El Defensor pide que se deje a la Justicia el final del caso de la valguesa Mari Luz Posse.

Señala que ya hay un fallo y que ahora será el Supremo el que resuelva los recursos.

El Defensor del Pueblo acaba de responder a la familia de María Luz Posse en el sentido de que se atiene a lo que establezcan los tribunales de Justicia respecto de la condena al agente de la Guardia Civil, Jaime Maiz Sanmartín, condenado el pasado mes de junio por el asesinato de su pareja en el interior del cuartel de Cambados.
En estos momentos, el caso se encuentra a la espera de la decisión última y firme del Tribunal Supremo, pues la resolución dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra ha sido recurrida en casación por las dos partes, es deicr por el acusado y la familia de la víctima.
De momento no se tienen noticias sobre un pronto pronunciamiento, no en vano el mes de agosto es inhábil a estos efectos y la sentencia acaba de ser dictada a finales del pasado mes de junio.
De ahí que la única novedad desde que Jaime Máiz entrase en prisión consista en este escrito que firma la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano y Carrió, en la que, sobre todo, expresa las condolencias de la institución a la familia de la fallecida.
Pero en especial, el Defensor recalca el hecho de que �??conviene conocer que nuestra Constitución, en su artículo 117.1, proclama el principio de independencia que debe caracterizar todas las actuaciones que realizan los jueces y tribunales en el ejercicio de la función jurisdiccional que debe ser respetada por todos los poderes públicos y por todos los ciudadanos e instituciones entre las que, obviamente, el Defensor del Pueblo se encuentra�?�.
Precisamente por ese respeto, agrega en la respuesta remitida a Isabel Posse Fernández, con fecha de salida del pasado 8 de septiembre, la institución dice que no puede entrometerse y dar respuesta a las quejas que se planteen en este caso.
�??Conforme le hemos indicado en ocasiones anteriores, nuestra Ley Orgánica del 6 de abril de 1981, en su artículo 17.2 impide al Defensor del Pueblo entrar en el examen individual de las quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial y le obliga a suspender su investigación cuando se interpusiese demanda o recurso ante los tribunales de Justicia�?�.
�??Todo ello implica, igualmente, que esta institución no pueda, en modo alguno, interferir en los procedimientos judiciales, ni revisar las resoluciones que en ellos se dictan, en el ejercicio de la mencionada independencia�?�, sostiene María Luisa Cava.
Agrega que por lo que, �??respecto a cualquier modificación normativa en la materia que nos ocupa, teniendo en cuenta la evidente trascendencia y repercusión social de esta cuestión, a juicio de esta institución, es en el órgano de representación de la soberanía popular, en el que se recogen la pluralidad de las opiniones de todos los ciudadanos, en el que deben debatirse en profundidad, y abordando todas sus dimensiones, sin que pueda esta institución decantarse por una solución que sólo desde el pluralismo que representan las Cortes Generales puede ser afrontada�?�.
La Defensora en funciones también expresa sus condolencias a la familia por el fallecimiento de Mariluz Posse hace algo más de dos años y medio.
�??Aunque no existen, en estos momentos, palabras de consuelo tras la trágica muerte de su hermana María Luz, queremos, no obstante, trasladarle nuestra solidaridad por los difíciles momentos familiares por los que están atravesando, máxime teniendo en cuenta la enorme repercusión social que, en estos momentos, en los medios de comunicación, han tenido no sólo las sesiones del juicio oral, sino también la sentencia dictada, en virtud de la cual se condena a Jaime Máiz a la pena de 19 años de cárcel, como autor penalmente responsable del asesinato de su hermana, decretándose su inmediato ingreso en prisión por esta causa�?�.

Indemnizaciones pendientes de cobro.

La familia de la víctima cree que el final del asunto aún va para largo si se tiene en cuenta que se han presentado sendos recursos de casación en el que por una parte los Posse pretenden que se imponga un año más de cárcel, hasta los 20, al ex agente de la Guardia Civil mientras que Jaime Maiz Sanmartín pide la libre absolución.
Isabel Posse, sin embargo, sigue muy satisfecha con el resultado de la vista con jurado popular en la Audiencia de Pontevedra �??porque por lo menos sabemos que se encuentra en prisión y que ya no hay riesgo de fuga como en los meses anteriores�?�.
Pero la lentitud de la Justicia también se observa en otros planos. La familia, por ejemplo, todavía no ha cobrado las indemnizaciones que les corresponden.
Señala Isabel Posse que es un dinero que le vendría muy bien a los hijos de su hermana �??para salir adelante�?�.
Cabe recordar que hace casi tres años que han sucedido los hechos y que la fallecida tenía tres hijos que se han quedado sin el principal sustento familiar.
De ahí que los Posse esperen que se cierre el caso de forma definitiva para poder rehacer su vida, tras el brutal asesinato cometido y reconocido por el agente.

FARO DE VIGO, 19/09/10