El servicio en la piscina de Padrón continúa suspendido y sin visos de solución.

El Concello sigue con las negociaciones con Fenosa y pide información sobre el montante de la deuda

«De momento sigue sin haber piscina. ¿Hasta cuándo? No se lo puedo decir. Están teniendo una reunión en el Concello para ver si se llega a una solución». Así contestaba ayer por la mañana un trabajador de la piscina a una pregunta telefónica de este diario sobre el reinicio de la actividad de la piscina municipal, suspendido hace casi una semana al haber cortado Unión Fenosa el suministro eléctrico de las instalaciones por el impago de facturas de la luz.

Sobre el montante real de la deuda contraída por la empresa concesionaria con la firma eléctrica, la primera no suelta prenda, señalando que «estamos hablando de una cuantía muy pequeña respecto a los gastos y las pérdidas que registra la piscina. No puedo valorar exactamente cuál es la deuda», recalcaba hace unos días uno de los responsables de la concesionaria vía telefónica a este periódico.

Precisamente por eso, y «porque el Concello tampoco sabe a cuánto asciende el montante del impago», indica el alcalde Camilo Forján, «hemos pedido a Fenosa que nos aclare este asunto. De momento no hay solución a corto plazo y se ve difícil renegociar los pagos. Pero nosotros somos meros intermediarios, interesados eso sí en que se restablezca cuanto antes el servicio a los vecinos, pero la que tiene que resolver este problema es la concesionaria».

La propuesta hecha hace unos días por parte del gobierno de ingresar inmediatamente 6.000 euros como anticipo del pago a la empresa energética no ha cuajado. «Dicen que es una cuantía muy pequeña», indicaba ayer el regidor, tras haber hablado con un representante de Fenosa. Tampoco ha cuajado la expectativa de la concesionaria de solucionar el asunto «en horas». El servicio lleva ya interrumpido una semana y no hay visos de solución a corto plazo, por lo que algunos de los usuarios (especialmente los de rehabilitación) se plantean trasladarse a Santiago, Ames o Barbanza. Y otros, como madres de alumnos de centros adscritos a la piscina, no sólo se plantean cambiar de instalaciones, sino que indican que «si el servicio no se restablece esta semana, no estamos dispuestas a pagar el mes».

El Concello intentará hoy forzar una reunión a tres bandas.

EL CORREO GALLEGO, 18/11/08

La actividad de la piscina de Padrón queda suspendida hasta nuevo aviso.

La piscina municipal de Padrón tiene suspendida su actividad al menos hasta el principios de la próxima semana, después de que, por segundo día, el Concello no fuera capaz de contactar con directivos de Unión Fenosa para «mediar», para beneficio de los usuarios, en el problema que provocó el corte del suministro eléctrico a la instalación de O Souto. El gobierno padronés está dispuesto a adelantar a la concesionaria del servicio de la piscina los 6.000 euros correspondientes al último cuatrimestre del año, a fin de que pueda abonar las facturas que le adeuda a Fenosa. El alcalde Camilo Forján aseguró ayer que «o Concello non vai asumir as deudas da concesionaria da piscina» y que es un «simple intermediario» entre la misma y Fenosa para que el servicio se restablezca lo antes posible, como demandan los usuarios.

LA VOZ DE GALICIA, 15/11/08

La Xunta «frena» la sanción a Picusa por verter fuel al río Ulla a la espera que se pronuncie la justicia.

La denuncia presentada por los valeiros tiene prioridad sobre el expediente administrativo

El expediente sancionador que el organismo Augas de Galicia abrió contra la empresa padronesa Picusa a raíz del vertido de fuel al río Ulla ocurrido en abril se encuentra paralizado a la espera de que se resuelva la denuncia judicial presentada por la agrupación de valeiros de Pontecesures contra la industria de curtidos. La vía judicial tiene prioridad sobre la administrativa, por lo que la Consellería de Medio Ambiente tendrá que esperar a que los juzgados se pronuncien para poder continuar con la tramitación del expediente, que, según indicó hace meses el director xeral de Conservación da Natureza, podría suponer una sanción económica de entre 30.000 y 300.000 euros para la empresa del Grupo Cortizo.

