faro de vigo

Los concellos de la AP-9 reclamarán más de 4 millones de euros a Hacienda.

Pedirán una auditoría para actualizar las tasas.

Los alcaldes de 12 de los concellos de la provincia afectados por el paso de la AP-9 se reunieron ayer en Pontevedra con el presidente de la Diputación, Rafael Louzán. El acuerdo que tomaron fue el de remitir una reclamación común al Ministerio de Hacienda para que sean compensados por el paso del vial de alta capacidad por sus municipios.
En concreto serían las retribuciones correspondientes al IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), que en el apartado de bienes especiales incluye a elementos como la autopista de peaje, y que ahora pretenden cobrar a través del ORAL (Organismo Autónomo de Gestión de Recursos Locales).
Las cifras iniciales que están sobre la mesa superan los 4 millones de euros, siendo los más beneficiados Caldas y Vilaboa. Las cantidades a reclamar corresponden al período 2007-2009, y el argumento jurídico que se esgrimirá sería precisamente, que las autopistas de peaje tienen la consideración de BICES (Bienes Inmuebles de Características Especiales).
Los primeros ediles de Caldas, Valga, Poio, Meis, Barro, Pontecesures, Vilaboa, Tui, Moaña, Portas y Mos estuvieron de acuerdo en tomar esta decisión, según afirmó Rafael Louzán. El presidente de la Diputación, además, instó a los alcaldes a actualizar las tasas y a realizar una auditoría para valorar el impacto real.
“Faremos unha auditoría para ver si eses BICES están ben valorados ou non. O catastro depende do mesmo Ministerio, e veremos si o valor é correcto ou si é maior, que é posible que nalgún caso así sea”, declaró Louzán, que también adelantó que se puede iniciarse una reclamación similar por el gaseoducto, si finalmente es considerado como BICE.
El alcalde de Barro, José Landín, señaló que “non é unha imposición sobre persoas físicas directas, senon de bens do propio Estado e noutro caso de multinacionais e de grandes empresas. Ata agora están pasando polos concellos afectando ós seus moradores e a financiación para os concellos é cero euros. Pensamos que non é xusto”.
El regidor de Poio, Luciano Sobral, explicó que “para nós será positivo. Aféctanos pouco, pero todo o que sexa unha revisión para o aumento dos ingresos é positivo”.
El alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey, dirige uno de los concellos que sería más beneficiado. “A autopista afecta moito en Caldas. Non era de recibo a situación actual, e polo tanto respaldámola. O meu concello está afectado polo gasoducto, polos molinillos, pola autopista e incluso pola respiración asistida”, ironizó.
Louzán, por último, dejó entrever que el proceso de cobro se podría agilizar. “Si as sentencias fosen favorables, o Supremo podería obligar ó Ministerio de Economía a compensar a todos automáticamente”.
Cabe indicar que hace un par de semanas la corporación municipal de Pontecesures se reunió en pleno y, a propuesta del gobierno tripartito que preside la independiente María Isabel Castro Barreiro, acordó modificar el tipo impositivo aplicado a la AP-9 en el IBI, el cual pasó del 0,6% en el que estaba al máximo permitido por ley, que es del 1,3%.

FARO DE VIGO, 06/06/09

Por Luis Angel Sabariz Rolán, fai

Pontecesures traslada al Arzobispado la retirada de los símbolos franquistas.

Luis Sabariz, el cura, Rafael Randulfe, Cecilia Tarela (de espaldas) y la alcaldesa, en la reunión mantenida ayer.

