Los pisos de Mahía pagados en negro afectan también a Padrón.

Las viviendas de las promociones en las que la Agencia Tributaria ve indicio de delito corresponden a Bertamiráns, Urdilde, Teo, Padrón, Sigüeiro y Compostela ·· El mayor de los pagos ilegales corresponde a un piso de más de 390.000 euros, escriturado en 228.000 �?�

Los aproximadamente 7,6 millones de euros defraudados a Hacienda por el pago con dinero negro de parte de los pisos vendidos entre 2002 y 2003 por la inmobiliaria Mahía fueron construidos en distintas promociones llevadas a cabo en Santiago, Bertamiráns, Urdilde, Teo, Padrón y Sigüeiro, según pudo saber ayer EL CORREO.

El fraude a la Agencia Tributaria se produjo durante la compraventa de 1.800 pisos que formaban parte de diversas urbanizaciones realizadas por algunas de las empresas del grupo constructor compostelano.

En los documentos que fueron remitidos por la titular del Juzgado de Instrucción número uno de Santiago, Ana López-Suevos Fraguela, a la Delegación de Hacienda de A Coruña, aparecen algunas viviendas compradas íntegramente con dinero negro, como una de 84.742,71 euros de precio y del que no figura cantidad alguna en el precio registrado en la escritura pública, aunque sí un ingreso anotado en el apartado de «Cobros B» por la misma cantidad.

La cantidad mayor

Sin embargo, en los listados en los que la Agencia Tributaria encontró indicios de delito y tras lo cual respondió a la magistrada que investigara el presunto fraude, aparecen cantidades mucho mayores. Una de las viviendas, cuyo precio de venta era de 390.657,87 euros, aparece en la relación escriturada por 228.384,60 euros, cantidad que entró con dinero limpio en la «Cobros A», mientras que los 162.273,27 euros de diferencia tienen su correspondiente apunte en la denominada «Cobros B».

Desde los 300 euros

Y así continúa la larga lista de pisos pagados como estipula la legalidad y muchos otros cuya escritura pública está realizada por la cantidad que presumiblemente se pagó en dinero negro. Estas cantidades van desde los 300 euros a los referidos 162.273 euros, casi 30 millones de las antiguas pesetas.

La mayoría de las cantidades que figuran en los «Cobros B» rondan los 18.000 euros, aunque también hay numerosas anotaciones en ese apunte de 6.010,12 euros, que se corresponderían exactamente con el millón de las desaparecidas pesetas.

ANTE LA GUARDIA CIVIL Una denuncia de amenazas

Uno de los ex socios de Mahía, Manuel Gómez Maroñas, denunció el pasado 27 de mayo ante el cuartel del puesto de la Guardia Civil de Padrón que según había tenido conocimiento por una tercera persona, alguien había contratado a un individuo para que buscara pruebas con las que extorsionarlo, presumiblemente con el fin de que este ex socio de la constructora e inmobiliaria retirara las denuncias penales y civiles que había abierto en los juzgados de Santiago contra otro de los accionistas.

La denuncia sobre el presunto delito de amenazas y extorsión llegó al Juzgado de Primera Instancia de Padrón, cuya jueza se inhibió en favor del Juzgado de Instrucción Decano de Santiago, al que se le remitieron las actuaciones sobre estos presuntos hechos. En la actualidad se desconoce en qué trámite se encuentra esta denuncia y si se ha seguido investigando y la actual situación procesal .
LAS CLAVESAcusación de apropiación indebida

La división entre los socios del grupo Mahía surgió hace tres años, cuando Gómez Maroñas denunció a Ramón López Casal de apropiación indebida. La denuncia fue admitida a trámite y en el año 2006, hubo una vista preliminar en los Juzgados con toma de declaraciones.

La jueza remite papeles a Hacienda

En mayo, Gómez Maroñas entrega en el Juzgado de Instrucción número uno de Santiago diversos documentos sobre presuntos pagos en dinero negro de varias promociones. La magistrada remite los listados a Hacienda, que encuentra en los mismos indicios de delito.

Otra investigación en Valladolid

También el Juzgado de Instrucción número uno de Valladolid tiene un sumario abierto por el presunto intento de recalificar un suelo industrial en urbanizable para construir casi tres mil viviendas por parte de una de las firmas satélites de Maexpa, antigua Mahía. El juez quiso sobreseer el caso, pero la ­Audiencia Provincial lo obligó a retomarlo .

EL CORREO GALLEGO, 20/09/08