FCC da a la mancomunidade de O Barbanza un ultimátum de cierre de su planta de residuos, que sirve a Pontecesures.

Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), la empresa que paga a la plantilla de la planta de residuos de Servia propiedad de la Mancomunidade Serra do Barbanza, y que da servicio también al concello de Pontecesures, ha presentado al ente intermunicipal un escrito en el que advertía de la resolución del contrato por el impago de la deuda acumulada por los concellos, y que según apuntan desde el comité de empresa, vencerá el día 30 de este mes.
Para entonces sus 150 trabajadores podrían ver perderse por el desagüe todo el esfuerzo realizado desde el 2004, y que ha situado a esta planta de reciclaje a la cabeza del Estado por su excelencia y continuidad en un sistema autónomo y diferenciado, que maneja los residuos que producen 85.000 habitantes decantándose por el compostaje y la recuperación.
De llegarse a esta traumática situación, y tal y como reconocen desde la Mancomunidade, la actitud de FCC está justificada, ya que Serra do Barbanza prolongó durante más de seis meses la deuda, algo que la Ley de Contratos prevé como justificación para la solicitud de resolución. Desde el ente barbanzano también desvelaron que la deuda alcanzó los 3,5 millones en junio.
Si decide finalmente rescindir su acuerdo y cesar su actividad en el municipio de Lousame, FCC deberá esperar durante un plazo máximo de tres meses hasta que Serra do Barbanza dé luz verde o rechace su decisión. Fue un portavoz de la mancomunidad quien reconocía que para la institución que gestiona los residuos de nueve concellos no era rentable entrar en la vía judicial.
A mayores de la deuda de la Mancomunidade, la continuidad de la planta de residuos pende de un hilo también por el anuncio de Ecoembes de que a partir del 1 de enero del 2011 solo recogerá el 30 por ciento de los envases ligeros de la instalación de Servia, frente al cien por cien de ahora, lo que supondría para la gestora de la planta, FCC, unas pérdidas anuales de unos 600.000 euros según sus propios cálculos.
El director de comunicación de Ecoembes, Antonio Barrón, aseguró que la Ley les permite no recoger el 70% de los envases ligeros, «al no ser de nuestra responsabilidad».
Barrón explicó que hay que diferenciar entre residuos de uso doméstico y uso industrial o agrícola, tal y como recoge la Ley de residuos de envases de 1997. Y añadió que cada empresa se responsabiliza de unos porcentajes relacionados con esta división. En el caso de la planta de Lousame, donde no existe recogida selectiva de envases y lo que se separa es la basura orgánica del resto -según explicó este portavoz-, Ecoembes solo tiene que hacerse cargo de los residuos domésticos ligeros, que suponen el 30%: «Y en lo que estamos recogiendo hasta ahora existe otro tipo que responde a un uso industrial o ganadero que no es competencia nuestra».

LA VOZ DE GALICIA, 12/10/10

El PSdeG insta a la Xunta a garantizar el futuro de la planta de Lousame.

No ha tardado mucho el PSdeG en entrar en el problema surgido con la continuidad de la planta de tratamiento de basura, operativa desde el 2004. Con el objetivo principal de garantizar los 150 puestos de trabajo que en la actualidad existen en esta instalación, los socialistas gallegos, a través de su diputado José Manuel Lage Tuñas presentaron una proposición no de ley para que la Xunta de Galicia apoye la viabilidad económica de la planta de Servia, además de adoptar las medidas y acciones necesarias para alcanzar el mantenimiento de sus puestos de trabajo.
En este sentido, el parlamentario Lage Tuñas añadió que «para nós é fundamental garantir a viabilidade da planta e os empregos existentes».
Además asegura que los socialistas gallegos «temos apostado dende os concellos pola planta de reciclaxe. O deputado considera que o Executivo galego ten na súa man a mediación con Ecoembes e tamén pode tomar medidas que contribuían a consolidar esta planta de tratamento de residuos».

LA VOZ DE GALICIA, 12/10/10

La basura sin recoger en Padrón podría alcanzar hoy las 90 toneladas.

De no producirse un acuerdo, la plantilla habla de encierros, cortes y protestas.