La corporación de Pontecesures ha dado una lección de celeridad, independientemente de que al final no se consiga el objetivo buscado. El día 25 de mayo el pleno acordó instar a la Iglesia a retirar los símbolos de la Dictadura que se encuentran en la fachada del templo parroquial, y ayer, sólo ocho días después, los munícipes ya se reunían con el párroco para transmitirle sus planes.
En esa reunión se habló de “las dudas y lagunas que plantea la Ley de Memoria Histórica” y se acordó que la propuesta de retirada de los símbolos de la Dictadura sea trasladada por escrito al Arzobispado, que es quien debe decidir si es posible quitar las referencias al franquismo, si lo autoriza y, sobre todo, si lo financia.
Cabe recordar que en el pleno la propuesta formulada por el BNG fue enmendada, precisamente para pedir que si se afronta la retirada de esos emblemas dicha operación sea costeada por la Iglesia, y eso es lo que se busca ahora, aunque a priori parece que este deseo no tiene demasiadas posibilidades.
“En cualquier caso hay que determinar previamente si esta operación es factible o no, ya que los símbolos de la iglesia de Pontecesures no están en relieve, sino que forman hendiduras en las paredes del templo, y primero hay que determinar si la estructura puede verse amenazada o no”, indica Luis Sabariz, concejal de Relaciones Institucionales que ayer participó en la reunión con el cura párroco en representación del grupo municipal no adscrito.
Esto quiere decir que ahora al Concello sólo le queda “esperar las respuestas, para que nos digan si técnicamente es posible retirar esos símbolos, si lo va a asumir la Iglesia e incluso si Patrimonio va a autorizar esta operación”, apostilla el propio Luis Sabariz.
Junto a él y el cura Arturo Lores Santamaría estuvieron presentes en la reunión de ayer la alcaldesa, la independiente María Isabel Castro Barreiro; el portavoz del PP, Rafael Randulfe; y la concejala nacionalista Cecilia Tarela.

FARO DE VIGO, 03/06/09

Por Luis Angel Sabariz Rolán, fai

Trescientas personas protestan contra el cierre de la fábrica “Novo y Sierra”.

Los trabajadores de la derámica valguesa se encontraron ayer con la solidaridad de sus convecinos y autoridades de Valga y Pontecesures. Ni el sol de justicia que ayer caía a plomo les amilanó a los cerca de 300 asistentes a la marcha de casi una hora y media que se comenzó en horario de toros.
Con puntualidad inglesa salió la manifestación desde Pontecesures en dirección a la cerámica que ha echado el cierre después de 70 años de actividad y de dar trabajo a casi cuarenta familias de ambos municipios.
El problema es que además llueve sobre mojado y los empleados de “Novo y Sierra”, pasan a engrosar las listas del INEM en el mismo sector que hace pocos meses se inscribieron sus colegas de “Cedonosa”.
Al término de la protesta, sin embargo, había cierta satisfacción por parte de la plantilla, ya que contaron con el apoyo directo de Maribel Castro, alcaldesa de Pontecesures, y Jose Mª Bello Maneiro, de Valga, además de miembros de ambas corporaciones. A la cita también acudieron responsables de CC.OO y de la CIG así como otros ediles de municipios próximos.
La pancarta que abrió la marcha ilustró el sentir de todos los presentes. La convocatoria se convirtió en un clamor por el empleo en época de crisis.
Los asistentes anunciaron que continuarán con la lucha con el fin de tratar de recuperar sus puestos de trabajo.
Aseguran que no están dispuestos a soportar que la empresa pueda venderse a otros inversores y que estos decidan contratar a personal distinto al que hasta ahora vino realizando las difíciles labores que le corresponden.
La alcaldesa de Pontecesures hizo hincapié en el desarrollo pacífico de esta manifestación “ya que no hubo ningún incidente” a pesar de que duró casi hora y media.
Al concluir la marcha, frente a la histórica fábrica valguesa, los organizadores leyeron sendos comunicados en los que hicieron un relato de la situación en la que se encuentra la empresa, cuya quiebra se promovió hace pocas semanas.
Precisamente hace unos días los trabajadores participaron en otra concentración de protesta en Pontevedra, en defensa de sus puestos de trabajo. Asimismo rechazan, por escasas, las indemnizaciones que los empresarios pretenden concederles por la pérdida de sus trabajos.

FARO DE VIGO, 31/05/09

Por Luis Angel Sabariz Rolán, fai

La Diputación exige 4,2 millones al Gobierno para 12 municipios afectados por la AP-9, entre ellos Cesures y Valga.

