Los recortes ferroviarios contrastan con los autobuses: la mayoría están en marcha. Los usuarios ven que se eliminan las frecuencias más utilizadas.
El cartel de servicios de Renfe está mutilado y parece que va a seguir sin la totalidad de las frecuencias anteriores a la pandemia durante un tiempo, pues la operadora asume por sus propios estudios de mercado que los problemas para normalizar la demanda continuarán en el 2021. Tras la activación del estado de alarma, la empresa eliminó algo más que el 80 % de las frecuencias, manteniendo una conectividad básica entre las capitales de provincia. En dos momentos, en junio y después a finales de julio se fueron aumentando las frecuencias, pero en casi ninguna relación se superó el porcentaje del 50 %.
Hace unos días se reforzó el eje atlántico por la demanda estacional universitaria, pero fue la primera vez en dos meses y apenas sirvió para añadir un tren por sentido en el recorrido Vigo-Santiago-A Coruña los viernes y los domingos. También se aumentan las plazas de trenes preexistentes. Pero los 12 trenes que circulan por sentido entre A Coruña y Vigo, la línea más utilizada de Galicia y una de las más rentables de España, son bastantes menos que los entre 20 y 24 servicios que había en el trazado del eje atlántico.
Resume perfectamente Beatriz Pino el fraude que Renfe está perpetrando contra Galicia, con la disculpa del impacto del covid: “Es indecente que piense más en el dinero que en los ciudadanos”. Coincide la coordinadora de Cs con las denuncias reiteradas de la conselleira Ethel Vázquez: ambas reivindican que el servicio público y el derecho a la movilidad deben estar siempre –más todavía en situaciones tan delicadas como las de esta brutal pandemia, subrayamos nosotros– por delante de las consideraciones económicas. Por eso, entendemos que ha llegado el momento de que los tres grupos parlamentarios del Pazo do Hórreo alcen sus voces al unísono y, en línea con la Xunta, presionen a Renfe para que garantice un servicio de calidad a sus usuarios y frene en seco sus inaceptables previsiones de no restaurar inmediatamente las frecuencias ferroviarias anteriores al estado de alarma y, peor aún, de consumar más recortes de trenes en 2021. Lo que hace la operadora pública es, tiene razón Beatriz Pino, incomprensible e indigno. Incomprensible porque, finalizado el confinamiento, ni los convoyes de alta velocidad ni los de cercanías han recuperado sus frecuencias. Indigno porque Renfe se ríe de los gallegos, echa más leña al fuego iniciando el cierre de sus puntos de venta presencial de billetes en las estaciones con menos viajeros y vincula una hipotética recuperación de frecuencias a que se generalice la vacuna anticovid, se frene el descenso de usuarios y se estabilice el PIB. En pocas palabras, la operadora poco menos que se cruza de brazos, da carpetazo sin sonrojarse a la riada de quejas tramitadas por la Xunta, renuncia a buscar soluciones, hace dejación de sus responsabilidades como servicio público y complica la supervivencia de muchos concellos gallegos, a los que condena a un letal aislamiento. Renfe se olvida de que se financia con los impuestos de los españoles, y de que en modo alguno puede afrontar las crisis con la hoja de ruta que sigue la empresa privada. Mucho menos puede hacer oídos sordos a las quejas oficiales del Gobierno de Feijóo y al creciente malestar de la sociedad. El presidente de la operadora, Isaías Táboas, no puede pretender despachar las cartas de la conselleira de Infraestruturas con la disculpa de mal pagador de que los servicios “se adaptan a la demanda real”. No puede mirar hacia otro lado cuando Ethel Vázquez, que siempre habla clarito, pone el dedo en la llaga: “No es admisible que la crisis sanitaria sea usada como excusa”. Ni más ni menos.
Fía a la generalización de la vacuna la normalización de las frecuencias
El punto de vista estrictamente empresarial -aunque Renfe sea una operadora pública- y la idea de servicio público son a menudo conceptos incompatibles. La prueba es la contestación social y política que está teniendo en casi todas las esquinas del país el recorte de trenes decidido por la cúpula de la compañía alegando una baja demanda. El argumento se basa en que el gasto de poner un tren en marcha -peajes a pagar al ADIF, combustible o energía eléctrica, personal…- no sería recuperado si el tren no llega a un umbral mínimo de viajeros. Por contra, desde poderes públicos como la Xunta se recuerda que el servicio público y el derecho a la movilidad estarían por encima de estas variables económicas.
En este conflicto de intereses se mueve la polémica sobre la lenta recuperación de los servicios ferroviarios tras el estado de alarma, que se quedaron, con variaciones al alza o a la baja, en el 50 % de las frecuencias. Y aunque el mantra oficial de Renfe es que los trenes se irán recuperando a medida que se normalice la demanda o se registren picos puntuales, parece que las previsiones de Renfe se inclinan por que esta situación durará durante buena parte del 2021.
Esta es la conclusión que se desprende de la contestación de la Gerencia de Atención al Cliente de la operadora ante una pregunta sobre la recuperación de frecuencias perdidas que formuló la Asociación de Usuarios del AVE de Valladolid, un grupo de personas que utilizan todos los días, por motivos laborales, la línea de alta velocidad compartida con Galicia y que se organizaron para defender sus intereses frente a lo que consideran una «errática» política comercial de Renfe. https://aeaaeebd9b03e01784f87a8c4216fd56.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html
Los estudios de la operadora
En la contestación, la compañía aduce que la «casi totalidad de los estudios que estamos realizando señalan que se va a producir, por lo menos en el 2020 y en el 2021, un importante descenso del número de viajeros». Y explican este escenario en el «impacto de la bajada del PIB, el aumento del teletrabajo y otras causas, como puede ser la preferencia por el vehículo privado a la hora de hacer desplazamientos de ocio, al menos hasta que haya una vacuna o tratamiento».
