La Justicia investiga un posible fraude millonario de gasóleo en Padrón

El juzgado de Instrucción número 1 de Padrón investiga una supuesta estafa millonaria a la Agencia Tributaria en la venta de gasóleo y un posible delito societario, de apropiación indebida y de falsedad en un grupo empresarial de maquinaria pesada con sede social en el municipio. Además de los dos socios contra quienes se dirige la demanda, la denuncia estima que en el curso de la investigación «deben aparecer otras personas en condición de autores o de cómplices», ya que se habría eludido el control de los organismos encargadas del vigilar las actividades.

Hace tres años la juez, que al estar la causa abierta ha declinado realizar declaraciones, encargó a la Agencia Tributaria un informe pericial, si bien la complejidad del caso es tal que hasta el pasado 27 de junio el inspector encargado del análisis no entregó sus primeras conclusiones provisionales referentes al gasto de combustible correspondientes a 2004 y parte de 2003.

El informe del perito judicial, un inspector de Hacienda, apunta numerosas irregularidades y posibles ilegalidades como la existencia de suministros «imposibles» de realizar que evidencian «la falsedad de facturas y albaranes», que reflejan operaciones «ficticias, falsas o simuladas en cuantía más que considerable». Y es que ha detectado que en los depósitos se cargaba más cantidad que su capacidad reeal. Ahí entraría el presunto fraude, pues se anotarían falsos gastos de combustible.

El inspector de Hacienda que firma el informe provisional estima la cuantificación del fraude en el ejercicio de 2004, en lo que se refiere a gasóleo A (correspondiente a vehículos), en 401.780 euros (sin IVA), pero no da cifras de gasóleo B pues «es difícil precisar una cantidad, sobre todo sin disponer del dato sobre la exacta capacidad de almacenamiento, cuya acreditación fehaciente se solicita por esta pericia».

El perito judicial, no obstante, considera que resulta probada «la contabilización de operaciones ficticias o falsas que alteran gravemente la elaboración de los resultados anuales». Detecta anomalías en vehículos que sirven más gasóleo que la capacidad de los depósitos, escaso control y la capacidad de cinco distribuidores al por menor que abastecen al grupo de distribuir facturas ajenas a sus operaciones reales. Entre estas firmas se encuentra Ferleva, que ya fue implicada en otro gran fraude de gasóleo.

En las conclusiones provisionales expone que las adquisiciones de combustibles computan operaciones «imposibles, ilegales e incluso increíbles». Sostiene, además, que el grupo «minora sus resultados económicos reales mediante la contabilización de gastos ficticios por adquisición de combustible».

Las desavenencias entre dos hermanos, socios junto a un tercero del grupo empresarial, por la tributación que se hacía a Hacienda en 2002 llevaron a uno de ellos a denunciar los hechos en el Juzgado tras presentar diversos escritos ante los responsables de la Agencia Tributaria que no dieron los resultados que pretendía.

En concreto, la denuncia incluye la supuesta falsedad de las cuentas anuales de 2002, 2003, 2004 y supuestas ventas fraudulentas de activos por más de 300.000 euros en el caso de la venta de grúas. Sostiene que la evolución negativa de la firma, que pasó de un beneficio de 1.314.722 euros a unas pérdidas de 915.961 euros (según los datos que aporta), obedece a un intento de encubrir resultados económicos positivos y defraudarle a él y al Tesoro Público.

El denunciante, que tenía el 33% de la empresa, aduce que fue «eliminado» del consejo de administración tras denunciar el comportamiento supuestamente defraudatorio de sus socios, a los que implica no sólo en la utilización de facturas falsas para inventar gastos, cobrar servicios al contado y vender activos por precios ficticios, sino en valerse de una empresa pantalla desde la que intentarían vaciar patrimonialmente el grupo empresarial.

El pasado 8 de octubre la juez dio traslado a las partes de las medidas cautelares solicitadas por el denunciante para que informen. El fiscal ha respondido que «dado que el principal perjudicado por esta causa es la Hacienda Pública» se dé traslado al abogado del Estado y al perito por si consideran necesaria alguna medida, en cuyo caso la Fiscalía la interesaría ante el juzgado.

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