juzgado

Los Posse entregan 30.000 firmas al Valedor a tres semanas del juicio de Maiz.

Isabel y Pilar Posse, hermanas de María Luz, a la entrada de las oficinas del Valedor do Pobo.

El Valedor do Pobo, Benigno López se interesó ayer por el caso de María Luz Posse, muerta en el vestíbulo del cuartel de Cambados de un certero disparo en el “entrecejo” a manos de su ex compañero sentimental y agente de la Guardia Civil, Jaime Maiz Sanmartín, que se halla en libertad en espera de juicio.
A la entrevista acudieron las dos hermanas de la víctima, Isabel y Pilar, quienes sellaron en el Registro de dicha institución cerca de 30.000 firmas que apoyan una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el sentido de que los asesinos confesos no puedan salir de prisión hasta que se cumpla lo dictado por sentencia.
Los apoyos fueron recabados en los últimos tres meses, pues el 5 de febrero pasado Jaime Maiz Sanmartín salió de prisión como consecuencia de un supuesto error judicial que la familia atribuye a la anterior titular del Juzgado 3, Eva Armesto, pero que puede ser derivado de una diferente interpretación de la norma por parte de la Audiencia, según otras fuentes jurídicas.
Ahora, el ya ex agente de Cambados se encuentra en libertad provisional a expensas de que se celebre el juicio con jurado popular los días 15, 16 y 17 de junio con la única condición de que todos los días comparezca en el Juzgado de Ferrol y la limitación geográfica de no acercarse a la localidad de Cambados, donde residen los hijos de la víctima.
El Valedor do Pobo expresó a las dos hermanas de María Luz Posse su coincidencia de opinión con las pretensiones de la familia, pero recordó que él no tiene competencias en la materia por lo que su único papel va a ser el de transmitir la situación al Defensor del Pueblo, en Madrid.
“Fue muy amable con nosotras, durante los veinte minutos que duró la reunión”, explicó ayer Pilar Posse. “Se interesó, sobre todo, por cómo estábamos viviendo la situación y se quejó de que pudiera haberse cometido un error judicial como el que afecta a nuestra familia”.
Benigno López se comprometió a tramitar las 30.000 firmas ante el Defensor del Pueblo para que éste a su vez las remita al Ministerio de Justicia, que dirige el gallego Francisco Caamaño.
Precisamente, la familia Posse ha criticado al ministro por haber incumplido su compromiso de recibirles y recoger los apoyos a la pretensión de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
“Se ofreció a estar con nosotros en un acto político que se celebró en Ribeira y pese a que nuestro hermano Antonio vive en Madrid y tuvo con él todos los folios con las firmas no se dignó a cumplir con su promesa”, reiteró ayer la hermana de María Luz.
Ahora esperan que este trabajo de tres meses no caiga en saco roto pues “son 30.000 opiniones de ciudadanos de toda España”, insiste Pilar Posse.
Asegura que toda la familia está pasando un tremendo trance desde que se produjo el crimen en el cuartel de Cambados, pues van a tener que revivir los hechos dentro de tres semanas en la Audiencia de Pontevedra.
“Lo que más nos duele es que vamos a ver llegar a ese individuo con las manos libres, sin esposas, como si no hubiera hecho nada”, señala.
Pero sobre todo temen que sea ahora cuando intente eludir la acción de la Justicia “pues la vista está muy próxima”. De ahí que consideren fundamental que se vigilen todos los pasos de este individuo para que no se produzca una fuga, no en vano se arriesga hasta veinte años de prisión.
Cabe recordar que el abogado que ejerce la acusación particular solicitará al jurado que dicte un veredicto de culpabilidad por un delito de asesinato por lo que pide una pena de entre 15 y 20 años de cárcel.
El fiscal, por su parte, califica los hechos como homicidio y propone que se le prive de libertad entre 8 y 15 años.
Respecto a la atenuante o eximente por alcoholismo, la familia de María Luz Posse, creen que no se podrá tener en cuenta “pues ha demostrado una gran sangre fría cuando intentó evitar que nuestra hermana presentase una denuncia por acoso contra él, cuando subió a su habitación en el cuartel y cuando realizó un disparo certero en la cabeza de nuestra hermana”. “Si tuviera las facultades alteradas, seguro que dispararía a discreción contra todo el que estuviera allí”, señala Pilar Posse.
Reconoce asimismo que cada día que pasa se encuentran con un mayor desasosiego por la proximidad del juicio aunque esperan que “se acabe todo de una vez” pues la situación afecta en especial a los padres y a los hijos de María Luz “que son quienes lo van a pasar peor”.
Con todo, la familia Posse reconoce que está muy agradecida con todas las muestras de solidaridad que han recibido desde que se cometió el crimen y en particular tras la recogida de firmas.

