La acusación popular se suma a la petición de prisión permanente revisable para el autor del crimen de Valga.

El autor del triple crimen, José Luis Abet, en su llegada a los juzgados de Caldas en septiembre del 2019

El autor del triple crimen, José Luis Abet, en su llegada a los juzgados de Caldas en septiembre del 2019.

Amigos de Galicia solicita una indemnización de 500.000 euros para cada uno de los dos niños que asistieron al triple asesinato

El 16 de septiembre del 2019, a primera hora de la mañana, José Luis Abet perpetró lo que llevaba tiempo anunciando a quien quisiese escucharlo. Armado con una pistola, se emboscó a las puertas de su antigua vivienda, en Valga, para abalanzarse sobre su exmujer, Sandra Boquete, su hermana Alba y la madre de ambas, María Elena Jamardo, a las que disparó a sangre fría, acabando con sus vidas. Lo hizo en presencia de sus hijos pequeños, que asistieron a la escalofriante secuencia. Ahora, la fundación Amigos de Galicia, personada como acusación popular en el procedimiento judicial que se sigue contra Abet, confirma que, como había anticipado hace semanas, pedirá que se le aplique al acusado el régimen de prisión permanente revisable por una de las muertes. Algo que también hará la Fiscalía.Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del díaREGISTRARME

 La Fiscalía pedirá para el asesino confeso del triple crimen de Valga la prisión permanente revisable

La petición va bastante más allá, puesto que plantea 23 años de cárcel por cada una de las otras dos muertes, además de 24 años por los irreparables daños causados a los dos menores, y dos años y seis meses por tenencia ilícita de armas.

Francisco José Lago, letrado de la oenegé, considera que Abet «procedió de modo inopinado e indiscriminado, sin que las víctimas pudiesen defenderse, con el manifiesto ánimo de acabar con sus vidas». Entiende, por ello, que lo ocurrido es constitutivo de tres delitos de asesinato, además de los cargos vinculados a los perjuicios psíquicos para los menores, para su abuelo, que se encarga de cuidarlos con el apoyo de la propia fundación y el Concello de Valga, y para las parejas de sus otras dos víctimas. En su opinión concurre, además, el agravante de haberlos cometido por razones de género.

 La pistola usada en el triple crimen de Valga tenía ADN del presunto asesino

Como indemnización, Amigos de Galicia plantea medio millón de euros para cada uno de los niños, trescientos mil para el abuelo y ochenta mil para el novio de una de las fallecidas.

La Voz de Galicia

Detenido en Pontecesures un vecino de Valga por tráfico de drogas.

El valgués fue detenido en Pontecesures

Agentes de la Guardia Civil detuvieron en Pontecesures a un vecino de Valga de 21 años de edad como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Al joven se le incautaron 98 gramos de hachís y útiles para su distribución y venta.

El joven fue detenido al ser detectado por los agentes cuando -según la propia Guardia Civil- caminaba con “una actitud sospechosa al detectar la presencia del vehículo oficial. El valgués ya contaba con antecedentes policiales por infracciones administrativas relacionadas con la tenencia de estupefacientes en la vía pública. El detenido fue trasladado a las dependencias del puesto de la Guardia Civil de Valga en donde se le instruyeron las correspondientes diligencias como presunto autor de un delito contra la salud pública. Posteriormente quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.

Diario de Arousa

Acusan a un empresario de tapar las deudas de su empresa creando otra superpuesta en Pontecesures.

El fiscal pide cuatro años y medio de prisión para una pareja de empresarios que debe más de medio millón de euros a la Seguridad Social. Los investigados tendrán que responder por la supuesta creación de dos empresas que defraudaron las cuotas de la plantilla.

Según se recoge en el escrito de acusación, en 2011 se constituyó una sociedad mercantil para el mantenimiento de fachadas, la decoración interior y exterior de edificios y viviendas y la realización de trabajos de pintura y aislamiento de edificios.

A partir del año 2014 esta sociedad, cuyo administrador único era uno de los investigados, dejó de abonar las cuotas y cotizaciones a la Seguridad Social de sus trabajadores. En un primer momento, solicitaron un aplazamiento, que incumplieron ya en el mes de noviembre

Posteriormente, como la deuda siguió creciendo y no podía acceder a contratos con la administración, siempre según recoge el escrito del fiscal, el investigado creó otra mercantil, en la que figura la otra persona que se sentará en el banquillo.

Sin acceso a subvenciones

Esta sociedad continuó desempeñando la misma actividad que la anterior, con el mismo centro de trabajo e idénticos proveedores y número de teléfono, además de los mismos trabajadores. En abril de 2018, esta última sociedad presentó la solicitud de concurso de acreedores. Como consecuencia, ambas empresas tienen una deuda con la Seguridad Social de 504.233 euros, a la que se suma la de los propios investigados, que ronda los 25.000 euros. Además de los años de prisión, el fiscal pide que durante siete años y medio no puedan acceder a subvenciones y, para las empresas, una multa de 550.000 euros.

Diario de Arousa

Anxo Moreiras fue el primer infectado del área sanitaria de Santiago.

