El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, confirmó ayer que el alcalde de Portas y todos sus concejales que ostentan la mayoría en el este ayuntamiento han solicitado la baja en el partido. La renuncia de Roberto Vázquez y todo su equipo se produce como consecuencia del juicio al que deberá someterse el alcalde por presunto delito fiscal y falsedad de documento público. Vázquez ha solicitado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, lo que supone el reconocimiento tácito de los hechos a cambio de una rebaja de la condena.
El panorama para el partido resultaba inadmisible no solo por la aceptación del delito, sino por ver sentado en el banquillo a uno de los suyos. Algo que ocurrirá de todos modos, porque mientras la Agencia Tributaria decide si acepta o no los términos de la propuesta presentada por sus abogados, el juicio ha sido fijado para el 19 de septiembre. Aún con acuerdo, Vázquez tendrá que pasar por el banquillo y reconocer ante el tribunal que acepta el pago de la cuota de 151.143 euros que supuestamente defraudó. Esta cantidad la tendrá que reintegrar íntegramente, aunque siempre ha negado la acusación de falsedad documental que se le imputa, ??de ello culpa a uno de los empleados de su constructora??.
Roberto Vázquez ya había sido denunciado por la oposición y acusado del delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, pero la condena de un año de suspensión y multa de 3.600 euros que inicialmente le impusieron fue revocada por la Audiencia Provincial. Apenas dos años después se abrió contra él otro proceso penal en relación a obras que su promotora ??inmobiliaria Pazos Souto 2000 S.L.?? realizó en la isla de Fuerventura. Según el escrito de la acusación, en la liquidación del Impuesto de Sociedades de 2005, Hacienda detectó que esta empresa, de la que es administrador el alcalde de Portas, declaró pagos de obras inexistentes utilizando para ello a otras dos firmas.
Además, el administrador y único socio de estas empresas, Pablo Vieira Vieira, quien supuestamente presentó las declaraciones del Impuesto de Sociedades del ejercicio 2006, había fallecido un año antes, por lo que su firma fue supuestamente falsificada.
EL PAIS, 06/6/2012
