Vivienda con orden de demolición y para la que se ha presentado un proyecto de legalización. gonzalo salgado
Aunque el propietario de la vivienda de O Rial sobre la que pesa una orden de demolición afirmaba el jueves que no habían logrado arbitrar ninguna solución para evitar la demolición de la casa, lo cierto es que ayer mismo, sobre las once de la mañana, se presentaba en el Concello de Pontecesures un proyecto de legalización del inmueble. El documento, redactado por el arquitecto Luciano Piñeiro Bermúdez, está a expensas de ser estudiado por los técnicos municipales para determinar si cumple los parámetros exigidos por el Plan Xeral, especialmente en lo que respecta al frente de la propiedad, que era el único escollo a salvar para poder legalizar la vivienda. El PXOM establece como obligatorios, al menos, doce metros de frente hacia terreno público, algo que no sucedía en este caso. En los últimos meses, el matrimonio dueño de la casa había lamentado en varias ocasiones la negativa de algunos vecinos a venderles los terrenos que necesitaban, pero al final parece que hubo acuerdo. El propio arquitecto confirmaba ayer que ??se adquirió un trozo de parcela?, de manera que quedaría resuelto ??el único problema que tenía la vivienda, que carecía del frente mínimo?.
La presentación del proyecto de legalización se produce prácticamente sobre la bocina, ya que el martes concluye la moratoria que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra había concedido al Ayuntamiento para redactar el proyecto de demolición de la casa unifamiliar, para cuya construcción se concedió licencia en el año 2000. Posteriormente, tras la denuncia presentada por un vecino, el permiso fue anulado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), fijándose como fecha límite para el desalojo y derribo el pasado 31 de enero. Este plazo acabó ampliándose en cuatro meses a petición del Concello, que argumentó ante el juzgado que necesitaba más tiempo para poder elaborar el proyecto de demolición. Esta moratoria abrió una nueva posibilidad para que los propietarios del inmueble pudiesen arbitrar una salida a la irregularidad urbanística, como parece que así ha sido.
Este diario se puso ayer en contacto con el dueño de la polémica casa, Gerardo José Carou Alcalde para darle la oportunidad de aclarar los motivos por los que el jueves ofreció una versión distorsionada de la realidad, asegurando que no habían encontrado alternativa para evitar la demolición de su vivienda. Carou se limitó a colgar el teléfono después de proferir insultos y descalificaciones hacia la alcaldesa, Maribel Castro, y el resto del gobierno. Su versión siempre fue la de culpar al Ejecutivo cesureño del problema, afirmando que el Plan Xeral aprobado en 2003 cuando la licencia ya se había anulado dejó su casa fuera de ordenación. Pero otras fuentes apuntan exactamente a lo contrario, ya que es precisamente el PXOM la herramienta que ofrece posibilidades para legalizar la vivienda. Esto no sería posible con las antiguas Normas Subsidiarias, ya que no se le podría otorgar licencia directa.
DIARIO DE AROUSA, 28/05/11