Abet solo tiene una finca en Ames para cubrir la responsabilidad civil del triple asesinato de Valga.

Abet, abandonando la Audiencia de Pontevedra esta semana tras finalizar una vista.

Las cantidades que las acusaciones solicitan en concepto de indemnización para los familiares de las tres mujeres tiroteadas superan el millón de euros

Es difícil imaginar algo que pueda reparar el daño causado a los dos niños que contemplaron las muertes. O aliviar siquiera un ápice la pérdida que comparten con su abuelo, privado de su esposa y de sus dos hijas por los disparos que José Luis Abet descerrajó sobre las tres mujeres aquella mañana del 16 de septiembre del 2019 en Carracido, la aldea de Valga en la que vivían. Pero el mundo de a pie, el que despierta con el sol cada mañana, debe buscar alguna equivalencia con la que calibrar las realidades que se le presentan, por inconcebibles que resulten. En el caso del triple crimen que esta semana le ha valido a su autor un veredicto de culpabilidad por asesinato, esa medida es la responsabilidad civil, y su unidad es el dinero. De acuerdo con la petición de las tres acusaciones —pública, particular y popular— personadas en este proceso, más de un millón de euros que, sin embargo, difícilmente podrán percibir los familiares de las víctimas.

La razón es tan cruda como sencilla. A la espera de que la Audiencia Provincial de Pontevedra dicte su sentencia, basada en el veredicto de culpabilidad que el jurado leyó el martes, los abogados de las partes consultadas coinciden al señalar que José Luis Abet, el hombre que acabó con la vida de su exmujer, su excuñada y la madre de ambas, carece de capacidad para hacer frente a la indemnización a la que se enfrenta. El único patrimonio que se le conoce es una finca ubicada en el municipio coruñés de Ames. Así que, a menos que aflore alguna sorpresa mayúscula, lo más probable es que acabe acogiéndose a la figura de la insolvencia.

Las conclusiones

En el momento de presentar sus conclusiones, la Fiscalía se sumó a las que defendía la fundación Amigos de Galicia, que ejerce la acusación popular. En su opinión, a cada uno de los dos niños, que en el 2019 tenían cuatro y siete años, debe corresponderle medio millón de euros como víctima de un delito de lesiones psíquicas. A su abuelo, una indemnización de trescientos mil euros, y al novio de su tía, otros ochenta mil euros. Sumados, 1.380.000 euros que la acusación particular sitúa incluso por encima. Nada que una finca en Ames pueda cubrir, a poco que las cifras del fallo que emita la Audiencia se aproximen a estas cantidades.

Que Abet no disponía de un gran nivel de vida es algo que se da por hecho desde que él mismo confesó que, a raíz de su separación de Sandra Boquete, su exesposa y primera víctima, había dormido varios meses en su coche, bajo un puente. Pese a ello, está claro que sí pudo echar mano de los recursos necesarios para adquirir de forma ilegal un revólver del calibre 32 y dos cajas de munición, probablemente en Portugal. Según las conclusiones a las que llegó la Guardia Civil, el arma con la que asesinó a su exmujer, a su excuñada y a su antigua suegra cuesta alrededor de setecientos euros en el mercado regular. Un precio que fácilmente puede triplicarse en el mercado negro para un hombre que, además, carecía de licencia.

El arma y las balas no constituyen el único dispendio que Abet pudo permitirse a la hora de perjudicar a la madre de sus dos hijos y a su entorno directo. Meses antes de los asesinatos, su autor contrató a Kandioura Cisee, un ciudadano senegalés que ofertaba desde Pontevedra sus servicios como brujo africano. Al principio, Abet se limitó a invocar el mal de ojo, pero acabó encargando un maleficio que causase la muerte a los miembros de su familia política. Ante la envergadura del asunto, el mago le pidió dinero con el que comprar un camello que debía ser sacrificado. Su cliente pagó. Aunque el sumario no lo concreta, aquello pudo costarle diez mil euros.

La Voz de Galicia