Cuatro de marzo de 2020. Un hombre de 49 años que había viajado desde Madrid hasta A Coruña para realizar una entrevista de trabajo en el Grupo Inditex, se convertía en el primer caso de coronavirus de la comunidad autónoma. Horas después, saltaba una nueva alarma: el primer gallego infectado, Daniel Aldea, de 44 años, ingresado en el Álvaro Cunqueiro. El miedo se instalaba en la población.

En aquel momento en el conjunto de España había unos 200 casos identificados, y cada vez el desastre de Wuhan parecía más cerca de nuestras vidas cotidianas. Aún era difícil conocer a algún infectado, pero los ojos de la población estabar alerta ante cualquier tosido de persona ajena.

AMPLIA MEJORA EN MEDIOS DE DETECCIÓN. Los medios de detección por aquel entonces eran pobres y tardíos. Y es que para identificar un positivo eran necesario realizarle una prueba de detección que tardaba tres horas en arrojar el resultado en el hospital de ingreso. Y, posteriormente, aún debía ser enviada al Centro de Microbiología de Madrid para su confirmación definitiva. Poco era lo que se sabía de la forma de actuar del virus pues, en caso contrario, no se habrían demorado tanto en dar por hecho un positivo, ya que cada hora de contacto exponía más a las personas al contagio.

En el caso de Daniel Aldea, por ejemplo, la primera PCR que le hicieron llegó cuatro días después de que acudiese a urgencias en Moaña en repetidas ocasiones y al Álvaro Cunqueiro, donde lo ingresaron diagnosticado de una neumonía que se había complicado. Tal y como reconocieron en su momento los propios médicos que le atendieron, nadie pensaba que era covid.

Sus síntomas habían comenzado también tras un viaje a Madrid para visitar a su hermano, aunque en el seno de la familia de su pariente nadie desarrolló la enfermedad. No corrió la misma suerte la suya, donde días más tarde se confirmaron los positivos de su pareja, y del hijo y la sobrina de esta.

ESTIGMATIZACIÓN. Ante tales circunstancias, y teniendo en cuenta que los primeros casos surgidos estaban vinculados a personas que llegaban de Madrid, el epicentro de la pandemia en Galicia, la población empezó a generar rechazo hacia los desplazados desde esa comunidad. Famosos se hicieron los carteles que muchos vecinos ponían en las puertas de los pisos de retornados que querían estar en Galicia por no saber si Madrid se cerraría por completo en días posteriores.

Uno de los que sufrió ese escenario de críticas, incluso de insultos en las calles de su pueblo natal, fue Anxo Moreiras, un joven de poco más de veinte años que viajó el 8 de marzo (cuatro días después del primer positivo) a Pontecesures en transporte público para pasar la cuarentena junto a su familia, la que le podía cuidar. Había sido positivo y en Madrid vivía junto a un compañero de piso, por lo que si algo más grave le sucedía, no tendría familia a la que acudir. Este fue el primer infectado detectado en el área sanitaria de Santiago.

Pero la expansión fue imparable. Una semana después, el 12 de marzo, ya eran 65 los contagios en activo, y el 15 de marzo se dió en Galicia la primera muerte de un paciente covid: un hombre de 81 años ingresados en el Hospital Lucus Augusti de Lugo.

PRIMER FALLECIDO EN ESPAÑA. En España, el primer fallecido llegó precisamente el 4 de marzo, cuando Galicia detectaba ese primer positivo. El hombre que perdió la vida había viajado a Nepal y fallecido a las pocas horas de entrar por urgencias. Tenía 69 años y se infectó pese a que en Nepal en el momento de su viaje solo había un caso comunicado (pero recordar que este país hace frontera con China). El deceso se había producido, con todo, a mediados de febrero, pero la Comunidad Valenciana, comunidad donde perdió la vida este hombre, no había logrado confirmar que la causa de la muerte había sido el covid hasta el 4 de marzo.

Ese mismo día llegaría horas más tarde la segunda muerte: un hombre de 82 años en Bilbao. En las ucis permanecían ingresadas otras siete personas con pronóstico grave y las alertas habían saltado porque el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, había informado de que entre los 200 contagios había tres casos en menores: dos en Castilla-La Mancha y una niña de tan solo cuatro años en Madrid contagiada después de que su padre viajara a Bérgamo (Italia). Poco se podía predecir en aquel momento de lo que después se comprobaría: que los niños presentaban mucha más resistencia a infectarse.

EL 8-M NO SE VEÍA COMO UN PELIGRO. Así las cosas, y pese a que solo quedaban tres comunidades libres de covid (Murcia, Ceuta y Melilla), Simón recalcaba que no era necesario el cierre de los colegios –apenas una semana después, el 13 de marzo, el declarado estado de alarma haría que sí se clausurasen– y que el 8-M no era una zona de riesgo, por lo que no había que hacer ninguna recomendación especial. Después se vería que habría sido un estrepitoso foco de expansión.

En la actualidad, dos años después de aquel día en el se generaba la primera alerta en Galicia y seis olas después (la última la de más infectados, pero sin trasladarse a los hospitales), el coronavirus no asusta a la mayoría de la población. Más de medio millón de gallegos se han infectados (el 18,5 % de la población) y, parece que ahora sí, se ha logrado volver a la vida normal, conviviendo con esta plaga que nos ha tenido dos años sin vivir.

El Correo Gallego