La Audiencia reabre el caso contra Angueira por el excesivo consumo de gasoil

Revoca el archivo provisional de la causa dictado en Caldas y empuja el procedimiento hacia la apertura de juicio oral

Han pasado siete años desde que inició su andadura en los tribunales, pero el caso del gasoil sigue coleando en Pontecesures. Hace unos meses, el juzgado número uno de Caldas decidía el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta contra el alcalde, Álvarez Angueira, y contra el trabajador municipal Xurxo Gerpe. Esa decisión -que no era la primera vez que se tomaba- fue recurrida por Luis Ángel Sabariz y Alfonso Diz, y la Audiencia les ha dado la razón. En un auto dictado hace unos días, este tribunal decidía estimar su recurso y ordenaba al juzgado de Caldas la reapertura del procedimiento.

El origen del caso es una denuncia presentada en 2006 por el PP y la ACP contra Angueira y Gerpe, a los que acusaban de malversar fondos. Según afirmaban, el Concello habría abonado hasta 6.822 euros de más en concepto de pago de combustible por el vehiculo del servicio de obras, que entre 2003 y 2006 habría consumido una media de 400 euros mensuales de gasoil.

Una prueba pericial confirmaba que, efectivamente, entre los años 2003 y 2006 se habría producido «un consumo excesivo de gasoil en el vehículo del ayuntamiento Nissan Patrol». Sin embargo, el juzgado caldense concluyó que «no resultó debidamente justificada la perpetración del delito de malversación de fondos públicos», ya que «no se habría constatado ni que ese consumo fuese para fines ajenos a la función pública o para fines privados, ni tampoco se habría acreditado un ánimo de lucro en los imputados». De ahí, su decisión de archivar la causa. Pero los denunciantes no se rindieron, y presentaron un recurso en la Audiencia en el que afirmaban que, según las pruebas y testimonios recabados durante el proceso judicial sí «existirían indicios de la comisión del delito».

Señalan, por ejemplo, que una ex trabajadora de la gasolinera en la que repostaba el vehículo municipal había declarado que «las facturas de consumo privado del imputado Manuel Luis Álvarez Angueira se colocaban en el pincho destinado al ayuntamiento» y que «luego el otro imputado firmaba todos delante de ella para su pago con fondos del ayuntamiento». Ese testimonio, recuerda la defensa de los dos acusados, choca frontalmente con el de la administradora del mismo negocio, quien asegura que «el imputado pagaba él mismo los consumos de su vehículo privado».

El informe

El recurso ahora aceptado por la Audiencia argumenta también que el «exceso de consumo no tiene explicación razonable», ya que ni se puede achacar al mal estado del Patrol en cuestión, ni a que en las facturas se incluyesen los gastos en combustible de otros vehículos municipales: un chimpín que estuvo averiado mucho tiempo y un tractor cuyos servicios se requerían puntualmente.

La Audiencia ha tenido en consideración estos argumentos. «La prueba derivada de la Instrucción es de la suficiente entidad como para estimar que existen indicios racionales de criminalidad». Y parece empujar el proceso hacia la apertura de un juicio oral «donde se discuta la realidad de los hechos que constituyen el objeto de esta causa, contrastándose los diferentes testimonios e informes».

La Voz de Galicia : Arousa