El asunto está judicializado en Vilagarcía, Vilanova, O Grove, Sanxenxo y Pontecesures.
El Decreto del Gobierno central de julio de 2012 que suprimió la paga extraordinaria de Navidad de ese año a los funcionarios y personal laboral de la administración pública sigue coleando. Más de un año después, los trabajadores de siete ayuntamientos de O Salnés y Ullán recibirán en las próximas semanas unos 300 euros de media cada uno, correspondientes a 44 días, pues hubo acuerdo entre los sindicatos y los gobiernos municipales. En el caso de los cinco municipios restantes, el asunto se resolverá en los juzgados.
Entre los 12 ayuntamientos de O Salnés y Ullán suman unos 2.000 trabajadores, de ahí que en los próximos meses vayan a ingresar un total aproximado de 600.000 euros. La estimación se realiza calculando que la media que recibirán ronda los 300 euros -esto varía mucho dependiendo de la categoría y la antigüedad de cada trabajador-, y la medida afectará al resto de funcionarios y trabajadores públicos de otras administraciones, con lo que la cuantía total final será mucho mayor.
Algunos de los ayuntamientos que llegaron a un acuerdo con los sindicatos ya pagaron, como es el caso de A Illa. Pero la mayoría del personal municipal empieza a cobrar ahora. Es el caso de los trabajadores de Cambados, que recibieron en la nómina de enero una media de 150 euros. Los 150 restantes se les ingresarán en los próximos meses. En Ribadumia, por su parte, la intención del gobierno era abonar de una sola vez esa parte de la extra, y su previsión era hacerlo entre este mes y el de febrero.
Acuerdos con los concellos
Tras el Decreto del Gobierno de Rajoy los sindicatos presentaron dos tipos de reclamaciones judiciales. Una, en el Tribunal Constitucional, al considerar que la medida vulneraba derechos fundamentales. Y otra en forma de demandas puntuales contra determinadas administraciones públicas, en las que reclamaban la devolución íntegra de la extra.
Las primeras sentencias fueron contrarias a los intereses de los sindicatos, pero al poco tiempo los fallos judiciales empezaron a darles la razón parcialmente. Así, rechazaban la devolución íntegra de la paga, pero sí condenaban a las administraciones demandadas a abonar la parte devengada y no cobrada de la misma. Eso suponía, en muchos casos, desde el 1 de junio de 2012, que es cuando nace el derecho a la extra de Navidad, y el 14 de julio de ese mismo año, que es cuando entró en vigor el Decreto estatal. Eso significaba el ingreso por persona de la cantidad correspondiente a 44 días.
Con esas sentencias en la mano, los sindicatos CC OO, UGT, CIG y CSIF acudieron a diferentes administraciones a negociar. Les decían a los alcaldes que habida cuenta de que los tribunales estaban dando la razón a los trabajadores lo mejor sería llegar a un acuerdo, evitando así el coste y las molestias de un proceso judicial. En el caso de O Salnés y Ullán, uno de los primeros con los que se habló fue el de Cambados.
Esto ocurrió en el mes de octubre, y el grupo de gobierno cambadés fue de los primeros de Galicia que aceptó un acuerdo con los representantes de la plantilla, comprometiéndose a abonar a sus trabajadores esa parte de la extra de diciembre de 2012.
Xan Caneda, de Comisiones Obreras, afirma que de hecho el acuerdo de Cambados se tomó como referencia en las negociaciones con muchos otros gobiernos municipales. Así las cosas, se fueron produciendo más acuerdos. En O Salnés y Ullán se firmaron en Cambados, Ribadumia, Meis, Meaño, A Illa, Catoira y Valga.
También el gobierno de O Grove estaba por la labor, pero al final no se cristalizó formalmente el acuerdo, y los sindicatos decidieron presentar una demanda antes de que se les agotase el plazo de un año para reclamar.
El gobierno de Vilagarcía, por su parte, aceptó la propuesta sindical, y de hecho pagó 14 días. Pero la junta de personal consideró que ese cálculo estaba mal hecho y que les correspondían 44, de ahí que el asunto terminase también en los tribunales.
También hubo casos en los que el alcalde aceptaba la operación, pero sus servicios municipales de Intervención le pusieron reparos al dudar de su acomodo legal tras el Decreto de Rajoy. Es el caso de Vilanova, de ahí que también en esta localidad el asunto esté en manos de los jueces.
Finalmente, la reclamación también se judicializó en Sanxenxo y Pontecesures. En esta última localidad ya hay sentencia, que fue favorable a los trabajadores, aunque solo les reconoce el abono de la parte correspondiente a 14 días. En Vilagarcía, Vilanova y Sanxenxo están pendientes de la vista, y en O Grove de sentencia.
Faro de Vigo
