerpe y se basó en una serie de escritos que ya se analizaron en anteriores fases del proceso. Los abogados del alcalde y el trabajador municipal, por su parte, plantean el sobreseimiento alegando que no existió delito. Finalmente, la acusación particular incide en las investigaciones periciales que, según ellos, sí arrojan la comisión de irregularidades. Alegan que Angueira aprobó las facturas y que Gerpe las firmaba.
Faro de Vigo
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