La Diputación exige 4,2 millones al Gobierno para 12 municipios afectados por la AP-9, entre ellos Cesures y Valga.

La reclamación se apoya en sentencias dictadas en Madrid y con las que se obliga al Ministerio de Hacienda a pagar impuestos de los que se eximió a las concesionarias de autopistas en 1972

La Diputación exigirá al Gobierno que embolse un total de 4,2 millones de euros a doce municipios que soportan el paso de la AP-9. El organismo provincial reclama los ingresos que les corresponderían a doce municipios por los que transcurre la infraestructura y de cuyo pago se eximió a la concesionaria atendiendo a un real decreto en 1972. Pero ahora, con sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que obligan a abonar ese canon y en un momento de crisis en la que los concellos precisan de liquidez, desde el Pazo Provincial se inicia un proceso para conseguir que en Pontevedra se perciban las cantidades que consideran justas. De ser así, sólo se beneficiarían aquellos ayuntamientos cuyo sistema de recaudación se rige por el ORAL, entre los que no están Pontevedra ni Vigo.
La propuesta la explicó el presidente de la Diputación, Rafael Louzán, y su vicepresidente y responsable del ORAL, Xosé Crespo. Ambos se mostraron «convencidos» de lograr su objetivo, si bien reconocieron que podría retrasarse «todo o que tarde a Xustiza, que neste país e bastante lenta». De todos modos, con el argumento de «buscar fondos para asegurar a solvencia financeira dos concellos e poidan cooperar no emprego e no desenvolvemento económico», se da el visto bueno a esta idea que implica, entre otros trámites, una reclamación formal al Ministerio de Hacienda y un probable contencioso-administrativo contra ese departamento, ante lo que se sospecha como negativa a proceder a este pago.
Desde la Diputación aseguran que los impuestos recibidos por los ayuntamientos incluidos en esta reclamación desde 2007 y hasta la actualidad fueron 222.308 euros. Según las tesis que sostienen desde el gobierno provincial a ello se tendrían que sumar 4.232.252, lo que supondría para algunos de los municipios percibir cantidades similares a una tercera parte de su presupuesto anual.
Desde la Diputación realizan el cálculo a partir de 2007 porque fue entonces cuando estas infraestructuras viarias pasaron a ser valorados como Bienes Inmuebles de Características Especiales, lo que también refrendaría la reclamación que desde la Diputación realizan para aumentar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) ingresado. Louzán y Crespo explicaron que el problema parte de 1972. Hacienda exoneró a las concesionarias, entre ellas la que posteriormente se conocería como Audasa, del pago del 95 por ciento del Impuesto de Bienes Inmuebles, que es una competencia municipal. «Esta situación perxudica gravemente aos intereses económicos dos municipios afectados polo paso da autoestrada na provincia», subrayó Louzán.
Recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó una sentencia que señalaba que Hacienda no actuó correctamente y admitió el derecho de los administraciones locales a reclamar, estableciendo la obligación del Estado de compensar el 95 por ciento de lo no percibido. Esa es la base que sustenta la solicitud de la Diputación de Pontevedra al Ministerio de Hacienda, para que se compense a los ayuntamientos por los beneficios fiscales que tiene Audasa.
En este caso concreto son 12 los ayuntamientos que reclaman: Portas, Poio, Pontecesures, Tui, Valga, Vilaboa, Meis, Mos, O Porriño, Moaña, Barro y Caldas. Vigo y Pontevedra tendrían que plantear contenciosos independientes, ya que no están adscritos al ORAL para el cobro de sus tasas e impuestos. Crespo, dando por seguro el éxito en ese posible contencioso, mostró su complacencia por la iniciativa. «En tempos de crise hai que agudizar o inxeño, porque aos concellos quítannos o pan e o sal», defendió.

FARO DE VIGO, 30/05/09