La petición de más información aplaza el paso por el juzgado del gobierno valgués.

El fiscal se ha opuesto a que el caso sea sobreseído como pedían los acusados

El alcalde de Valga y seis de sus concejales tendrían que pasar esta semana por el juzgado de Caldas para, en calidad de investigados, despejar todas las dudas que envuelven las comisiones de organización que funcionaron en el Concello valgués, a razón de una reunión por semana, desde 1992. Pero esas declaraciones han sido aplazadas. Tras escuchar al Ministerio fiscal, la jueza ha decidido «dejar sin efecto las citaciones libradas para las declaraciones de los denunciados en calidad de investigados» hasta que se hayan practicado una serie de pruebas solicitadas por el Fiscal. En concreto, la acusación pública ha solicitado un informe del Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración local, «sobre la legalidad de la constitución de las comisiones de coordinación de delegados realizada por el Concello de Valga».

La solicitud de esa prueba fue planteada por el fiscal en un escrito firmado el 15 de marzo. Un documento en el que se oponía «a la solicitud de sobreseimiento libre del proceso penal efectuada por la representación procesal de los investigados». Justificaba esa postura en el hecho de que la documentación entregada por los propios acusados, si bien «arroja dudas razonables sobre la consistencia y la contundencia de la denuncia formulada [por el PSOE] por la posible comisión de un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos, no excluye de forma total la ilicitud penal». De hecho, esa documentación genera dudas y hace preciso informes que, como el solicitado al colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros, aclaren «la legalidad de la constitución de las comisiones», así como «la legalidad de la percepción de dietas de asistencia» a las mismas.

Consciente de que se enfrenta a un caso largo, denso y lleno de complejidades y tecnicismos, el Fiscal también ha solicitado «que se declare la complejidad de la causa». Esta, razona, «garantiza contar con un plazo de instrucción de la causa de 18 meses, que parece suficiente», según señala el escrito en el que se formulaba esta petición, que también ha sido aceptada por la jueza que lleva el caso.

Así que, de momento, queda aplazada la declaración de los concejales acusados de cobrar ilícitamente las comisiones de coordinación que se celebraban en el Concello de Valga. Quienes en principio deberán declarar en la fecha prevista son los testigos, convocados para abril.

La Voz de Galicia