El organismo Augas de Galicia, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, paralizó la tramitación del expediente sancionador contra la empresa Picusa ­que en el mes de abril provocó un vertido de 2.000 litros fuel al río Ulla­ ya que, antes de resolverlo, tendrán que aguardar a que los tribunales de justicia se pronuncien sobre el tema. La agrupación de valeiros de Pontecesures presentó en mayo una denuncia en el juzgado de Vilagarcía por un presunto delito ecológico del que culpa a la industria de curtidos padronesa, que pertenece al Grupo Cortizo. La demanda prevalece sobre el expediente administrativo iniciado por la Xunta de Galicia, de manera que éste no podrá continuarse hasta que exista una resolución judicial.
Precisamente hace unos días el presidente en funciones del colectivo de valeiros, Ramón Barreiro, acudió a los juzgados vilagarcianos a prestar declaración con el objetivo de completar la denuncia, en la que se reclaman a Picusa compensaciones por las pérdidas que para los pescadores se derivaron del vertido. El juez le preguntó si podía aportar facturas que acreditasen el volumen de los perjuicios, pero ??iso non se pode cuantificar porque o vertido o que causou foron danos no medio ambiente? y en especies como la anguila, la solla o la lamprea ­que en el momento de producirse el episodio contaminante estaba en época de ??desove?­, por lo que las pérdidas ??son incuantificables. O que está claro é que imos sufrir danos e ver mermados os nosos ingresos? en las próximas campañas de captura, comenta Barreiro.

Por ello en la demanda no reclaman ninguna cantidad económica concreta a Picusa, sino que prefieren que sea el Ministerio Fiscal el que cuantifique a cuánto pueden ascender los daños provocados por el vertido. El tema está ahora pendiente de que se fije la fecha del juicio y Ramón Barreiro aguarda que, cuando se celebre la vista oral, ??volvan a chamarnos como testigos?.

En abril > El vertido de fuel al cauce del Ulla tuvo lugar a finales del mes de abril. Una fuga en un depósito en el que Picusa almacenaba fuel para el sistema de refrigeración de sus tanques provocó que el chapapote cayese en el río por una tubería de pluviales. Fueron unos 2.000 litros de hidrocarburos los que afectaron a unos seis kilómetros del río entre Padrón y Catoira, obligando incluso a Medio Ambiente a colocar barreras anticontaminación en varios puntos para evitar que el fuel afectase a la Ría de Arousa. La Consellería invirtió 70.000 euros en los trabajos de limpieza de las riberas del Ulla, para lo que montó un dispositivo formado por técnicos de Conservación da Natureza y Augas de Galicia, seis agentes, siete vigilantes, veinte obreros, personal de Picusa y varias embarcaciones. Durante diez días trabajaron en la retirada del chapapote del agua y la vegetación.

Inmediatamente después del vertido, Medio Ambiente abrió una investigación que derivó después en un expediente sancionador. Algunos de los detalles fueron revelados en el mes de mayo en el Parlamento de Galicia por el director xeral de Conservación da Natureza, Xosé Benito Reza, quien indicó que Picusa podría enfrentarse a una sanción económica de entre 30.000 y 300.000 euros. Además, la empresa tendría que invertir otros 10.000 euros para aumentar las medidas de seguridad en sus instalaciones, de cara a evitar que vuelvan a producirse fugas de hidrocarburos.

Sin embargo, esta propuesta de sanción está a hora paralizada hasta que el supuesto delito ecológico se resuelva en los juzgados.

