La Xunta «frena» la sanción a Picusa por verter fuel al río Ulla a la espera que se pronuncie la justicia.

La denuncia presentada por los valeiros tiene prioridad sobre el expediente administrativo

El expediente sancionador que el organismo Augas de Galicia abrió contra la empresa padronesa Picusa a raíz del vertido de fuel al río Ulla ocurrido en abril se encuentra paralizado a la espera de que se resuelva la denuncia judicial presentada por la agrupación de valeiros de Pontecesures contra la industria de curtidos. La vía judicial tiene prioridad sobre la administrativa, por lo que la Consellería de Medio Ambiente tendrá que esperar a que los juzgados se pronuncien para poder continuar con la tramitación del expediente, que, según indicó hace meses el director xeral de Conservación da Natureza, podría suponer una sanción económica de entre 30.000 y 300.000 euros para la empresa del Grupo Cortizo.

El organismo Augas de Galicia, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, paralizó la tramitación del expediente sancionador contra la empresa Picusa ­que en el mes de abril provocó un vertido de 2.000 litros fuel al río Ulla­ ya que, antes de resolverlo, tendrán que aguardar a que los tribunales de justicia se pronuncien sobre el tema. La agrupación de valeiros de Pontecesures presentó en mayo una denuncia en el juzgado de Vilagarcía por un presunto delito ecológico del que culpa a la industria de curtidos padronesa, que pertenece al Grupo Cortizo. La demanda prevalece sobre el expediente administrativo iniciado por la Xunta de Galicia, de manera que éste no podrá continuarse hasta que exista una resolución judicial.
Precisamente hace unos días el presidente en funciones del colectivo de valeiros, Ramón Barreiro, acudió a los juzgados vilagarcianos a prestar declaración con el objetivo de completar la denuncia, en la que se reclaman a Picusa compensaciones por las pérdidas que para los pescadores se derivaron del vertido. El juez le preguntó si podía aportar facturas que acreditasen el volumen de los perjuicios, pero �??iso non se pode cuantificar porque o vertido o que causou foron danos no medio ambiente�?� y en especies como la anguila, la solla o la lamprea ­que en el momento de producirse el episodio contaminante estaba en época de �??desove�?�­, por lo que las pérdidas �??son incuantificables. O que está claro é que imos sufrir danos e ver mermados os nosos ingresos�?� en las próximas campañas de captura, comenta Barreiro.

Por ello en la demanda no reclaman ninguna cantidad económica concreta a Picusa, sino que prefieren que sea el Ministerio Fiscal el que cuantifique a cuánto pueden ascender los daños provocados por el vertido. El tema está ahora pendiente de que se fije la fecha del juicio y Ramón Barreiro aguarda que, cuando se celebre la vista oral, �??volvan a chamarnos como testigos�?�.

En abril > El vertido de fuel al cauce del Ulla tuvo lugar a finales del mes de abril. Una fuga en un depósito en el que Picusa almacenaba fuel para el sistema de refrigeración de sus tanques provocó que el chapapote cayese en el río por una tubería de pluviales. Fueron unos 2.000 litros de hidrocarburos los que afectaron a unos seis kilómetros del río entre Padrón y Catoira, obligando incluso a Medio Ambiente a colocar barreras anticontaminación en varios puntos para evitar que el fuel afectase a la Ría de Arousa. La Consellería invirtió 70.000 euros en los trabajos de limpieza de las riberas del Ulla, para lo que montó un dispositivo formado por técnicos de Conservación da Natureza y Augas de Galicia, seis agentes, siete vigilantes, veinte obreros, personal de Picusa y varias embarcaciones. Durante diez días trabajaron en la retirada del chapapote del agua y la vegetación.

Inmediatamente después del vertido, Medio Ambiente abrió una investigación que derivó después en un expediente sancionador. Algunos de los detalles fueron revelados en el mes de mayo en el Parlamento de Galicia por el director xeral de Conservación da Natureza, Xosé Benito Reza, quien indicó que Picusa podría enfrentarse a una sanción económica de entre 30.000 y 300.000 euros. Además, la empresa tendría que invertir otros 10.000 euros para aumentar las medidas de seguridad en sus instalaciones, de cara a evitar que vuelvan a producirse fugas de hidrocarburos.

Sin embargo, esta propuesta de sanción está a hora paralizada hasta que el supuesto delito ecológico se resuelva en los juzgados.

DIARIO DE AROUSA, 04/11/08