La reclamación se apoya en sentencias dictadas en Madrid y con las que se obliga al Ministerio de Hacienda a pagar impuestos de los que se eximió a las concesionarias de autopistas en 1972

La Diputación exigirá al Gobierno que embolse un total de 4,2 millones de euros a doce municipios que soportan el paso de la AP-9. El organismo provincial reclama los ingresos que les corresponderían a doce municipios por los que transcurre la infraestructura y de cuyo pago se eximió a la concesionaria atendiendo a un real decreto en 1972. Pero ahora, con sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que obligan a abonar ese canon y en un momento de crisis en la que los concellos precisan de liquidez, desde el Pazo Provincial se inicia un proceso para conseguir que en Pontevedra se perciban las cantidades que consideran justas. De ser así, sólo se beneficiarían aquellos ayuntamientos cuyo sistema de recaudación se rige por el ORAL, entre los que no están Pontevedra ni Vigo.
La propuesta la explicó el presidente de la Diputación, Rafael Louzán, y su vicepresidente y responsable del ORAL, Xosé Crespo. Ambos se mostraron “convencidos” de lograr su objetivo, si bien reconocieron que podría retrasarse “todo o que tarde a Xustiza, que neste país e bastante lenta”. De todos modos, con el argumento de “buscar fondos para asegurar a solvencia financeira dos concellos e poidan cooperar no emprego e no desenvolvemento económico”, se da el visto bueno a esta idea que implica, entre otros trámites, una reclamación formal al Ministerio de Hacienda y un probable contencioso-administrativo contra ese departamento, ante lo que se sospecha como negativa a proceder a este pago.
Desde la Diputación aseguran que los impuestos recibidos por los ayuntamientos incluidos en esta reclamación desde 2007 y hasta la actualidad fueron 222.308 euros. Según las tesis que sostienen desde el gobierno provincial a ello se tendrían que sumar 4.232.252, lo que supondría para algunos de los municipios percibir cantidades similares a una tercera parte de su presupuesto anual.
Desde la Diputación realizan el cálculo a partir de 2007 porque fue entonces cuando estas infraestructuras viarias pasaron a ser valorados como Bienes Inmuebles de Características Especiales, lo que también refrendaría la reclamación que desde la Diputación realizan para aumentar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) ingresado. Louzán y Crespo explicaron que el problema parte de 1972. Hacienda exoneró a las concesionarias, entre ellas la que posteriormente se conocería como Audasa, del pago del 95 por ciento del Impuesto de Bienes Inmuebles, que es una competencia municipal. “Esta situación perxudica gravemente aos intereses económicos dos municipios afectados polo paso da autoestrada na provincia”, subrayó Louzán.
Recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó una sentencia que señalaba que Hacienda no actuó correctamente y admitió el derecho de los administraciones locales a reclamar, estableciendo la obligación del Estado de compensar el 95 por ciento de lo no percibido. Esa es la base que sustenta la solicitud de la Diputación de Pontevedra al Ministerio de Hacienda, para que se compense a los ayuntamientos por los beneficios fiscales que tiene Audasa.
En este caso concreto son 12 los ayuntamientos que reclaman: Portas, Poio, Pontecesures, Tui, Valga, Vilaboa, Meis, Mos, O Porriño, Moaña, Barro y Caldas. Vigo y Pontevedra tendrían que plantear contenciosos independientes, ya que no están adscritos al ORAL para el cobro de sus tasas e impuestos. Crespo, dando por seguro el éxito en ese posible contencioso, mostró su complacencia por la iniciativa. “En tempos de crise hai que agudizar o inxeño, porque aos concellos quítannos o pan e o sal”, defendió.

FARO DE VIGO, 30/05/09

Por Luis Angel Sabariz Rolán, fai

El Bloque de Pontecesures llama a la movilización ciudadana en defensa de la continuidad de Novo y Sierra.

