Trescientas personas protestan contra el cierre de la fábrica «Novo y Sierra».

Los trabajadores de la derámica valguesa se encontraron ayer con la solidaridad de sus convecinos y autoridades de Valga y Pontecesures. Ni el sol de justicia que ayer caía a plomo les amilanó a los cerca de 300 asistentes a la marcha de casi una hora y media que se comenzó en horario de toros.
Con puntualidad inglesa salió la manifestación desde Pontecesures en dirección a la cerámica que ha echado el cierre después de 70 años de actividad y de dar trabajo a casi cuarenta familias de ambos municipios.
El problema es que además llueve sobre mojado y los empleados de «Novo y Sierra», pasan a engrosar las listas del INEM en el mismo sector que hace pocos meses se inscribieron sus colegas de «Cedonosa».
Al término de la protesta, sin embargo, había cierta satisfacción por parte de la plantilla, ya que contaron con el apoyo directo de Maribel Castro, alcaldesa de Pontecesures, y Jose Mª Bello Maneiro, de Valga, además de miembros de ambas corporaciones. A la cita también acudieron responsables de CC.OO y de la CIG así como otros ediles de municipios próximos.
La pancarta que abrió la marcha ilustró el sentir de todos los presentes. La convocatoria se convirtió en un clamor por el empleo en época de crisis.
Los asistentes anunciaron que continuarán con la lucha con el fin de tratar de recuperar sus puestos de trabajo.
Aseguran que no están dispuestos a soportar que la empresa pueda venderse a otros inversores y que estos decidan contratar a personal distinto al que hasta ahora vino realizando las difíciles labores que le corresponden.
La alcaldesa de Pontecesures hizo hincapié en el desarrollo pacífico de esta manifestación «ya que no hubo ningún incidente» a pesar de que duró casi hora y media.
Al concluir la marcha, frente a la histórica fábrica valguesa, los organizadores leyeron sendos comunicados en los que hicieron un relato de la situación en la que se encuentra la empresa, cuya quiebra se promovió hace pocas semanas.
Precisamente hace unos días los trabajadores participaron en otra concentración de protesta en Pontevedra, en defensa de sus puestos de trabajo. Asimismo rechazan, por escasas, las indemnizaciones que los empresarios pretenden concederles por la pérdida de sus trabajos.

FARO DE VIGO, 31/05/09

Louro revela que Fomento sopesa la posibilidad de crear un tren de cercanías.

El delegado del Gobierno defiende desde Vilagarcía la inversión que el Ejecutivo de Zapatero realiza en Galicia

El delegado del Gobierno en Galicia, el socialista Antón Louro, rindió ayer su primera visita oficial a Vilagarcía desde que asumió el cargo, coincidiendo con la última renovación del Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Lo hizo con un objetivo claro: repasar con la alcaldesa, Dolores García, y con su equipo el conjunto de actuaciones que el Estado está acometiendo en la capital arousana para vencer, definitivamente, la crónica carencia de infraestructuras de comunicación que aqueja a la capital arousana.
Hubo, por tanto, previsibles referencias a los retrasos que padece la construcción de la conexión del puerto con la AP-9, la apertura de la línea de tren de alta velocidad en el corredor atlántico, la inminente llegada de la arena para las playas o el proyecto de paseo a Vilaxoán. Pero tampoco faltaron novedades. El reconocimiento, por ejemplo, de que el Ministerio de Fomento no descarta la posibilidad de mantener la actual línea ferroviaria y crear un servicio de proximidad, tal y como reclaman los nueve municipios que cruza el trazado.
Louro dejó bien claro que «a prioridade agora é rematar a conexión entre as grandes masas de poboación, que por exemplo fará que a viaxe entre Vilagarcía e A Coruña dure 35 minutos, 18 a Santiago ou 12 a Pontevedra». Algo que, advierte el mandatario socialista, supondrá «unha auténtica revolución». Ahora bien, esta línea, por la que circularán trenes a velocidades cercanas a los 250 kilómetros hora, permitirá, asimismo, el paso de ferrocarriles de otras características, «máis lentos e que poidan, efectivamente, facer máis paradas e dar un servizo doutras características». La combinación de la nueva infraestructura y el trazado actual, convenientemente reformado, podría convertirse, así, en la base de un auténtica oferta de cercanías.
Defensa de la estación
Aunque la última sentencia del Tribunal Supremo no afecta directamente a Puertos del Estado, no cabe duda de que, como titular de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, el ente estatal tiene mucho que decir acerca de la polémica que rodea a los depósitos de Ferrazo. A este respecto, el delegado del Gobierno garantizó que se buscará una solución de consenso entre todas las partes. Como también comprometió, a petición de la regidora, su apoyo para que el gabinete de circulación de la estación de ferrocarril de Vilagarcía no sufra la merma anunciada por el ADIF.
En definitiva, Louro destacó «o crucial investimento co que o Goberno de José Luis Rodríguez Zapatero está a demostrar o seu compromiso con Galicia». Recordó, por ejemplo, que la línea atlántica conectará Vilagarcía con el eje de alta velocidad hacia Madrid, a través de Santiago. Y, aunque matizó que los plazos de finalización dependerán de las dificultades técnicas que surjan y del ritmo de trabajo de la empresa constructora, sí garantizó también que la construcción del enlace del puerto con la autopista dispone de un compromiso presupuestario «firme e decidido por parte do Goberno de España». El dinero, concluyó, no será problema.