FARO DE VIGO, 27/05/10

Por Luis Angel Sabariz Rolán, fai

Los Posse entregan las fimas que plantean una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Acuden mañana a Santiago a la oficina del Valedor do Pobo

El Valedor do Pobo recibe mañana las firmas recogidas por la familia de María Luz Posse en los últimos meses para promover la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente pues permite que un asesino confeso esté en libertad sin que se haya celebrado todavía el juicio. Se trata de un mero trámite pues Benigno López debe remitir toda la documentación al Defensor del Pueblo para que sea dicha institución la que inste la modificación legislativa.
El escrito se plantea a modo de “queja” en la que se critica el “anormal funcionamiento de la Administración de Justicia” en este tipo de casos de extrema gravedad.
De hecho recuerdan que el 16 de diciembre de 2007 “María Luz Posse Fernández fue brutalmente asesinada con un disparo en la cabeza cuando se encontraba en el cuartel de la Guardia Civil de Cambados para interponer una denuncia por acoso contra su ex pareja, agente de dicho Cuerpo, en activo por aquellas fechas”.
Tras dos años en prisión preventiva, el 16 de diciembre de 2009, “la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cambados, Eva Armesto, dicta un auto en el que se acuerda la prórroga de la prisión provisional del imputado”, Jaime Maiz Sanmartín.
Explican asimismo que el 3 de febrero de 2010, la Audiencia Provincial de Pontevedra “revocó el anterior auto y decretó la puesta en libertad del imputado, por haber sido dictado el auto que prorrogaba la prisión de modo extemporáneo”.
Tanto la acusación particular como el Ministerio Fiscal interpusieron reiterados recursos al objeto de que el acusado ingresara nuevamente en prisión, sin que al respecto “ninguno prosperase por no haber en el Derecho español ningún mecanismo especial que impida que criminales confesos o sorprendidos in fraganti puedan ser puestos en libertad antes de ser juzgados, si el juez competente prorroga extemporáneamente una orden de prisión provisional”.
Asimismo reiteran al Valedor que en estos momentos “un presunto asesino se encuentra en libertad a la espera de juicio”, fijado para el próximo mes de junio en la Audiencia de Pontevedra.
Cabe recordar que Jaime Maiz está obligado a comparecer en el juzgado de Ferrol, ciudad en la que vive con su madre, todos los días, incluidos los festivos, a la vez que tiene orden de no entrar en el municipio de Cambados, donde residen los hijos de la víctima.
La familia sigue temerosa de que Maiz pueda eludir en algún momento la acción de la Justicia y que se dé a la fuga antes de la celebración de la vista con jurado popular.
Por todo ello solicitan al Defensor del Pueblo que “presente una iniciativa de reforma legislativa, bien directamente ante el Gobierno o ante el Poder Legislativo en su informe anual, y así mismo, y en el ejercicio de sus funciones”. También plantean que dé conocimiento al Ministerio Fiscal para que éste a su vez “investigue la realidad de los mismos y adopte las medidas oportunas con arreglo a la ley, o bien dé traslado de las mismas al Consejo General del Poder Judicial para que depure responsabilidades”.

FARO DE VIGO, 25/05/10

Por Luis Angel Sabariz Rolán, fai

La Audiencia descarta a cuatro jurados para la vista del crimen de la valguesa Mari Luz Posse.

La familia de la víctima entregará la próxima semana las 25.000 firmas pidiendo un cambio de legislación.

La Audiencia Provincial de Pontevedra trabaja en la selección de las personas que formarán el jurado en la vista sobre el asesinato de Mari Luz Posse, la vecina de Cambados que fue tiroteada hace dos años por su ex pareja, un guardia civil de Ferrol destinado en el puesto de la villa arousana. Ayer, el letrado que asiste a la familia de la víctima informó de que el organismo judicial ha descartado mediante un auto a cuatro de los integrantes del jurado. Dos de ellos por haber realizado anteriormente esta función, un tercero por tratarse de una señora de avanzada edad, 91 años, y, por último, una joven que contraerá nupcias al día siguiente de la primera sesión prevista para el juicio.
Otra de las novedades con respecto a un caso que causó enorme conmoción en toda Galicia es la fecha en la que la familia formalizará la entrega al Valedor do Pobo de las 25.000 firmas que ha recogido. Aunque en principio este trámite estaba previsto para esta semana, finalmente problemas de agenda han obligado a posponerlo hasta el próximo miércoles. Las rúbricas se pondrán en sus manos a las diez y media de la mañana en la sede de la institución, ubicada en la calle de O Hórreo, en Santiago, junto al Parlamento de Galicia.
El mecanismo legal de presentación consiste en una queja por el anormal funcionamiento de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La familia de Mari Luz Posse solicita que sea modificada para que criminales convictos y confesos no puedan ser puestos en libertad porque un juez se olvide de dictar la prórroga de la prisión, y evitar que la Audiencia Provincial y el titular de una sala de primera instancia mantengan criterios distintos al respecto de esta cuestión. Cabe recordar que el acusado, Jaime Maiz, quedó en la calle, aunque acude a diario al juzgado de Ferrol, después de que la entonces jueza del número 3 de Cambados pidiese la prórroga fuera de plazo.

