Atrapado está el sector en un callejón sin salida: podrían vender su producto, ¿pero a quién?.
En cualquier buena fiesta gallega no pueden
faltar los gaiteiros, los pulpeiros o las orquestas, pero tampoco los
churros. Los churreros ambulantes, en realidad, están por todos lados
porque a quién no le apetece una buena docenita de ese manjar recién
salido de la sartén cuando se está dando una vuelta por el mercadillo o
un paseo una tarde de domingo cualquiera por Vilagarcía. Un placer que,
evidentemente, ha desaparecido de nuestras vidas tras la irrupción del coronavirus y que ha dejado al sector de los churreros ambulantes totalmente desprotegidos.
La Churrería Sandra, en Pontecesures,
es uno de los buques insignia de este tipo de negocios en la comarca
del Baixo Ulla. «No hay eventos en la calle, no hay ferias, no hay nada.
Nosotros no podemos salir a la calle con nuestros furgones a montar un
estand de una churrería y ponernos a vender porque la gente no puede
venir a la calle», explican los propietarios.
Lo cierto es que los churreros ambulantes están
metidos en todo un laberinto. Agrupados en el sector de la alimentación,
apuntan desde Pontecesures que ellos podrían seguir vendiendo su
producto, pero que sería algo absurdo porque no es un producto de
primera necesidad y podrían multar a quien bajara de su domicilio
exclusivamente para comprarlos. Al margen de otras consideraciones de lo
más lógico. «Nin sería ético, nin san», apuntan desde la Churrería Sandra.
Desde
el 14 de marzo con los hornillos apagados, las facturas sin embargo,
siguen llegando. La opción que les queda, y que están estudiando, es
optar por el ces de actividad, pero para eso tienen que demostrar una
merma en los ingreso del 75 %, algo que tampoco va a ser muy fácil
porque lo que ha sucedido, directamente, es que las ferias, mercadillos y
demás eventos se han cancelado. Y temen, además, lo que pueda suceder
durante el verano.
Aún hay dudas sobre el confinamiento, y en Pontecesures es el regidor quien resuelve buena parte de ellas.
«Somos como un teléfono de la esperanza», dice con una máscara de
buen humor un policía local de la comarca de O Salnés. Y es que desde
que se decretó el estado de alarma, son muchos los vecinos que se
dirigen a los agentes para preguntar si pueden hace esto o lo otro. Para
explicarles sus casos particulares, para narrarles la historia del
gallinero que está a varios kilómetros de casa, o de la finca en la que
la verdura se acabará echando a perder si no se va a recoger pronto.
«Son muchísimas las llamadas de ese estilo las que recibimos», dicen los
agentes. En ayuntamientos más pequeños, ese papel de resolvedor de
dudas lo suele acabar desempeñando el alcalde. Ocurre así, por ejemplo,
en Pontecesures.
«Descubrín que hai unha chea de xente que ten o meu número de teléfono,
e cada día recibo ducias de chamadas de xente que me di, ‘alcalde, podo
ir ata a finca?’, ‘podo ir botarlle de comer aos animais?’, ‘podo ir
poñer patacas’».
El número de ejemplos es enorme. A fin de
cuentas, Pontecesures es una pequeña ciudad con alma rural. Buena parte
de sus habitantes residen en el casco urbano, pero mantienen la
costumbre de ir a trabajar las fincas que se diseminan alrededor del
puñado de calles que da forma al pueblo. La respuesta del alcalde suele
estar llena de matices. «O primeiro que lles pregunto é se é
imprescindible o que di que ten que facer. Se é realmente necesario,
porque estamos nun estado de alarma e isto non é unha broma», explica el
regidor.
En Pontecesures, donde la Guardia Civil
hace controles diarios para disuadir a quienes tienen ganas de saltarse
la orden de confinamiento, se han tramitado ya seis expedientes contra
personas que han hecho, precisamente, eso: salir a la calle sin razón
justificada. «Temos dende xente de Santiago que veu de visita a
Pontecesures para pasar o rato, ata xente que sae á rúa, presumiblemente
para traficar con sustancias ilegais».