Padrón afronta hoy su cuarta jornada sin servicio de recogida de residuos. Los trabajadores que continúan con su paro indefinido en señal de protesta por el desacuerdo en el salario advierten que no permitirán hoy que ningún operario ajeno a la plantilla limpie el campo del Souto y las zonas afectadas por el mercadillo al cierre de éste. Ellos se han comprometido, en la negociación de las prestaciones de mínimos, a eliminar los residuos orgánicos. Según David Barrio, representante sindical de UGT, si alguien vulnera el derecho a huelga «llevaremos el caso vía judicial». Y sostiene que la ley contempla para esta vulneración penas de prisión que van de 6 meses a 3 años.

Los trabajadores recalcan que, pese a la situación, están recibiendo el apoyo de muchos vecinos, de ahí que hayan aceptado ampliar los servicios mínimos. «Nuestra protesta es más de llamar la atención que de colapsar el pueblo».

A día de hoy se calculan en 30.000 los kilos de basura sin recoger. Esta cifra, según Barrio, se triplicará al cierre del mercado dominical. También advierte que de no recibir propuesta en las próximas horas, no descartan manifestaciones, cortes de tráfico y encierros.

EL CORREO GALLEGO, 10/10/10

Más de 700 firmas contra la subida del precio del tren.

Usuarios de Renfe muestran las firmas que entregaron ayer en Santiago.

Subirse al tren todos los días para acudir al trabajo o a la facultad es desde el pasado julio un 20% más caro. Cansados de los incrementos en los abonos, los usuarios de la línea Vigo-Santiago-A Coruña han comenzado a organizarse. Ayer presentaban en la estación de la capital gallega 528 firmas contra los nuevos precios, que se suman a las 200 entregadas ya el pasado agosto.

Desde hace 12 años, Pablo Fernandes, se pasa un mínimo de 3 horas diarias sobre raíles. Hasta julio desembolsaba 166 euros por un abono mensual con un número ilimitado de viajes entre Vigo y Santiago, pero en septiembre ha pagado 198 euros.

Renfe defendía ayer la subida del precio y la achacaba a la renovación de los trenes del Eje Atlántico. Ahora por las vías gallegas circulan los 599, «más modernos, con más plazas y más rápidos», señalaban ayer fuentes de la compañía. Renfe explica que hasta septiembre de 2009 funcionaban regionales de más de 20 años de antigüedad que se fueron sustituyendo paulatinamente. En las tarifas individuales resultó sencillo aplicar los precios de las máquinas más modernas, pero como los abonos servían para cualquier horario y tipo de tren se mantuvieron los precios anteriores. Sustituidos todos los regionales, las tarifas han subido de golpe.

Pero pese a que las máquinas son mejores, no todos los usuarios han visto rebajado el tiempo de trayecto. Entre A Coruña y Santiago las nuevas vías (preparadas ya para el AVE) han permitido reducir el tiempo de viaje a una media hora, pero de Santiago a Vigo dura hora y media en el mejor de los casos y dos horas en el peor. Pese a todo Pablo Fernandes prefiere el tren. «Una vez que te subes te despreocupas, es más cómodo», indica. La alternativa de la autopista «es una sangría» (el peaje entre las dos ciudades alcanza los 15 euros diarios) y además hay que enfrentarse a inviernos de lluvias, heladas y poca visibildad en carretera. «La única posibilidad es encontrar a un grupo de gente que venga todos los días de Vigo, pero es díficil que todos tengan el mismo horario» comenta.

Pablo Fernandes incide en otro de los aspectos positivos del tren, la reducción de gases efecto invernadero responsables del cambio climático. «Se habla de la ley de la economía sostenible, pero luego no se fomenta el uso del transporte colectivo», indica. Considera que el Eje Atlántico debe de ser una de las líneas «más rentables» debido a que en horas punta no quedan sitios libres e incluso hay gente que en los nuevos trenes (onde no permiten viajar de pie) se queda sin plaza.

EL CORREO GALLEGO, 02/10/10

El Defensor pide que se deje a la Justicia el final del caso de la valguesa Mari Luz Posse.