Mañana se celebra una protesta en los Concellos de Valga y Pontecesures

El Bloque Nacionalista Galego de Pontecesures llama a la movilización ciudadana en defensa de la continuidad de la empresa Novo y Sierra, asentada en el municipio vecino de Valga.
Como hace días hizo el BNG de Valga, los frentistas de Pontecesures brindan todo su apoyo a la plantilla de la citada industria, en este caso animando a los pontecesureños para que participen activamente en la manifestación prevista para mañana.
Acciones futuras
El apoyo que ofrecen en el BNG de Pontecesures, liderado por Manuel Luis Álvarez Angueira, se hace extensivo “a todas las manifestaciones o medidas de presión que se adopten en el futuro, ofreciéndonos a colaborar con los trabajadores en todo aquello que precisen y esté en nuestras manos”.
Los nacionalistas actúan así porque entre la plantilla de 36 empleados que tiene Novo y Sierra hay algunos vecinos de Pontecesures, “al lado de los cuales queremos estar para darles nuestro ánimo y nuestro apoyo, esperando que consigan sus objetivos en esta lucha”, esgrimen los frentistas.
Cabe recordar que los propietarios de esta empresa productora de materiales para la construcción asentada en Campaña (Valga) han iniciado los trámites para lograr el cierre definitivo de la industria. Para ello presentaron un expediente de regulación de empleo que hicieron acompañar de una propuesta de despido para la totalidad de la plantilla.
Es así a pesar de que tanto la plantilla como los sindicatos defienden por activa y por pasiva la viabilidad de este negocio, al tiempo que reclaman que siga desarrollando su labor, iniciada hace ya más de un siglo.
En caso de que el cierre sea inevitable, los sindicatos y los trabajadores, algunos de los cuales acumulan más de veinte años de antigüedad en la empresa, quieren que se les abonen unas indemnizaciones dignas, pero rechazan “la limosna” que al parecer les ofrecen los dueños.

FARO DE VIGO, 29/05/09

Por Luis Angel Sabariz Rolán, fai

La Federación de Cofradías pretende frenar el viaducto del TAV sobre el Ulla.

Preparan reuniones con la Xunta y el ministro de Fomento
Aunque pueda parecer tarde, por aquello de que se expusieron ya los proyectos e incluso se iniciaron las excavaciones y desmontes, la Federación Gallega de Cofradías no se da por vencida y vuelve a la carga para intentar frenar la construcción del viaducto previsto para el Tren de Alta Velocidad (TAV) entre Catoira y Rianxo.
Benito González, el flamante presidente de la gallega, advierte de que ese puente, con el que está previsto unir la parroquia catoirense Abalo con la rianxeira de Isorna, “es un peligro y una gran amenaza para los bancos marisqueros del propio río Ulla y de la ría de Arousa”.
Por este motivo, González ya contactó con José Manuel Cores Tourís, el delegado provincial de la Xunta en Pontevedra, para que ejerza de mediador y gestione reuniones con la Consellería de Medio Ambiente e Infraestructuras de cara a revisar el proyecto y buscar un cambio de trazado o, cuando menos, un viaducto sin apoyos ni sujeciones de ningún tipo.
El presidente de la Gallega incluso anuncia su intención de intentar reunirse con el ministro de Fomento, José Blanco, para exponerle “la preocupación del sector por esta amenaza real que entraña el viaducto previsto”, ya que tanto su construcción como su sola presencia sobre el cauce fluvial “pueden cambiar las corrientes, generar fangos y causar todo tipo de trastornos que nos maten el marisco y acaben con la producción durante muchos años”.
González incluso hace sus propios cálculos y estima que aproximadamente el 80% de los mariscadores de la ría de Arousa pueden verse afectados por este viaducto, pues hay que tener presente que en este río se sitúan los afamados Lombos do do Ulla, considerados el banco de libre marisqueo más importante de Galicia.
“Estamos alarmados”, incide González, que en la ronda de reuniones que pretende mantener buscará “aclaraciones pormenorizadas” de las características del proyecto, para así intentar llegar a tiempo para imprimir algún tipo de modificación en el mismo.
El plan inicial
Cabe recordar que originalmente se planteó la construcción de un viaducto colgante, es decir, sin necesidad de instalar pilares sobre el río Ulla, por lo que aquella medida causaba un menor impacto ambiental. Pero a posteriori se introdujo una modificación en el proyecto y lo que se propuso desde Fomento fue un gran puente entre Catoira y Rianxo que, esta vez sí, está dotado de pilares o columnas apoyadas sobre el lecho fluvial.
Benito González confía aún en la posibilidad de evitar esta obra, al igual que desean un cambio de proyecto tanto comuneros de Catoira como ecologistas y otros colectivos.

FARO DE VIGO, 28/05/09

Por Luis Angel Sabariz Rolán, fai