Se trabaja ya en la creación del Ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias.

La Consellería de Medio Ambiente trabaja ya en la redacción de la ley que permitirá la creación de este ente. Su previsión es que se apruebe en el primer año de legislatura. Este organismo se encargaría de gestionar los servicios de cercanías de Galicia, aunque para ello el Gobierno central deberá transferir a la comunidad autónoma las líneas que queden en desuso tras poner en marcha el AVE. «Existe disposición del Ministerio para no levantar las vias antiguas, que sería el primer paso para que luego nos las traspase», explicó el responsable de Medio Ambiente.
Las cercanías evitarían que algunas poblaciones quedaran sin servicio de ferrocarril como ocuerre entre A Escravitude y Carril donde la línea del AVE va por el otro lado de la ría.

FARO DE VIGO, 28/06/09

Caldas, Valga, Portas y Cesures reclaman a Hacienda casi 2 millones del IBI de la AP-9

Rafael Louzán se reunió ayer con los alcaldes de los municipios afectados, entre ellos los de Pontecesures, Valga, Caldas y Portas.
Los alcaldes de Caldas, Valga, Pontecesures y Portas participaron ayer en la Diputación en una reunión con su presidente, Rafael Louzán, para coordinar la reclamación que la administración provincial presentará ante el Ministerio de Hacienda para solicitar compensaciones económicas por los beneficios fiscales con los que cuenta la autopista AP-9.

Las autopistas de peaje, como Bienes Inmuebles de Características Especiales (Bices) tienen por ley una bonificación del 95% IBI que deberían pagar por los terrenos por los que discurren. Esto supone una merma de los ingresos de los ayuntamientos que, en el caso de la comarca Ulla-Umia, está cifrada en 1.908.122 euros. Las arcas municipales de Caldas, Valga, Pontecesures y Portas recibieron en el período entre 2007 y 2009 un total de 100.429 euros por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de la AP-9, cuando, en base a la reclamación de la Diputación deberían haber ingresado 2.008.625 euros.
Con su iniciativa, el ente provincial pretende que sea el Ministerio de Hacienda el que compense el 95% de las cuotas no recibidas por los ayuntamientos. Además, la Diputación estudia otra posible reclamación para que también tengan una compensación los concellos afectados por el paso del gasoducto si este es declarado como BICE.

En el encuentro con Rafael Louzán también participaron alcaldes de otras localidades afectadas, como Poio, Meis, Barro, Vilaboa, Tui, Moaña y Mos y todos los regidores se mostraron conformes para tramitar la reclamación ante el Ministerio de Hacienda por lo que estos ayuntamientos ??posiblemente a curto ou medio prazo poidan ingresar achegas económicas que son moi importantes nestes intres en que están faltos de recursos?, indicó Louzán. No en vano, recordó el presidente, en este ejercicio también han visto mermados sus ingresos procedentes de la participación en los tributos del Estado. Por ejemplo, el de Valga, dejará de recibir en 2009 más de 400.000 euros con respecto al ejercicio anterior, ??unha cantidade moi significativa para o manexo dun municipio coma este?.

DIARIO DE AROUSA, 06/06/09

Los concellos de la AP-9 reclamarán más de 4 millones de euros a Hacienda.

Pedirán una auditoría para actualizar las tasas.