Señala que ya hay un fallo y que ahora será el Supremo el que resuelva los recursos.

El Defensor del Pueblo acaba de responder a la familia de María Luz Posse en el sentido de que se atiene a lo que establezcan los tribunales de Justicia respecto de la condena al agente de la Guardia Civil, Jaime Maiz Sanmartín, condenado el pasado mes de junio por el asesinato de su pareja en el interior del cuartel de Cambados.
En estos momentos, el caso se encuentra a la espera de la decisión última y firme del Tribunal Supremo, pues la resolución dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra ha sido recurrida en casación por las dos partes, es deicr por el acusado y la familia de la víctima.
De momento no se tienen noticias sobre un pronto pronunciamiento, no en vano el mes de agosto es inhábil a estos efectos y la sentencia acaba de ser dictada a finales del pasado mes de junio.
De ahí que la única novedad desde que Jaime Máiz entrase en prisión consista en este escrito que firma la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano y Carrió, en la que, sobre todo, expresa las condolencias de la institución a la familia de la fallecida.
Pero en especial, el Defensor recalca el hecho de que ??conviene conocer que nuestra Constitución, en su artículo 117.1, proclama el principio de independencia que debe caracterizar todas las actuaciones que realizan los jueces y tribunales en el ejercicio de la función jurisdiccional que debe ser respetada por todos los poderes públicos y por todos los ciudadanos e instituciones entre las que, obviamente, el Defensor del Pueblo se encuentra?.
Precisamente por ese respeto, agrega en la respuesta remitida a Isabel Posse Fernández, con fecha de salida del pasado 8 de septiembre, la institución dice que no puede entrometerse y dar respuesta a las quejas que se planteen en este caso.
??Conforme le hemos indicado en ocasiones anteriores, nuestra Ley Orgánica del 6 de abril de 1981, en su artículo 17.2 impide al Defensor del Pueblo entrar en el examen individual de las quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial y le obliga a suspender su investigación cuando se interpusiese demanda o recurso ante los tribunales de Justicia?.
??Todo ello implica, igualmente, que esta institución no pueda, en modo alguno, interferir en los procedimientos judiciales, ni revisar las resoluciones que en ellos se dictan, en el ejercicio de la mencionada independencia?, sostiene María Luisa Cava.
Agrega que por lo que, ??respecto a cualquier modificación normativa en la materia que nos ocupa, teniendo en cuenta la evidente trascendencia y repercusión social de esta cuestión, a juicio de esta institución, es en el órgano de representación de la soberanía popular, en el que se recogen la pluralidad de las opiniones de todos los ciudadanos, en el que deben debatirse en profundidad, y abordando todas sus dimensiones, sin que pueda esta institución decantarse por una solución que sólo desde el pluralismo que representan las Cortes Generales puede ser afrontada?.
La Defensora en funciones también expresa sus condolencias a la familia por el fallecimiento de Mariluz Posse hace algo más de dos años y medio.
??Aunque no existen, en estos momentos, palabras de consuelo tras la trágica muerte de su hermana María Luz, queremos, no obstante, trasladarle nuestra solidaridad por los difíciles momentos familiares por los que están atravesando, máxime teniendo en cuenta la enorme repercusión social que, en estos momentos, en los medios de comunicación, han tenido no sólo las sesiones del juicio oral, sino también la sentencia dictada, en virtud de la cual se condena a Jaime Máiz a la pena de 19 años de cárcel, como autor penalmente responsable del asesinato de su hermana, decretándose su inmediato ingreso en prisión por esta causa?.

Indemnizaciones pendientes de cobro.

