Un padre a 7.000 kilómetros.

Un cesureño tiene a su mujer e hija en colombia, y no las dejan salir del país.

La ley tiene más de una cara y, a veces, historias sencillas dejan grandes perjudicados en el camino. Andrés Portas González nación en Pontecesures hace casi 26 años, y ahora tiene ante sí un problema de dificil resolución. Los otros dos implicados en esta historia de jueces y papeleos son Sandra Muñoz Muñoz, una chica colombiana de 30 años, y la hija de ambos.
Sandra y Andrés se casaron al otro lado del Atlántico hace años y medio y, desde entonces, las autoridades españolas se resisten a dar el visto bueno a la unión. Detrás del recelo está la sospecha de que se pudiera tratar de un matrimonio de conveniencia, algo que se niega desde las partes. Mientras tanto recursos, protestas y viajes entre una y otra orilla.
Andrés acaba de denunciar al Consulado de España en Colombia por el trato recibido allí, cuando intentaba lograr permiso para traer a Galicia a la esposa y a su hija, pues esta última, al ser desdendiente de español, tiene derecho a la nacionalidad. Andrés solicitó información sobre la negativa a registrar el matrimonio, algo que fue denegado por una funcionaria del consulado.
El denunciante relata que «pedí entonces la hoja de reclamaciones o un justificante de haber estado allí, y un guardia civil me dijo que aquello no era España y que no se daba ninguna de las dos cosas». Andrés se negó a marcharse del consulado y, acto seguido, fue detenido por dos agentes «por orden del señor consul», según consta en la denuncia.
Sacándolo de la planta en la que se encontraba, el denunciante asegura que fue amenazado con ser entregado a la policía colombiana y tras tomarle los datos, fue expulsado del edificio. Andrés, sorprendido, acudió al Ministerio del Interior colombiano para informarse si era legal su entra a las fueerzas de seguridad de Colombia y allí le aseguraron que era un problema de soberanía española y que ellos no podían hacer nada.
La denuncia presentada el lunes en Vilagarcía es el último episodio de una carrera larga contra las trabas administrativas.
A principios de 2007 Andrés y Sandra se casaron en Colombia. Para validar la unión las autiridades españolas entrevistó a los cónyuges. Ella en junio de 2007. �?l en octubre.
El veredicto se retrasó hasta julio de este año, recalando en el Juzgado de Paz de Pontecesures. y se comunicó la negativa al «presumirse un matrimonio de complacencia a partir de las entrevistas».
Sandra apeló la sentencia ateniéndose a la legalidad del matrimonio y a la existencia de una hija en común. Además, al recurso se adjuntaron los informes que certifican la dependencia económica de Sandra y la niña del propio Andrés, quien cada mes envía, a través de giro postal, 500 �?� a Colombia.
En los próximos días llegará la contestación final del consulado español. Mientras tanto, las autoridades deniegan cualquier tipo de visado para Sandra o para su hija (incluso el de turismo), manteniéndose bloqueadas en su país de origen.
Por el momento, todas las denuncias están cursadas y los trámites caminan, aunque despacio. Andrés sigue trabajando en Pontecesures a la espera de algo, y mientras tanto su mujer y su hija se encuentran a 7.000 kilómetros de distancia.

FARO DE VIGO, 11/09/08