Un primer grupo de 21 concellos, entre ellos Pontecesures, delegan inspecciones y sanciones en la Axencia de Protección Urbanística.

La Xunta autorizó ayer la suscripción de los primeros siete convenios de adhesión de concellos a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, un órgano consorciado creado por el bipartito para velar por el uso racional del suelo con arreglo a la normativa urbanística y de protección del litoral. A través de esa adscripción voluntaria, esos siete concellos, a los que la semana próxima se sumarán 14 más para completar un grupo inicial de 21 municipios adheridos, delegan en la agencia sus competencias municipales para la inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad urbanística en suelo rústico, urbanizable y de núcleo rural.
Entre los siete concellos que son pioneros en su adscripción voluntaria al órgano figuran cinco con alcaldes del PSOE (Vilardevós, Carballeda de Avia, A Guarda, Castrelo do Val y Cedeira), uno con regidor del BNG (Sada) y otro gobernado por el PP (A Baña). A estos siete se sumarán la próxima semana 14, de los que seis tienen alcaldes socialistas; cuatro, populares; tres, independientes; y uno, nacionalista. Se trata de Abegondo, Oroso, Val do Dubra, Becerreá, Castroverde, Ribeira de Piquín, Castrelo de Miño, Gomesende, Maside, Piñor, Verín, Vilamarín, Moraña y Pontecesures.
Los convenios de adhesión a la agencia establecen que los ingresos obtenidos por multas coercitivas y sanciones administrativas impuestas en el ejercicio de las competencias delegadas serán repartidos al 50% entre la Xunta y los municipios.
El director de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, Hipólito Pérez, explicó ayer a este periódico que el órgano está trabajando en otras siete adhesiones, y sigue recibiendo más. Pérez puntualiza que, al margen de que los concellos deleguen sus competencias, la propia Axencia puede intervenir si el ayuntamiento no ejerce sus funciones. Pero, sin llegar a la vía punitiva, lo que más interesa al órgano es la labor de prevención. En ese sentido, Pérez apela a la colaboración de los alcaldes, bien por medio de la adscripción a la agencia o con la remisión de información sobre las infracciones que detecten.

LA VOZ DE GALICIA. 24/10/08