Pontecesures procederá a la venta forzosa de propiedades desatendidas por sus dueños.

La ordenanza recoge diferentes casuísticas, pero siempre tiene que haberse agotado todas las medidas de ejecución forzosa.

El Concello de Pontecesures quiere zanjar un problema que afecta a muchos Concellos gallegos: propiedades en imparable degradación que acaban convertidas en focos de ruinas insalubres e incluso peligrosas a pesar de múltiples requerimientos.

Para ello copia el modelo de grandes ciudades creando una ordenanza que acaba de entrar en exposición pública para posibles alegaciones tras su aprobación inicial en pleno. Entre otras cuestiones, la normativa recoge la venta forzosa del inmueble cuando todos los mecanismos legales a su disposición resulten ineficaces para conseguir que los dueños cumplan con sus obligaciones de uso, conservación y rehabilitación de sus solares y construcciones.

La nueva normativa recoge diferentes casuísticas de incumplimiento, desde órdenes de ornato y limpieza hasta deberes de edificación según los plazos recogidos en el planeamiento hasta edificios declarados en ruina, abandonados o construcciones suspendidas sin causa justificada. Y siempre y cuando se haya constatado que las medidas de ejecución forzosa impulsadas por la administración local para hacer cumplir la ley hayan resultado ineficaces.

En ese momento, el solar o la edificación se incluirán en un registro municipal de oficio o a petición de la parte interesada. Esto habilitará al Concello a tramitar la venta forzosa mediante subasta pública y tras una tasación oficial de su valor.

El dinero obtenido se entregará al dueño y, en caso de no aparecer, lo cual sucede con frecuencia, se consignaría en un juzgado o en la Caixa Xeral de Depósitos de la Xunta hasta que lo reclame su legítimo destinatario. Eso sí, se devengará la cantidad que haya tenido que emplear el Concello, de ser el caso.

«Se garantizan los derechos del propietario y también del Concello, que muchas veces tiene que actuar de urgencia ante el peligro de desprendimiento de un canalón, una fachada, ventanas… Y de este modo recupera el dinero público gastado en atender una obligación que le corresponde a un particular», explica la alcaldesa, Maite Tocino.

15 viviendas ruinosas en el centro

Y es que señala la dificultad de que la ejecución subsidaria lo garantice, es decir, obrar y pasarle luego la factura, pues muchas veces ya les cuesta identificar al propietario: «La ley del procedimiento administrativo contempla plazos, audiencias, multas… Y la ordenanza es para cuando todo esto no funciona como pasa en la mayoría, que los dueños son desconocidos, personas fallecidas hace mucho tiempo… Aunque también hay negativas de identificados a hacerse cargo de los gastos, lo cual, en la práctica, acaba haciendo imposible recuperar la inversión municipal».

La regidora destaca que el espíritu de la normativa es que sea una herramienta orientada a la rehabilitación. «Tenemos una demanda altísima de vivienda y no hay promociones de nueva construcción mientras que en el centro urbano, desde Portarraxoi hasta Víctor García, tenemos una media de 15 viviendas en estado ruinoso. Nadie se hace cargo de ellas y cuando interesados en comprar preguntan, la situación del inmueble les echa para atrás o no localizan a los dueños». No obstante, también tienen casos en el rural y creen que esto puede ser una manera de atraer nuevos vecinos a Pontecesures.

Faro de Vigo