El dueño cesureño del «Abrente» deberá pagar el reflotamiento del barco.

El Puerto le da un plazo de quince días para que lleve a cabo los trabajos

Ya se sospechaba que tanto la responsabilidad como los gastos de reflotamiento y desguace del Abrente correrían a cargo de su actual propietario, un empresario de Pontecesures, pero ahora ya es oficial. El dictamen de la Abogacía del Estado, a quien recurrió la Autoridad Portuaria para que se pronunciase sobre el conflicto, indica que, en efecto, la operación corre a cargo del dueño del buque, que además deberá correr también con los gastos de la operación.
En base a ese escrito, que se justifica en lo que dice el artículo 107 de la Ley de Puertos y Marina Mercante del año 1992, el presidente de la Autoridad Portuaria firmó ayer un requerimiento en el que da un plazo máximo de quince días a Andrés García para que lleve a cabo las labores de reflotamiento, transporte y deguace del buque. O sea, que la operación que nadie fue capaz de poner en marcha en casi un decenio, deberá hacerse ahora en dos semanas, a raíz de los hechos que tuvieron lugar el pasado sábado, cuando a causa del temporal, se hundió el viejo palangrero.
Y es más, el dueño del buque, un empresario que se dedica a la construcción de estructuras metálicas y nada sabe de barcos, deberá presentar un plan en el que especifique cómo se van a desarrollar los trabajos, «así como las medidas que se van a adoptar para evitar un nuevo hundimiento».
Andrés García no quiso ayer pronunciarse al respecto, ya que prefirió esperar a que le llegase la comunicación del Puerto y consultarlo con sus abogados. Con la ley en la mano, ratificada con el requerimiento de la Autoridad Portuaria, el empresario deberá invertir unos 154.000 euros en el reflotamiento y desguace del buque. Y se le advierte de que, en caso de no hacerlo, los trabajos correrán a cargo de la Autoridad Portuaria, que luego le pasará la factura. Si no paga, se pondrán en marcha las medidas legales para que lo haga, con vías de apremio y el último recurso de Hacienda. Javier Gago lamentó ayer que se hubiese llegado a esta situación, que incluso llegó a calificar como «desagradable».

LA VOZ DE GALICIA, 06/02/09