LA VOZ DE GALICIA, 23/05/10

Por Luis Angel Sabariz Rolán, fai

La Audiencia realiza hoy el sorteo del que saldrán los 9 jurados del juicio del asesinato de Mari Luz Posse.

Los ciudadanos seleccionados deben determinar si el guardia civil es culpable o no de la muerte de María Luz Posse, y si existen suficientes pruebas contra él

La Audiencia Provincial de Pontevedra celebra esta mañana el sorteo para la designación de las personas que compondrán el Tribunal del Jurado encargado de dirimir si Jaime Maiz Sanmartín es culpable o no de la muerte de su ex pareja María Luz Posse. Todos los años pares, a mediados de septiembre, se realiza un sorteo entre todas las personas que están en el censo electoral, y se hacen unas primeras listas por provincias.
Posteriormente, cuando se va a iniciar un juicio, se hace un nuevo sorteo entre todos los individuos cuyo nombre aparece en aquella primera lista. En ese segundo sorteo ??como el de hoy en Pontevedra?? se seleccionan una treintena de nombres con un programa informático.
Estos candidatos deben contestar a un cuestionario escrito, y posteriormente se les cita a una reunión, en la que el magistrado y las partes implicadas en el juicio les hacen una serie de preguntas. Tras escuchar las respuestas, si entienden que una persona determinada no cumple con los requisitos necesarios para ser jurado solicitan su exclusión de la lista de candidatos. Finalmente, entre los que no hayan sido “cribados” se realiza un tercer sorteo, del que salen nueve personas y dos suplentes.
La legislación establece que puede ser citado a formar parte de un Tribunal del Jurado cualquier ciudadano español mayor de edad ??están eximidos quienes sobrepasen los 65 años o ya hayan sido jurado una vez en los últimos cuatro años??, que sepa leer y escribir y que esté en pleno uso de sus facultades.
La función de jurado está retribuida económicamente y el último día del juicio, en el que deben hacer público su veredicto, todos los integrantes deben permanecer incomunicados, hasta el extremo de que incluso se les retiran los teléfonos móviles. Para que el veredicto de un jurado popular sea condenatorio hacen falta siete votos; y para determinar que no existen pruebas suficientes del delito son necesarios cinco votos. Una vez conocido el veredicto del jurado popular, y si éste es condenatorio, es el magistrado profesional que establece la pena que corresponda al procesado.
La ley que regula la creación y funcionamiento de los Tribunales de Jurado es de 1995, aunque desarrolla una disposición ya prevista en la Constitución de 1978. El objetivo de esta medida es fomentar la participación ciudadana en la justicia, como valor democrático y de libertad. Asimismo, se prohíbe la designación como jurado de toda la Familia Real, de los altos cargos de los gobiernos central y autonómicos, o de los policías y guardias civiles.
Ocasionalmente, los tribunales ciudadanos se ven envueltos en la polémica. Uno de los casos más recientes y controvertidos de los últimos tiempos fue el del jurado que declaró la inocencia por asesinato de Jacobo Piñeiro Rial, un hombre juzgado en Vigo por la muerte a cuchilladas de una pareja de homosexuales que le habían invitado a su piso.
El jurado seleccionado a partir de hoy ??en principio, sus nueve integrantes en el juicio de junio saldrán de la treintena de nombres que esta mañana escoja al azar el ordenador?? será el encargado de dictaminar si Jaime Maiz es culpable o no de la muerte de María Luz Posse Fernández, y si existen pruebas suficientes para condenarle.
Maiz es el guardia civil que en diciembre de 2007 mató a su ex novia en el vestíbulo del cuartel de la Guardia Civil de Cambados. En la actualidad está en libertad provisional, y el juicio contra él es en Pontevedra a partir del 15 de junio.