LA VOZ DE GALICIA. 30/05/09

La Diputación exige 4,2 millones al Gobierno para 12 municipios afectados por la AP-9, entre ellos Cesures y Valga.

La reclamación se apoya en sentencias dictadas en Madrid y con las que se obliga al Ministerio de Hacienda a pagar impuestos de los que se eximió a las concesionarias de autopistas en 1972

La Diputación exigirá al Gobierno que embolse un total de 4,2 millones de euros a doce municipios que soportan el paso de la AP-9. El organismo provincial reclama los ingresos que les corresponderían a doce municipios por los que transcurre la infraestructura y de cuyo pago se eximió a la concesionaria atendiendo a un real decreto en 1972. Pero ahora, con sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que obligan a abonar ese canon y en un momento de crisis en la que los concellos precisan de liquidez, desde el Pazo Provincial se inicia un proceso para conseguir que en Pontevedra se perciban las cantidades que consideran justas. De ser así, sólo se beneficiarían aquellos ayuntamientos cuyo sistema de recaudación se rige por el ORAL, entre los que no están Pontevedra ni Vigo.
La propuesta la explicó el presidente de la Diputación, Rafael Louzán, y su vicepresidente y responsable del ORAL, Xosé Crespo. Ambos se mostraron «convencidos» de lograr su objetivo, si bien reconocieron que podría retrasarse «todo o que tarde a Xustiza, que neste país e bastante lenta». De todos modos, con el argumento de «buscar fondos para asegurar a solvencia financeira dos concellos e poidan cooperar no emprego e no desenvolvemento económico», se da el visto bueno a esta idea que implica, entre otros trámites, una reclamación formal al Ministerio de Hacienda y un probable contencioso-administrativo contra ese departamento, ante lo que se sospecha como negativa a proceder a este pago.
Desde la Diputación aseguran que los impuestos recibidos por los ayuntamientos incluidos en esta reclamación desde 2007 y hasta la actualidad fueron 222.308 euros. Según las tesis que sostienen desde el gobierno provincial a ello se tendrían que sumar 4.232.252, lo que supondría para algunos de los municipios percibir cantidades similares a una tercera parte de su presupuesto anual.
Desde la Diputación realizan el cálculo a partir de 2007 porque fue entonces cuando estas infraestructuras viarias pasaron a ser valorados como Bienes Inmuebles de Características Especiales, lo que también refrendaría la reclamación que desde la Diputación realizan para aumentar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) ingresado. Louzán y Crespo explicaron que el problema parte de 1972. Hacienda exoneró a las concesionarias, entre ellas la que posteriormente se conocería como Audasa, del pago del 95 por ciento del Impuesto de Bienes Inmuebles, que es una competencia municipal. «Esta situación perxudica gravemente aos intereses económicos dos municipios afectados polo paso da autoestrada na provincia», subrayó Louzán.
Recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó una sentencia que señalaba que Hacienda no actuó correctamente y admitió el derecho de los administraciones locales a reclamar, estableciendo la obligación del Estado de compensar el 95 por ciento de lo no percibido. Esa es la base que sustenta la solicitud de la Diputación de Pontevedra al Ministerio de Hacienda, para que se compense a los ayuntamientos por los beneficios fiscales que tiene Audasa.
En este caso concreto son 12 los ayuntamientos que reclaman: Portas, Poio, Pontecesures, Tui, Valga, Vilaboa, Meis, Mos, O Porriño, Moaña, Barro y Caldas. Vigo y Pontevedra tendrían que plantear contenciosos independientes, ya que no están adscritos al ORAL para el cobro de sus tasas e impuestos. Crespo, dando por seguro el éxito en ese posible contencioso, mostró su complacencia por la iniciativa. «En tempos de crise hai que agudizar o inxeño, porque aos concellos quítannos o pan e o sal», defendió.

FARO DE VIGO, 30/05/09

Baloncesto: Cadetes e Infantís xoganse este sábado o pase ás respectivas finais de copa, mentras a final das nenas queda para a vindeira fin de semana

Esta fin de semana os rapaces cadetes e infantís van xogar os ultimos partidos das suas liguillas copeiras. En ambos casos estes partidos virían sendo unha semifinal, quen gañe nos seus respectivos encontros vai pasar á gran final copeira da categoria.

