El juzgado de Cambados busca al desaparecido Pouso Rivas “Pelopincho”.

La pista de “Pelopincho” se perdió a mediados de 2011, poco antes de que empezase el juicio contra él y una treintena de personas acusadas de ser testaferros suyos. Los responsables de la investigación le atribuían el blanqueo de unos 15 millones de euros.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cambados abrió una causa para intentar descubrir dónde está o qué le sucedió a “Pelopincho” -se sospecha que fue asesinado en un ajuste de cuentas- y el procedimiento sigue abierto. De hecho, en septiembre se envió desde el juzgado una providencia al fiscal para que éste proponga nuevas diligencias que permitan la localización de Pouso Rivas. En marzo de 2012, el juzgado interrogó a tres arousanos por este caso: el cambadés Manuel Sineiro Fernández, “Machucho”, y los vilanoveses Fernando Suárez Suárez, “Pirata”, y José Luis Fabeiro.

La Policía Nacional ha seguido la pista de Pouso Rivas por España, Portugal, Brasil y Marruecos, pero sin resultados contundentes. El rastreo policial que se hizo a Pouso Rivas lo situó antes de desaparecer en Marruecos, a donde se habría desplazado para organizar un alijo de 4.000 kilos de hachís. Pero la operación salió mal, y la lancha se hundió con el cargamento a la altura de Lisboa (Portugal). Según esta hipótesis, los proveedores de la droga le habrían reclamado el dinero a “Pelopincho” al no creerse la versión del naufragio, y como el arousano no pagó lo habrían asesinado.

El primero que desapareció en relación con estos hechos fue otro presunto narcotraficante de Pontevedra, José Bernardo Amil Villaverde.

Faro de Vigo

Pontecesures vota en pleno una petición de indulto para dos sindicalistas.

El Ayuntamiento de Pontecesures celebra a las 20,30 horas de mañana un pleno, en el que se someterá a debate y votación una propuesta instando al Consejo de Ministros a conceder el indulto a Carlos Rivas Martínez y Serafín Rodríguez Martínez, dos sindicalistas condenados a tres años de cárcel por participar en un piquete informativo durante la huelga provincial del transporte de 2008.

Carlos Rivas, de UGT, y Serafín Rodríguez, de CIG, fueron condenados en primera instancia a tres años de cárcel por un juzgado de Vigo, pena que posteriormente fue ratificada por la Audiencia Provincial de Pontevedra. En su día ya se presentó una solicitud de indulto, que fue denegada por el Gobierno, pero hace unos meses varios sindicatos instaron una segunda.

El Ayuntamiento de Vigo ya la respaldó por unanimidad en su pleno de febrero, y ahora será el municipio de Pontecesures el que se posicione. En el informe que se ha remitido a los concejales se apunta que ambos fueron absueltos del delito de lesiones, y que ningún trabajador o empresario presentó denuncias contra ellos al verse perjudicados por los piquetes.

En la orden del día del pleno de Pontecesures figura también la liquidación económica del ejercicio de 2013, así como la presentación del informe de estabilidad. La sesión se completa con las resoluciones de la Alcaldía, con informes de la presidencia y con los ruegos y preguntas.

El edil de la Agrupación Cidadá de Pontecesures, Luis Ángel Sabariz Rolán se muestra muy crítico con el gobierno local porque la sesión plenaria “una vez más está vacía de contenido”, y solo se propone un acuerdo “que no tiene nada que ver con los asuntos municipales”.

Faro de Vigo

Cesures devolverá parte de la extra de 2012 al personal laboral.