DIARIO DE AROUSA, 04/11/08

Audi vendido por un agente de Padrón: «El coche tenía 145.894 km., y no los 76.250 con que lo compré»

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Un noiés se entera a través de la ITV de que su automóvil tenía casi el doble de kilómetros un año antes de que se lo vendieran

Una semana después de que se descubriera el fraude del trucaje en el cuentakilómetros de los coches, siguen apareciendo compradores estafados. Es el caso de Mario Amor García, un noiés que decidió invertir en calidad y comprar, en febrero del 2007, un Audi A4 Avant 1.9 TDI, para lo que contactó con un agente de Padrón. «En ese momento, la persona que me atendió me dijo que no disponía de ninguno, pero que en cuanto lo tuviera me avisaba», relata.
Días después, el agente llamó para avisarlo de que tenía uno en color gris con faros de xenón, paquete S-Line, llantas de 17, interior deportivo, y asientos, pomo y volante de cuero. Tras verlo y acordar el precio (19.500 euros, más de lo que le había dicho en un principio, porque «los extras hay que pagarlos»), Mario se fue a casa con su Audi, «un coche de cinco años que tenía 76.250 kilómetros», aunque sin factura, la cual le «llegaría por correo días más tarde», según le detalló el agente.
«No pasaron muchos días en aparecer unos ruidos en el motor por lo que llevé el vehículo al taller acordado», explica. Después de un tiempo sin coche, los mecánicos le dijeron que el ruido era normal y que se fuera a su casa. Pero a las cinco semanas «un fallo en el caudalímetro dejaba al vehículo sin fuerza», por lo que tuvo que repetir el procedimiento. «Llamé al agente y me dijo que hasta dentro de ocho días no me podía atender porque tenía mucho trabajo. Además, tampoco me podía dejar ningún coche», aclara Mario.
«Estaba siempre en el taller»
Por si fuera poco, el propietario nunca recibió una señal de que dejaba el vehículo en el taller, «porque no pagaba las facturas», según le dijo el dueño. Y así ocurrió durante diez interminables meses: «Si no era por una cosa, era por otra, pero el automóvil estaba siempre en el taller», recuerda el estafado.
Pero, ¿cuál fue la gota que colmó el vaso? Como el vehículo no tenía pegatina de la ITV, Mario Amor decidió solicitarla a la estación de Valencia, donde había pasado la revisión. «Un año antes de que me lo vendieran, el coche tenía 145.894 kilómetros, y no los 76.250 con que lo compré. Me enteré, sin querer, de que el coche tenía casi el doble de kilómetros que cuando me lo habían vendido». Además de que «todos los extras eran originales de la marca», añade. Y fue ahí, harto de tantas reparaciones y aún sin factura, cuando decidió pedirle al agente que le devolviera el dinero, a lo cual este le respondió que no.
Con una denuncia de por medio y en el juzgado, el agente entregó la factura, pero «a nombre de una empresa de la que nunca se había hablado». De modo que será el juez el que determine si el responsable de lo sucedido es el agente o la empresa emisora de la factura.

LA VOZ DE GALICIA, 11/10/08

La Audiencia ve indicios de delito en los gastos de gasoil de la época de Angueira y ordena investigar.

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El vehículo Nissan Patrol, del departamento de Obras, es el centro de la polémica del gasoil.

La Audiencia Provincial de Pontevedra ordenó al juzgado de instrucción número 1 de Caldas de Reis que investigue el presunto fraude del gasoil cometido en Pontecesures durante el mandato del ex alcalde Luis Álvarez Angueira, unos hechos que fueran denunciados por el Partido Popular, primero, y por los concejales no adscritos Luis Sabariz y Alfonso Diz, después, que consideran que pudo haberse cometido una supuesta ??malversación de fondos públicos?. Inicialmente, el juzgado caldense había desestimado ambas denuncias pero, tras varios recursos, la Audiencia decidió que la causa debe instruirse ya que percibió ??indicios de delito? en el consumo ??exhorbitado? del Nissan Patrol del departamento de Obras.