Los alcaldes de 12 de los concellos de la provincia afectados por el paso de la AP-9 se reunieron ayer en Pontevedra con el presidente de la Diputación, Rafael Louzán. El acuerdo que tomaron fue el de remitir una reclamación común al Ministerio de Hacienda para que sean compensados por el paso del vial de alta capacidad por sus municipios.
En concreto serían las retribuciones correspondientes al IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), que en el apartado de bienes especiales incluye a elementos como la autopista de peaje, y que ahora pretenden cobrar a través del ORAL (Organismo Autónomo de Gestión de Recursos Locales).
Las cifras iniciales que están sobre la mesa superan los 4 millones de euros, siendo los más beneficiados Caldas y Vilaboa. Las cantidades a reclamar corresponden al período 2007-2009, y el argumento jurídico que se esgrimirá sería precisamente, que las autopistas de peaje tienen la consideración de BICES (Bienes Inmuebles de Características Especiales).
Los primeros ediles de Caldas, Valga, Poio, Meis, Barro, Pontecesures, Vilaboa, Tui, Moaña, Portas y Mos estuvieron de acuerdo en tomar esta decisión, según afirmó Rafael Louzán. El presidente de la Diputación, además, instó a los alcaldes a actualizar las tasas y a realizar una auditoría para valorar el impacto real.
«Faremos unha auditoría para ver si eses BICES están ben valorados ou non. O catastro depende do mesmo Ministerio, e veremos si o valor é correcto ou si é maior, que é posible que nalgún caso así sea», declaró Louzán, que también adelantó que se puede iniciarse una reclamación similar por el gaseoducto, si finalmente es considerado como BICE.
El alcalde de Barro, José Landín, señaló que «non é unha imposición sobre persoas físicas directas, senon de bens do propio Estado e noutro caso de multinacionais e de grandes empresas. Ata agora están pasando polos concellos afectando ós seus moradores e a financiación para os concellos é cero euros. Pensamos que non é xusto».
El regidor de Poio, Luciano Sobral, explicó que «para nós será positivo. Aféctanos pouco, pero todo o que sexa unha revisión para o aumento dos ingresos é positivo».
El alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey, dirige uno de los concellos que sería más beneficiado. «A autopista afecta moito en Caldas. Non era de recibo a situación actual, e polo tanto respaldámola. O meu concello está afectado polo gasoducto, polos molinillos, pola autopista e incluso pola respiración asistida», ironizó.
Louzán, por último, dejó entrever que el proceso de cobro se podría agilizar. «Si as sentencias fosen favorables, o Supremo podería obligar ó Ministerio de Economía a compensar a todos automáticamente».
Cabe indicar que hace un par de semanas la corporación municipal de Pontecesures se reunió en pleno y, a propuesta del gobierno tripartito que preside la independiente María Isabel Castro Barreiro, acordó modificar el tipo impositivo aplicado a la AP-9 en el IBI, el cual pasó del 0,6% en el que estaba al máximo permitido por ley, que es del 1,3%.

FARO DE VIGO, 06/06/09

Pontecesures traslada al Arzobispado la retirada de los símbolos franquistas.

Luis Sabariz, el cura, Rafael Randulfe, Cecilia Tarela (de espaldas) y la alcaldesa, en la reunión mantenida ayer.

La corporación de Pontecesures ha dado una lección de celeridad, independientemente de que al final no se consiga el objetivo buscado. El día 25 de mayo el pleno acordó instar a la Iglesia a retirar los símbolos de la Dictadura que se encuentran en la fachada del templo parroquial, y ayer, sólo ocho días después, los munícipes ya se reunían con el párroco para transmitirle sus planes.
En esa reunión se habló de «las dudas y lagunas que plantea la Ley de Memoria Histórica» y se acordó que la propuesta de retirada de los símbolos de la Dictadura sea trasladada por escrito al Arzobispado, que es quien debe decidir si es posible quitar las referencias al franquismo, si lo autoriza y, sobre todo, si lo financia.
Cabe recordar que en el pleno la propuesta formulada por el BNG fue enmendada, precisamente para pedir que si se afronta la retirada de esos emblemas dicha operación sea costeada por la Iglesia, y eso es lo que se busca ahora, aunque a priori parece que este deseo no tiene demasiadas posibilidades.
«En cualquier caso hay que determinar previamente si esta operación es factible o no, ya que los símbolos de la iglesia de Pontecesures no están en relieve, sino que forman hendiduras en las paredes del templo, y primero hay que determinar si la estructura puede verse amenazada o no», indica Luis Sabariz, concejal de Relaciones Institucionales que ayer participó en la reunión con el cura párroco en representación del grupo municipal no adscrito.
Esto quiere decir que ahora al Concello sólo le queda «esperar las respuestas, para que nos digan si técnicamente es posible retirar esos símbolos, si lo va a asumir la Iglesia e incluso si Patrimonio va a autorizar esta operación», apostilla el propio Luis Sabariz.
Junto a él y el cura Arturo Lores Santamaría estuvieron presentes en la reunión de ayer la alcaldesa, la independiente María Isabel Castro Barreiro; el portavoz del PP, Rafael Randulfe; y la concejala nacionalista Cecilia Tarela.

FARO DE VIGO, 03/06/09

El BNG carga contra Castro y el «tránsfuga» Sabariz por sus respuestas en el último pleno.

Los nacionalistas dicen que el «desgobierno» miente y rehace propuestas de los otros grupos.