FARO DE VIGO, 14/04/10

Por Luis Angel Sabariz Rolán, fai

La jueza de Cambados deriva a la Audiencia de Pontevedra el caso del guardia que mató a su ex novia.

La titular del Juzgado número 3 de Cambados, Eva Armesto, celebró en la mañana de ayer la audiencia preliminar previa al traspaso a Pontevedra de las diligencias del asesinato de Mari Luz Posse, la mujer a la que mató hace dos años su ex novio, el guardia civil Jaime Maiz, en libertad provisional desde hace unas semanas. En esa vista, tanto la acusación particular como la Fiscalía calificaron como asesinato los hechos ocurridos en el cuartel de la Guardia Civil de Cambados.
Con esta decisión, Eva Armesto deriva a la Audiencia de Pontevedra el caso para la apertura oral del juicio antes de que ella abandone los juzgados de Cambados, ya que dentro de unas semanas ocupará nuevo destino en Ponteareas.
Pero antes de que se celebre el juicio, la Audiencia de Pontevedra deberá resolver dos recursos pendientes; uno por parte del abogado del acusado, que pide más pruebas, y otro de la acusación particular, que solicita que se investiguen los supuestos malos tratos continuados que Jaime Maiz infligió a su ex pareja antes de matarla, para que se le juzgue también por esta causa.
Lo que no se sabe es si será la propia Audiencia Provincial la que resuelva estos recursos o si, en caso de admitirlos, devolverá el expediente a los juzgados de Cambados, lo que podría retrasar todavía más la celebración del juicio.

LA VOZ DE GALICIA, 08/03/10

Por Luis Angel Sabariz Rolán, fai

Juicio contra el detenido por tráfico de drogas en Pontecesures.

Penas de entre tres y cuatro años para quince traficantes de O Vao
Los presuntos suministradores de esta banda, un colombiano y dos arousanos detenidos en Cambados y Pontecesures, se declararon inocentes

Tres de los diecinueve detenidos en el marco de la operación Volusia, una redada que permitió desarticular un importante punto de venta de droga en el poblado de O Vao, aseguraron ayer en la Audiencia de Pontevedra que son inocentes y que no eran los encargados de la distribución de la droga, por lo que serán juzgados mañana por presunto delito contra la salud pública.

Se trata de las tres personas que, según la Fiscalía, proporcionaban la droga a todo este entramado para su posterior venta al menudeo desde el poblado, un colombiano y dos arousanos que habían sido detenidos en Cambados y Pontecesures.

La vista oral de ayer se celebró con rapidez, ya que quince de los acusados, la mayoría mujeres de etnia gitana, vecinas de O Vao, se reconocieron culpables de vender droga, entre ellas Ana María Jiménez, de 46 años, arrestada en su vivienda de Mourente en una intervención que desencadenó la redada que se llevó acabo en junio de 2006. Esta acusada aceptó, al igual que las otras personas que se declararon culpables penas que oscilan entre los 3 y 4 años de prisión.

Además, el Ministerio Fiscal retiró ayer los cargos contra una de las imputadas, una mujer de etnia gitana y edad avanzada.

La Fiscalía solicita penas que oscilan entre cuatro y seis años de prisión para cada uno de los diecinueve presuntos traficantes de drogas que fueron detenidos en el marco de la operación Volusia, un despliegue del Cuerpo Nacional de Policía que se llevó a cabo el 27 de junio de 2006 e incluyó una redada en el poblado de O Vao en la que participaron un centenar de agentes.

La Policía practicó también ocho registros, cinco en el propio poblado, y otros tres en Mourente, Pontecesures y Cambados, durante los que se incautó de 900 gramos de cocaína, 100 de heroína, sustancias utilizadas para cortar los estupefacientes, alrededor de 100.000 euros, 2,5 kilos de joyas, un revólver, una pistola de aire comprimido, una carabina con los cañones recortados y distintas armas blancas, entre otros efectos.

Las investigaciones relativas a esta intervención, activadas en octubre de 2005 por la Policía Local de Pontevedra, comenzaron en Mourente, parroquia en la que se localizó una vivienda en la que, presuntamente, se recibían sustancias estupefacientes que, una vez cortadas, se ponían a la venta, especialmente en el poblado de O Vao.

Como ya publicó en su día este diario, especialistas de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) pudieron constatar posteriormente que la droga llegaba a Mourente procedente de Pontecesures, cuando se trataba de heroína, y Cambados, en el caso de tratarse de cocaína.

EL CORREO GALLEGO, 03/03/10

Por Luis Angel Sabariz Rolán, fai