La Audiencia Provincial considera que existen ??indicios de delito? en el elevado gasto en gasoil del vehículo Nissan Patrol del departamento de Obras del Concello de Pontecesures, un consumo que califica de ??exhorbitado? y que se produjo durante el último mandato del nacionalista Luis Álvarez Angueira. Por ello, la Audiencia ordena al juzgado de instrucción número 1 de Caldas que admita a trámite las denuncias presentadas por el PP y por los concejales no adscritos Luis Sabariz y Alfonso Diz y que investigue los hechos. A estas demandas además, está adherido el Ministerio Fiscal y están formuladas contra el ex alcalde, Álvarez Angueira, y contra el encargado de Obras y responsable local del BNG, Xurxo Gerpe Jamardo, que firmaba los albaranes del gasoil. A ambos los consideran autores de presuntos delitos de ??malversación de caudales públicos?, puesto que sospechan que los fondos municipales eran ??desviados para fines privados?.
El Patrol de Obras tuvo, entre los años 2003 y 2006 un consumo medio de más de cien litros por cada 100 kilómetros, habiendo épocas en las que el gasto fue de 199 litros por cada 100 kilómetros, como sucedió entre agosto y noviembre de 2004. El auto de la Audiencia indica que, de ser ciertos estos hechos, ??sí revestirían caracteres de infracción penal, en principio de un posible delito de malversación?, ya que el gasto parece ??injustificado por imposible en la realización de los fines públicos asignados? al citado vehículo. Añade que los querellantes y denunciantes tienen el ??fundado indicio de que, o bien no se han efectuado dichos consumos de gasoil, lo que presupodría una apariencia documental en este gasto pero su desviación para otros fines presuntamente particulares; o, de ser un gasto real, la utilización en provecho propio?.

Con esta resolución la Audiencia contradice a la titular del juzgado de instrucción número 1 de Caldas, que había desestimado la denuncia presentada por el PP en diciembre de 2006, dictando el sobreseimiento de la causa y el archivo de la misma, al argumentar que los hechos, ??aún de ser ciertos, no revisten caracteres de infracción penal?. Los populares cesureños recurrieron en reforma y a ellos se adhirió el Ministerio Fiscal, pero el juzgado caldense volvió a rechazar sus pretensiones. Por ello apelaron a la Audiencia y fue entonces ­ya en el año 2007­ cuando Luis Sabariz y Alfonso Diz presentaron una segunda querella con nuevos datos conseguidos de las facturas del gasoil.

Rechazo > La jueza caldense la unió a la del PP y volvió a desestimarlas, pero ahora la Audiencia deja sin efecto esta decisión ??para averiguar los hechos?. Insta por tanto a la instructora a ??admitir a trámite la denuncia y la querella presentadas y decidir a cerca de las diligencias de investigación, cuya práctica le es interesada para el esclarecimiento de los hechos, delimitándose el objeto de la investigación al gasto en combustible y correspondiente uso del vehículo Nissan Patrol?.

El Auto de la Audiencia apunta también que fue la querella de Sabariz y Diz la que ??concretó, en mayor medida, los indicios delictivos?. En ella se incluyen tablas con el consumo del Patrol desde 2003 hasta diciembre e 2006, haciendo constar como, tras la denuncia pública de los hechos, el gasto en combustible se redujo notablemente y se cambió también al conductor del vehículo, que hasta entonces era Xurxo Gerpe. En su demanda, los no adscritos dejan constar su sospecha de que ??con cargo a las arcas municipales se distribuía combustible para vehículos ajenos al Ayuntamiento?.

DIARIO DE AROUSA, 08/10/08

Rafael Randulfe: «Llegaremos hasta el final».

El actual portavoz del PP de Pontecesures. Rafael Randulfe manifestó ayer su intención de «llegar hasta el final» con el proceso judicial sobre el supuesto consumo irregular de gasoil, dejando claro que «nosotros no acusamos a nadie, sólo vimos cosas muy extrañas y queremos que se descubra qué era lo que pasaba con el combustible. No tenemos animadversión contra nadie. sólo que ese consumo es imposible». Además reconoció el trabajo realizado por su antecesor al frente del grupo municipal popular, Angel Souto, que se encargó de la mayor parte de la investigación sobre estas facturas del gasoil. a pesar de que «el gobierno de entonces le puso impedimentos para poder acceder a la documentación». Por su parte Luis Ángel Sabariz Rolán, se remitió a lo que «di a xustiza» (el auto de la Audiencia) y cree que los datos sobre el consumo desorbitado del Nissan Patrol de Obras están «perfectamente concretados e acreditados documentalmente», por lo que aguarda que la resolución judicial del caso les sea favorable.

DIARIO DE AROUSA, 08/10/08