La familia de la víctima cree que el final del asunto aún va para largo si se tiene en cuenta que se han presentado sendos recursos de casación en el que por una parte los Posse pretenden que se imponga un año más de cárcel, hasta los 20, al ex agente de la Guardia Civil mientras que Jaime Maiz Sanmartín pide la libre absolución.
Isabel Posse, sin embargo, sigue muy satisfecha con el resultado de la vista con jurado popular en la Audiencia de Pontevedra ??porque por lo menos sabemos que se encuentra en prisión y que ya no hay riesgo de fuga como en los meses anteriores?.
Pero la lentitud de la Justicia también se observa en otros planos. La familia, por ejemplo, todavía no ha cobrado las indemnizaciones que les corresponden.
Señala Isabel Posse que es un dinero que le vendría muy bien a los hijos de su hermana ??para salir adelante?.
Cabe recordar que hace casi tres años que han sucedido los hechos y que la fallecida tenía tres hijos que se han quedado sin el principal sustento familiar.
De ahí que los Posse esperen que se cierre el caso de forma definitiva para poder rehacer su vida, tras el brutal asesinato cometido y reconocido por el agente.

FARO DE VIGO, 19/09/10

La alcaldesa de Pontecesures estuvo en la Isla de San Simón para proyectar el Camiño Portugués.

Los alcaldes de los concellos del Camino Portugués, posan a la llegada a la Isla de San Simón.

En la isla de San Simón, los alcaldes de los concellos por los que pasa el Camino Portugués, se reunieron para debatir su proyección y defensa. No se supo nada de los mandatarios de Redondela y Mos, que no asistieron. Tampoco estuvo presente ningún representante de la Diputación de Pontevedra. La reunión estaba organizada por Amigos do Camiño Portugués y la fundación Camiño de Santiago, que contaron con la colaboración de la fundación Illa de San Simón.
Presidió la mesa de debate Celestino Lores, que afirma que con el término del año santo, «se pone fin a un ciclo que comenzó en 1993. Pero esto no debe quedar aquí». Agradeció también la «colaboración de todos los ayuntamientos del Camino portugués por su colaboración, ya que siempre han estado ahí».
En la mesa de debate quedó claro que la principal traba para la toma de determinaciones es el establecimiento de una trayectoria definida de la ruta del Camino Portugués. Asimismo, Carlos Lores Otero, afirmó la «necesidad» de cumplir los criterios marcados por la Unesco. «La Ley de Defensa del Camino, creada en 1996, no ha podido ser aplicada porque no se dan las condiciones», aseguró. Las principales exigencias son la de eliminar el tráfico rodado, no siendo de acceso a fincas de particulares, así como la de crear una banda total del Camino de nueve metros, «que abría que tener en cuenta en la planificación urbanística». También comentó la importancia del cuidado de las zonas de servidumbre aledañas a la vía, un espacio de 30 metros desde el eje del sendero, y que hace hincapié en los materiales utilizados en las casas, puertas, y especial protección de servicios accesorios como puentes y viaductos. La construcción en esta zona debería ser aprobada en un estudio de la consellería de Cultura. Estas medidas, expuso Carlos Gil Sánchez, ingeniero de Obras públicas, «pueden perjudicar a las fincas colindantes». «Que non sexan todo esixencias». Fernández Rocha, alcalde de Tui, ahondó en la reflexión de Gil Sánchez, y cree que la aplicación de estas medidas «suporá a ruina de moitos veciños». Y continuó con su crítica: «Non pode ser que todo sexan esixencias. Os concellos non poden soportar o gasto que supón o mantemento das vías do Camiño. Debe haber tamén inversión por parte doutras Administracións», exigió. De forma más tranquila, Agustín Reguera, alcalde de Soutomaior, expuso el temor de algunos vecinos, «que se saben que estas medidas vanlle afectar de forma negativa, igual prefiren que o ruta vaia por outro lado».
El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores pidió «seriedade» en el debate y «axilidade» en la toma de decisiones. «O Camiño é patrimonio e, polo tanto, de interese xeral, e as Administracións públicas deben invertir no seu mantemento». Para el alcalde, la seguridad vial en algunos tramos, también es muy importante: «Un punto que hai que mellorar». Conclusiones. Las fundaciones y los alcaldes acordaron establecer a la Fundación Camiño de Santiago como intermediario en las negociaciones con las restantes Administraciones, la potenciación de la ruta jacobea desde el punto de vista turístico con la colaboración de los hosteleros del Camino, y que en la próxima reunión estén también presentes los alcaldes de los pueblos de Portugal.

LA VOZ DE GALICIA, 26/08/10