El derribo de la vivienda unifamiliar de O Rial sobre la que pesa una orden judicial se prolongará, al menos, hasta finales de mayo. El Ayuntamiento cesureño solicitó una demora de cuatro meses de la orden de derribo al Jugado de lo Coctencioso Administrativo nº3 de Pontevedra con la intención de redactar el proyecto de demolición, que costará aproximadamente 3.000 euros a las arcas municipales, tanto si finalmente se materializa como si no. El plazo concluirá hacia finales de mayo y, aunque ambos trámites son totalmente diferenciados, los propietarios podrán aprocechar estas semanas para tratar de legalizar la situación de la vivienda.
De hecho, aunque la orden de derribo es irreversible, podría paralizarse si la familia logra ese propósito. Sobre el inmueble pesa una orden judicial del TSXG por incumplir las directrices urbanísticas, por lo que la licencia municipall fue anulada. El PXOM de 2003 exige que la casa tenga una entrada por el frente de 13 metros de ancho hacia el terreno público, una norma que se incumple en este caso, ya que sólo tiene nueve. Fuentes consultadas apuntaron la posibilidad de nuevas gestiones entre los efectados y un particular para hacerse con los terrenos necesarios para ampliar el frente, una solución imposible hasta el momento.
Mientras, los propietarios llevan recogidas más de 5.000 firmas en varios municipios para evitar el derribo. “O Concello non debería ternos deixado fóra da alineación co novo Plan Xeral. As outras casa dos arredores tamén son ilegais”, sostiene el cabeza de famillia, Gerardo Carou.
DIARIO DE PONTEVEDRA, 15/03/11