No deberían tomarse a broma ni la orden de confinamiento ni el riesgo que corren al saltársela: un vilagarciano ha sido condenado a cien días de cárcel por hacerlo.
La vilagarciana Martina Magariños tiene que ingeniárselas para entretener a sus hijos, un adolescente como Isaac, que está deseando que esto acabe para volver a jugar al fútbol, en las categorías inferiores del Ribadumia, y una niña llamada Ari, también acostumbrada a las actividades extraescolares y a pasear por la ciudad. Pero ahora tienen que estar recluidos, de ahí que los juegos de mesa sean una buena opción, aunque sin descuidar los estudios y trabajos de clase. “No es fácil entretenerse, por no tener terraza ni un pequeño jardín, pero hacemos lo que podemos”, declara Martina. Eso sí, el entretenimiento aumenta cuando su marido, Toño, regresa del trabajo diario en un supermercado de Pontecesures.
El Concello de Pontecesures ha puesto en marcha bolsas de ayuda
extraordinarias. El bando se publicó este viernes por la mañana, y antes
de la hora de comer, habían sido ya varias las llamadas interesándose
por su contenido. Los efectos económicos del COVID-19 se empiezan a
notar, dice el alcalde Juan Manuel Vidal Seage. Y no le falta razón.
Según
datos ofrecidos por fuentes sindicales, al menos una veintena de
empresas de la orilla sur de la ría han presentado ya ERTES. Son, en
muchos casos, empresas del sector servicios: desde hoteles a
concesionarios de coches. En total, al menos 300 trabajadores afectados.
Y decimos al menos porque en una infinidad de pequeños negocios, los
acuerdos entre el titular y su empleado se alcanza al margen de las
fuerzas sindicales, según se lamenta Xan Bouzas, Tupi, desde el
sindicato CIG.
En cualquier caso, será a partir del lunes cuando
se empiece a apreciar la dimensión real de la aplicación de los
expedientes de regulación de empleo temporales en la comarca. Y es que
la legislación que los regula en esta situación excepcional es muy
reciente y ha cogido a muchas empresas con el pie cambiado, en pleno
puente festivo -y es que estamos de puente, aunque no se note-.
Eso
se traduce en que, hasta el momento, la mayoría de las empresas de
cierta entidad de la comarca hayan optado por buscar soluciones
alternativas a los expedientes. Reorganizaciones de los turnos de
trabajo, acuerdos para modificar vacaciones, recurso a las bolsas de
horas, son algunas de las medidas por las que han adoptado hasta la
fecha algunas empresas.
En otras no se ha hecho absolutamente nada. Es el
caso, por ejemplo, de Extrugasa. Con cerca de un millar de
trabajadores, el grupo de Valga sigue trabajando con relativa
normalidad, al igual que otras industrias del sector del aluminio, según
informa Lourdes Diz, del sindicato UGT. Según ella misma relata, el
tejido industrial de la orilla sur de la ría de Arousa tiene una
configuración muy especial. En él tiene un peso específico la industria
alimentaria, que en estos momentos «está trabajando a tope, a veces
incluso con problemas para poder hacer frente a las los pedidos». La
fábrica de Larsa en Vilagarcía, Nestlé en Pontecesures, Conservas
Selectas de Galicia en O Grove, o Cefrico en la capital arousana son
algunos de los ejemplos de firmas que están trabajando a destajo. «En
muchos casos, no se atreven a ampliar plantilla porque no saben cómo van
a evolucionar las cosas», razona Diz.
Al sector alimentario pertenecen también las empresas depuradoras de marisco, que en estos momentos tienen sus mercados completamente cerrados. Desde Agade, reclaman al Gobierno central que active la posibilidad de acogerse a un cese de actividad dada su particular situación, que hacen extensiva, también, al sector extractivo. «No tiene sentido mantener el mar trabajando cuando no hay mercado para sus productos, porque los circuitos están completamente cerrados», recalcaba ayer Roberto Fariña.
