El Consello Galego da Competencia, un organismo dependiente de la Consellería de Facenda, ha abierto un expediente sancionador contra el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) y la Agrupación de Arquitectos Peritos y Forenses del COAG por presunta realización de prácticas prohibidas en la normativa que regula la libre competencia. Tal y como ha informado la Administración gallega, las conductas consistirían en imponer a profesionales del sector requisitos para acceder a las agrupaciones, lo que dificulta sus posibilidades de acceso a las listas de arquitectos y peritos de designación judicial que manejan juzgados y tribunales. Unos procesos de selección de extraordinaria relevancia en un contexto de crisis económica, marcado por la falta de trabajo en el sector y en el que existe, además, una demanda muy elevada de asistencia jurídica gratuita, lo que multiplica la necesidad de designar judicialmente los peritos.
Otra versión
Desde el COAG, su decano, Jorge Duarte, ha explicado a La Voz que el colectivo de arquitectos colaborará con las autoridades de Competencia, pero ha advertido que la existencia de requisitos mínimos debe existir para que haya unas mínimas garantías de seguridad en el desempeño de trabajos. «Os requisitos son xa básicos; estamos a falar, para a pericia, de estar tres anos colexiado e facer un curso de formación», aclara.
Duarte entiende que no debe interpretarse como una práctica restrictiva la exigencia de una formación elemental y una experiencia que, a día de hoy, es igual para todos y permite ofrecer unas garantías. Hace ahora menos de un mes, el Consello Galego da Competencia anunciaba la apertura de un expediente sancionador contra el colegio de aparejadores por idénticos motivos: la existencia de indicios probados de que se usaba el acceso a las agrupaciones para limitar el acceso a una parte del colectivo a las listas de designación judicial.
Otras fuentes consultadas en el ámbito profesional de los arquitectos y los arquitectos técnicos, sin embargo, revelan que ha sido la crisis y la situación de necesidad la que ha desencadenado la existencia de prácticas que pueden considerarse restrictivas y con las que se podría estar limitando el acceso a profesionales para los trabajos de designación judicial. «Este é un problema que ven de vello e por algún lado, tarde o temprano, tiña que saír», revela un arquitecto que ha preferido omitir su nombre.
La apertura del expediente sancionador a los aparejadores, por ejemplo, tuvo su origen en una denuncia confidencial presentada contra el colegio profesional. Ante la existencia de indicios evidentes que apuntaban a una vulneración de la normativa de Competencia, el organismo gallego decidió abrir un proceso sancionador. La incoación de un expediente, tal y como precisa la Xunta, no prejuzga el resultado final de la investigación. Ahora se abre un plazo de 18 meses para su instrucción y su resolución. El COAG confía en que no se produzca ninguna sanción.
LA VOZ DE GALICIA, 18/04/12
