La oposición de siete vecinos obliga a recurrir a la expropiación para poder suprimir tres pasos a nivel en Valga.

El Pleno de Valga rechazó ayer con los votos del Partido Popular las reclamaciones presentadas por varios vecinos, la mayoría de la parroquia de Campaña, en las que solicitaban que se anulase el acuerdo plenario por el que se dio aprobación al proyecto de supresión de tres pasos a nivel en el municipio: los de Forno, Campaña y Devesa. Otros dos afectados se mostraron en contra del precio que se les pagará por los terrenos que se necesitan para acometer las obras. A todos ellos el Concello les abrió un expediente de expropiación forzosa, a la par que solicitó a la Xunta de Galicia que declare la urgente ocupación de los terrenos para poder iniciar las obras antes de que finalice este año.

Siete vecinos de Valga presentaron en el Concello ocho reclamaciones relacionadas con el proyecto de supresión de tres pasos a nivel que ejecutará el Administrador de Infraestructuras Ferroviaras (ADIF) a partir de las próximas semanas. Seis de ellas exigen que se anule el acuerdo plenario por el que se aprobó esta actuación, ya que consideran que las obras no son necesarias, que se ofreció poca información o que no les consta la existencia de estudio de impacto ambiental, entre otros argumentos.

Las otras dos reclamaciones se refieren a la compra venta de terrenos. Alegan que no están de acuerdo con el precio de seis euros el metro cuadrado acordado con el Concello, y que las mediciones realizadas en sus terrenos no son correctas, ya que recogen menos metros de los debidos.

Estos propietarios se niegan a ceder las parcelas precisas para ejecutar los trabajos, de manera que el Concello les abrió un expediente de expropiación forzosa que deberá ser aprobado por la Xunta de Galicia, a la que también solicitó la declaración de urgente ocupación de los terrenos para que las obras puedan comenzar antes de que se dirima el conflicto. La polémica podría acabar en el jurado provincial de expropiación, lo que retrasaría la supresión de los pasos a nivel. El Ayuntamiento recurrió también a la expropiación forzosa para poder ocupar otra serie de fincas (alrededor de una decena) cuyos propietarios son desconocidos.

Las ocho reclamaciones fueron rechazadas en el Pleno del lunes con los votos del Partido Popular. El alcalde, José María Bello Maneiro, aseguró que anular el acuerdo plenario sería «unha ilegalidade e ademáis non ten sentido. Non procede, porque o proxecto foi aprobado, foi publicado e a raíz disto o ADIF contratou as obras». El regidor considera que estos vecinos actúan con «mala fe» ya que «poderían estar disconformes co prezo pero permitir igualmente que se fagan as obras».

La oposición de estos vecinos afectaría especialmente a la supresión del paso a nivel de Campaña, en el que en abril fallecieron tres vecinos arrollados por un tren. Aunque el ADIF anunció este fin de semana que las obras se acometerían antes de finalizar el año, Maneiro cree que el tiempo estará «moi xusto». En esta zona son siete las fincas afectadas por esta polémica. La octava se sitúa en Forno, donde está previsto constuir un paso inferior. En este lugar el alcalde indica que los trabajos sí podrían comenzar ya que el resto de propietarios afectados aceptaron la venta de terrenos de mutuo acuerdo con el Concello.

El BNG dijo apoyar la petición de los vecinos para que se «bote abaixo o proxecto» e insistió en que «este é o momento de sacar o tren de Valga. Si se vai a eliminar a vía non ten sentido que se gasten máis de tres millóns de euros en suprimir os pasos a nivel». Bello Maneiro le replicó que «vale máis a vida dunha persoa que tres millóns de euros e, se a desgracia lle tocara na súa familia, seguro que o valoraría doutra forma», en alusión al peligro que suponen los cruces ferroviarios. Además indicó que «nós queremos que se manteña o tren e que pare en Valga, para ofrecer servicios á cidadanía».

Sobre las reclamaciones por las mediciones de terrenos, aseguró que hasta que no se realice el levantamiento de actas previas a las obras no se podrá comprobar con exactitud cuántos metros de terrenos afectados habrá, de manera que los propietarios deberán esperar. «O Concello non pode facer nada se non hai un informe que diga que son máis metros dos que aparecen no proxecto», ya que éste fue elaborado por el Ministerio de Fomento.

DIARIO DE AROUSA, 28/11/07