Los nacionalistas de Pontecesures han emitido un crítico comunicado con el gobierno local si bien cargan las tintas contra el «tránsfuga» Luis Sabariz y la alcaldesa Maribel Caqstro.
Los nacionalistas aseguran que el equipo de «desgobierno» reformó la moción presentada por su grupo respecto a la retirada de los símbolos franquistas y relacionados con la guerra civil que figuran en la fachada de la iglesia parroquial.
En relación con la propuesta del tripartito acerca de la modificación del IBI, los nacionalistas expresan su preocupación por la postura del edil del PP, Randulfe «que intentó pasar desapercibido en cuestiones de impuestos, cuando hace dos años su principal promesa electoral era la bajada de impuestos para los vecinos».
El resto del pleno giró en torno a ruegos y preguntas relativas a la Festa da Lamprea, Feira do Automóbil, alumbrado público, tala de árboles en el centro de la localidad y la organización del carnaval, amén de otras preguntas sobre arreglos y propuestas de obras.
Aseguran que los mismos integrantes del gobierno del PP y Sabariz «pusieron en duda la procedencia de las lampreas de esta edición», Peo el BNG va más allá y asegura que «no eran siquiera gallegas».
Sobre la feria del automóvil señalan que en el pleno quedó constatada «la nula implicación del gobierno municipal», Se bsas en el informe que leyó la alcaldesa de las actuaciones de los organizadores de «Mirándolle os Dentes», se pusieron todo tipo de trabas con la única finalidad de que fracasara la feria.
Afirma el BNG quke el ayuntamiento no aportó «ni un euro» a la feria «y sólo se les ocurrió decir que ya pusieron a los municipales a trabajar esos días en los actos que se celebraron en la Plazuela con motivo de las Letras Gallegos».
Durante el pleno, los nacionalistas reiteraron su pregunta acerca de los permisos para colocar el alumbrado público en las calles centrales del pueblo.
A ello contestó Randulfe quien aseguró que se habían pedido permiso a los propietarios de todas las viviendas donde se encuentran las catenarias, «cuando en el BNG sabemos que ello es incierto».
Otro de los asuntos polémicos fue la tala de árboles junto al monumento al Coche de Puedra. Sabariz contestó a esa interpelación con un informe en el que se alega la senectud de los ejemplares por lo que se aconsejaba su sustitución por plantas nuevas. La decisión es criticada por varios sectores.

Trescientas personas protestan contra el cierre de la fábrica «Novo y Sierra».

Los trabajadores de la derámica valguesa se encontraron ayer con la solidaridad de sus convecinos y autoridades de Valga y Pontecesures. Ni el sol de justicia que ayer caía a plomo les amilanó a los cerca de 300 asistentes a la marcha de casi una hora y media que se comenzó en horario de toros.
Con puntualidad inglesa salió la manifestación desde Pontecesures en dirección a la cerámica que ha echado el cierre después de 70 años de actividad y de dar trabajo a casi cuarenta familias de ambos municipios.
El problema es que además llueve sobre mojado y los empleados de «Novo y Sierra», pasan a engrosar las listas del INEM en el mismo sector que hace pocos meses se inscribieron sus colegas de «Cedonosa».
Al término de la protesta, sin embargo, había cierta satisfacción por parte de la plantilla, ya que contaron con el apoyo directo de Maribel Castro, alcaldesa de Pontecesures, y Jose Mª Bello Maneiro, de Valga, además de miembros de ambas corporaciones. A la cita también acudieron responsables de CC.OO y de la CIG así como otros ediles de municipios próximos.
La pancarta que abrió la marcha ilustró el sentir de todos los presentes. La convocatoria se convirtió en un clamor por el empleo en época de crisis.
Los asistentes anunciaron que continuarán con la lucha con el fin de tratar de recuperar sus puestos de trabajo.
Aseguran que no están dispuestos a soportar que la empresa pueda venderse a otros inversores y que estos decidan contratar a personal distinto al que hasta ahora vino realizando las difíciles labores que le corresponden.
La alcaldesa de Pontecesures hizo hincapié en el desarrollo pacífico de esta manifestación «ya que no hubo ningún incidente» a pesar de que duró casi hora y media.
Al concluir la marcha, frente a la histórica fábrica valguesa, los organizadores leyeron sendos comunicados en los que hicieron un relato de la situación en la que se encuentra la empresa, cuya quiebra se promovió hace pocas semanas.
Precisamente hace unos días los trabajadores participaron en otra concentración de protesta en Pontevedra, en defensa de sus puestos de trabajo. Asimismo rechazan, por escasas, las indemnizaciones que los empresarios pretenden concederles por la pérdida de sus trabajos.

FARO DE VIGO, 31/05/09