Añaden que, «como no puede ser de otra manera, [Renfe] va a ir reponiendo toda la oferta comercial que la nueva demanda requiera», aunque en ningún momento se refieren a recuperar toda la oferta de trenes anterior a la pandemia. También equiparan la estrategia de Renfe en la actualidad al «resto de operadores de transporte de Europa (ya sea de carretera, ferrocarril o aéreos, tanto públicos como privados), que «están a la espera de ver cómo evoluciona la demanda en el futuro inmediato, es decir, cómo van a reaccionar los ciudadanos respecto a la tendencia a viajar».
Lo curioso es que esta respuesta a este grupo de clientes es mucho más explícita y ofrece más datos sobre la estrategia empresarial de Renfe en este contexto de pandemia que las contestaciones a las preguntas parlamentarias -muchas en los últimos días- que se van acumulando en el Registro del Congreso. En ellas, el Gobierno -con la información que le proporciona la operadora- explica que cada frecuencia se adapta «a la demanda real detectada en cada corredor», y se hace referencia a los seguimientos que se realizan para detectarla, como el estudio de la compra anticipada. En estas respuestas no hay ni una sola mención a los estudios que prolongan la situación hasta el 2021 y, en cambio, sí hay referencias a recuperar la oferta previa al estado de alarma: «El Gobierno confía en poder completar la restitución de la oferta en el plazo más breve posible». Todas están escritas sobre el mismo patrón.
Carlos Perfecto, portavoz de la Asociación de Usuarios del AVE de Valladolid, cree que Renfe, con su respuesta, «parece que nos invitan a que utilicemos el coche privado ante la falta de frecuencias». Le parece grave que la empresa «no busque soluciones ante esta situación y prefiere esperar a que llegue la normalidad», asegura, y recuerda que se trata de un servicio público «que estamos pagando con nuestros impuestos». ¿Es el ciudadano el que debe tomar la iniciativa o es Renfe la que debe adelantarse para garantizarle un servicio público?», se pregunta.
El Concello de Catoira dirigió un escrito a Renfe solicitando “el mantenimiento del servicio ferroviario previo al estado de alarma en las estaciones de Catoira, Padrón y Pontecesures”. Aquel escrito ya ha tenido respuesta. Javier Pérez López, el representante de Renfe en Galicia, explica el regidor catoirense. Alberto García, dice que “con carácter general, la oferta que venimos programando desde el fin del estado de alarma se adapta a la demanda real detectada” de ahí que “la recuperación de la oferta está siendo progresiva y acorde al flujo de viajertos que se va generando durante la nueva normalidad”. De hecho, “en los trenes de servicio público, el número de circulaciones diarias va muy por delante de la recuperación de la demanda”. En el caso concreto de Catoira, dicen los responsables de Renfe al alcalde de esta localidad, “actualmente están en circulación el 71% de los servicios con respecto a la oferta previa al estado de alarma”.
Justificar la mutilación de los servicios ferroviarios en la red convencional, clave para la movilidad de la España interior, es impropio de un Gobierno que se dice progresista.
No deja de ser paradójico que el Gobierno que venía a alumbrar un cambio de modelo productivo o, al menos, una reforma en profundidad del que arrastramos, no dude en apostar por lo de siempre para acelerar la salida de la crisis: incentivo del vehículo privado, ayudas públicas para la compra de coches, inyección millonaria en las aerolíneas, fin del carbón sin alternativa para las cuencas mineras y una indisimulada estrategia de Renfe para seguir mutilando la red convencional en un país que desde 1992 ha invertido más de 51.000 millones de euros en líneas caras y deficitarias de alta velocidad. Mucho discurso “verde”, pero seguimos cavando el agujero del CO2.
Después del levantamiento de las restricciones de movilidad, y acuciada por la sangría de ingresos a raíz de la bajada de los viajeros en el AVE, Renfe ha decidido eliminar la mitad de los servicios que unen una buena parte del interior del país. Es una flagrante vulneración de las obligaciones de servicio público de la operadora y una puñalada a las pequeñas y medianas capitales de provincial, y a las cabeceras de comarca. Ábalos confirmó en el Senado que la oferta de Renfe alcanza ahora a los 98 trenes diarios en circulación, un tercio de los que había en marzo. “Lo que no va a hacer la compañía es sacar trenes vacíos”, aseguró el titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (han metido la urbanidad hasta en la nomenclatura). Aunque un tanto toscas, marca de la casa de un dirigente refractario a la empatía, debemos agradecer la franqueza del ministro. Deja claro que ni siquiera la pandemia, y la posbilidad que se abre para el reequilibrio territorial, llevará a PSOE y Podemos a tomarse en serio la sostenibilidad.
Hay líneas deficitarias -con una ocupación inferior al 20%- por falta de habitantes. Otras lo son porque los usuarios no tienen más remedio que optar por otros transportes. Lo pasmoso es que un prócer socialista desprecie la función vertebradora del ferrocarril. Ábalos descarrila. Tal vez la vicepresidenta para la Transición Ecológica, debería explicarle que el criterio de rentabilildad en los servicios básicos, aplicado de forma estricta, supone una perversión económica y medioambiental. De un Gobierrno liberal y ortodoxo podría esperarse esta ceguera. De uno que presume de progresista no puede tacharse más que de fraude.