En caso de pasar os cadetes saben que o rival sería o Cambados,xa clasificado para a final, e favorito na mesma, mentras que en infantis, no outro partido da xornada Estudiantes-Liceo, quen gañe tamén pasaría á final, polo que as 2 prazas están para calquera dos 4 equipos.

Infantil masculino: sabado as 5 da tarde en Pontecesures, contra o Liceo.

Cadete masulino: sadado as 19.15 h. en Pontecesures, contra o CB Pontevedra.

Por outra banda, a final de copa infantil feminina vai quedar para a vindeira semana.

Aclarado por parte da federacion que un erro seu foi o causante de que o Meco non se presentara a xogar o fin de semana pasado (non lles fora comunicado o horario, nin a data), eles fixeron prevalecer o dereito a organizar a final, por ser 1º na liguilla, e finalmente xogarase no Grove. Esta semana, na hora que tiñan pabillón, domingo ás 5, varias compoñentes do noso equipo teñen un festival, polo que quedou aprazado para a vindeira fin de semana, en horario por determinar.

El PSOE insta a la Diputación a que devuelva las tasas de exámenes que cobró a parados.

Los desempleados de Pontecesures que se presentaron a las pruebas tuvieron que abonar estas tasas.

El grupo socialista de la Diputación de Pontevedra acaba de presentar una moción por la que insta a la institución provincial a corregir una situación que a sus representantes les resulta especialmente penosa. Se trata de las tasas que la Administración pontevedresa les ha cobrado a los aspirantes a una plaza dentro del plan de empleo de la entidad. Aspirantes que, necesariamente, debían encontrarse en paro.
El PSdeG-PSOE explica que este programa de empleo fue creado como una forma de reducir la incidencia del desempleo en la provincia. «Non é de recibo, polo tanto, que os aspirantes, aos que se lles esixe que estean desocupados, teñan que pagar unha taxa por este concepto», razona Emilio González Iglesias, portavoz de los socialistas en la Diputación.
El representante del PSdeG recuerda que, en el último pleno, fue el propio presidente de la institución, Rafael Louzán, quien reconoció que no era normal cobrar a los desempleados por presentarse a un examen. «Pero (concluye González Iglesias) aínda non se fixo nada», lo que lleva a los socialistas a interponer su moción.

LA VOZ DE GALICIA, 28/05/09

La Federación de Cofradías pretende frenar el viaducto del TAV sobre el Ulla.

Preparan reuniones con la Xunta y el ministro de Fomento
Aunque pueda parecer tarde, por aquello de que se expusieron ya los proyectos e incluso se iniciaron las excavaciones y desmontes, la Federación Gallega de Cofradías no se da por vencida y vuelve a la carga para intentar frenar la construcción del viaducto previsto para el Tren de Alta Velocidad (TAV) entre Catoira y Rianxo.
Benito González, el flamante presidente de la gallega, advierte de que ese puente, con el que está previsto unir la parroquia catoirense Abalo con la rianxeira de Isorna, «es un peligro y una gran amenaza para los bancos marisqueros del propio río Ulla y de la ría de Arousa».
Por este motivo, González ya contactó con José Manuel Cores Tourís, el delegado provincial de la Xunta en Pontevedra, para que ejerza de mediador y gestione reuniones con la Consellería de Medio Ambiente e Infraestructuras de cara a revisar el proyecto y buscar un cambio de trazado o, cuando menos, un viaducto sin apoyos ni sujeciones de ningún tipo.
El presidente de la Gallega incluso anuncia su intención de intentar reunirse con el ministro de Fomento, José Blanco, para exponerle «la preocupación del sector por esta amenaza real que entraña el viaducto previsto», ya que tanto su construcción como su sola presencia sobre el cauce fluvial «pueden cambiar las corrientes, generar fangos y causar todo tipo de trastornos que nos maten el marisco y acaben con la producción durante muchos años».
González incluso hace sus propios cálculos y estima que aproximadamente el 80% de los mariscadores de la ría de Arousa pueden verse afectados por este viaducto, pues hay que tener presente que en este río se sitúan los afamados Lombos do do Ulla, considerados el banco de libre marisqueo más importante de Galicia.
«Estamos alarmados», incide González, que en la ronda de reuniones que pretende mantener buscará «aclaraciones pormenorizadas» de las características del proyecto, para así intentar llegar a tiempo para imprimir algún tipo de modificación en el mismo.
El plan inicial
Cabe recordar que originalmente se planteó la construcción de un viaducto colgante, es decir, sin necesidad de instalar pilares sobre el río Ulla, por lo que aquella medida causaba un menor impacto ambiental. Pero a posteriori se introdujo una modificación en el proyecto y lo que se propuso desde Fomento fue un gran puente entre Catoira y Rianxo que, esta vez sí, está dotado de pilares o columnas apoyadas sobre el lecho fluvial.
Benito González confía aún en la posibilidad de evitar esta obra, al igual que desean un cambio de proyecto tanto comuneros de Catoira como ecologistas y otros colectivos.

FARO DE VIGO, 28/05/09