El Concello no puede asumir el coste de demolición, más de 400.000 euros
El Ayuntamiento de Padrón está en conversaciones con la Agencia de Protección da Legalidade Urbanística de la Xunta para que esta asuma la demolición del edificio de 74 viviendas construido en el lugar de A Pedreira, en el barrio de A Trabanca, que lleva más de una década con el esqueleto al aire. De acuerdo con el alcalde padronés, Antonio Fernández Angueira, la empresa promotora del inmueble propuso al Concello firmar un convenio para legalizar las obras, sobre las que pesan varias órdenes de demolición, tanto de autoridades políticas como judiciales.
No obstante, el gobierno padronés desestima cualquier vía para legalizar el edificio, que se construyó sin ningún tipo de permiso, ni de Urbanismo ni de Patrimonio, y ante la pasividad del ejecutivo municipal que entonces presidía Jesús Villamor.
Para el Concello, las obras son «ilegalizables» y de ahí que iniciara las conversaciones con la Xunta para proceder a su derribo, teniendo en cuenta el alto coste que ello conlleva y que el propio alcalde cifra en más de 400.000 euros, aproximadamente. Antonio Fernández tratará de que la demolición del edificio se pueda realizar en esta legislatura aunque es consciente de que, debido al elevado coste, es algo que ya no depende solo del Concello de Padrón.
El regidor informó de estas gestiones ante la Xunta al pleno de la corporación a raíz de una pregunta formulada por el edil independiente referida a la maleza que rodea el inmueble y a la necesidad de instar al promotor para que la limpie.
Pesan varias órdenes de derribo
El edificio de 74 viviendas de A Pedreira comenzó a construirse en el año 2001 sin los permisos necesarios, entre ellos los de la Dirección Xeral de Urbanismo y la de Patrimonio Cultural. Ambos organismos de la Xunta declararon las obras ilegales y dictaron varias resoluciones en las que ordenaban su demolición, que aún está pendiente.
La promotora de la obra recurrió hasta donde pudo las resoluciones de demolición. La primera de ellas la dictó Patrimonio en septiembre de 2003, seguida de la de Urbanismo, que en enero de 2005 declaró que las obras eran «ilegalizables» y ordenó su derrumbe. Esta resolución fue recurrida vía administrativa y judicial pero el promotor lo único que consiguió fue rebajar la sanción de casi 95.000 euros a 63.000. La multa de Patrimonio fue de 60.000 euros. El actual gobierno de Padrón no quiere cargar con este cadáver urbanístico del pasado y de ahí que busque su demolición.
LA VOZ DE GALICIA, 29/04/12
