El próximo martes, día 31 de mayo, concluye el plazo otorgado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra para que el Concello de Pontecesures proceda a ejecutar el derribo de la vivienda situada en el número 5 del lugar de O Rial. Y a cinco días de que finalice esa moratoria no hay todavía alternativa que permita albergar esperanzas de salvar la casa unifamiliar, en la que reside el matrimonio formado por Gerado José Carou e Isabel Eitor en compañía de su hijo. El propietario confirmaba ayer que en los últimos meses no se produjeron novedades al respecto de la situación urbanística de la vivienda, sobre la que pesa una orden de demolición dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que anuló la licencia que en el año 2000 había concedido el Concello para la construcción de la edificación. Se ordenó, entonces, la reposición de la legalidad, una época en la que se aprobó el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), de Pontecesures, que obliga a que la casa tenga, como mínimo, doce metros de frente a terreno público. Este es el centro del conflicto urbanístico, ya que la propiedad de los Carou-Eitor solo tiene unos nueve metros de frente. Necesitarían otros tres, pero no han conseguido que ningún vecino de la zona se los venda o permute. Algunos directamente se niegan, otros les han pedido cantidades inasumibles, por lo que la desesperanza comenzó en la familia afectada.
El PXOM > Inicialmente se fijó para el 31 de enero el plazo máximo para el derribo de la vivienda, sin embargo el Concello solicitó al juzgado una moratoria de cuatro meses para poder redactar el proyecto de demolición. Ese plazo otorgado por la autoridad judicial concluye el martes, día a partir del cual, en principio, debería acometerse el derribo.
Sin embargo, Gerardo Carou confirma que no tienen noticia al respecto. ??Non sabemos nada?, pero advierte que no tienen intención, ni mucho menos, de irse de su casa. ??Xa veremos o que pasa cando veñan, porque ni de coña marchamos?, sentencia al tiempo que se muestra crítico con el papel jugado por el Concello, que ??non se move?. El Ayuntamiento, incide, ??puido arranxar a situación no seu día, cando se fixo o PXOM, se deixara a casa dentro de ordenación. O que non se pode é facer un Plan Xeral ao tolo, solo para permitir a construción duns edificios no medio, e despois clasificar o resto como zona verde. Non ten lóxica ningunha?, lamenta.
Lo cierto es que el conflicto parece no tener solución fácil a pesar de que la familia afectada ha conseguido reunir mas de 8.000 firmas de apoyo. La alcaldesa afirmó en varias ocasiones que no es plato de buen gusto para ella tener que acometer el derribo de una vivienda, pero llegado el momento estará obligada a hacerlo por orden judicial y, en caso de desobediencia, tendría que afrontar multas económicas a título personal. Aún así, parece bastante improbable que, a apenas quince días de que tome posesión la nueva Corporación, vaya a ser el actual gobierno en funciones el que lleve a cabo la demolición de la casa. Será una auténtica patata caliente para el nuevo Ejecutivo que entre el día 11 de junio.
DIARIO DE AROUSA, 27/05/11