La decisión de un Juzgado de Pontevedra a abonar parte de la paga extra a un grupo de trabajadores del Concello.
Se trata de una demanda interpuesta por UGT en el momento que se aplicó la suspensión de la paga decretada por el Gobierno central. Los denunciantes reclamaron por vía judicial que se pagase la parte proporcional de la paga que les correspondía, al haber un período de indefinición en el que el Gobierno central no especificó si el decreto tambie´n se aplicaba al personal laboral.
El alcalde, Luis Álvarez Angueira, explicó que el Gobierno local esta “totalmente de acordo coa sentenza e nin sequera apelará contra o fallo xudicial. Teremos que habilitar unha partida e pagaremos encantados, pois non estabamos por aplicar aquela medida”. El regidor no explicó la cantidad que habrá que desembolsar “aínda que non é moita, posto que temos un plantel pequeno e a sentenza obriga a devolver unha pequena parte proporcional; o equivalente a 14 días do mes de xullo”. Álvarez Angueira recuerda que “no seu día non estabamos conformes co decreto, pero tivemos que aplicalo, porque, despois de moito estudar como podiamos facer, atopamos un reparo de Intervención que nos impedía dispoñer dos fondos para esta finalidade”. El alcalde cesureño añadió que “o único que lamento é que a vía xudicial non permitira devolvelo todo, pois a medida era realmente inxusta”.

Diario de Pontevedra

Piden 25 años de cárcel para cuatro acusados de obligar a prostituirse a una joven rumana que residió en Pontecesures.

El novio de su prima la forzó a hacerle una felación y la agredió sexualmente.

La Audiencia Provincial de Pontevedra juzga esta mañana a cuatro acusados de inducir a la prostitución a una joven rumana, A.F.J. de 26 años, y explotarla laboralmente. Los procesados son A.C.I., prima de la víctima de su misma nacionalidad; A.R.C., pareja de la anterior; M.C.L.M. y P.C.G.L, madre e hija que regentaban un piso de Santiago en el que varias mujeres ejercían la prostitución. El fiscal solicita para ellos penas que suman 25 años y seis meses de prisión y multas que superan los 38.000 euros.
Según el relato de los hechos que hace el Ministerio Público, A.C.I., ??con la intención de atentar contra la libertad sexual y personal de su prima? y ??obtener un beneficio económico de carácter ilícito procedente de su explotación sexual? la convenció para que, en agosto de 2010, viajara de Rumanía a España para trabajar, supuestamente, de camarera, según le dijo. Se adueñó de su documentación y se aprovechó de que no sabía hablar castellano y no conocía a nadie más en nuestro país. Durante un mes residieron en el domicilio de A.C.I. en Pontecesures, junto a la pareja de esta, A.R.C., sobre el que pesa una condena anterior de un juzgado de Torremolinos por un delito de violencia en el ámbito familiar.
Tras ese tiempo en la villa cesureña, A.C.I. convenció a su prima para trasladarse a Málaga para trabajar en un club de striptease, supuestamente de bailarinas. Al llegar a la ciudad andaluza, la ??obligó a ejercer la prostitución? e incluso llegó a pegarle tras negarse la víctima a realizar ciertas prácticas con un cliente, afirma el fiscal. A.C.I., añade la acusación pública, mantuvo a su familiar en una situación continuada de dependencia económica, ya que se quedaba con el dinero, y ??ejerció presión psicológica y física sobre ella?.
Unas dos semanas después regresaron a Pontecesures, donde un día A.R.C. golpeó la víctima, ??la tiró al suelo, le puso las rodillas en el pecho y la obligó a abrir la boca con la intención de que le practicase una felación?, llegando a ??introducirle su miembro viril en la boca?.
Posteriormente, A.C.I. llevó a su prima a un piso de Santiago donde varias mujeres ejercían la prostitución, regentado por las otras dos acusadas M.C.L.M. y P.C.G.L,, ambas españolas. La víctima tenía que trabajar cinco días a la semana, estando disponible las 24 horas del día. El fin de semana la iba a recoger su prima, a la que M.C.L.M. y P.C.G.L, entregaban el dinero ganado, descontando una cuota por el alquiler de una habitación. Todo ello, asegura el fiscal, sin la aceptación de la joven A.F.J. Sostiene la Fiscalía que las condiciones de trabajo impuestas a la víctima eran ??abusivas y limitaban gravemente sus derechos laborales?.
Los hechos imputados a los cuatro procesados son, a juicio del Ministerio Público, constitutivos de presuntos delitos de violación o agresión sexual; inducción a la prostitución mediante la violencia, intimidación o el abuso; detención ilegal; aprovechamiento económico; y explotación laboral. Además de las penas de prisión y multas, la Fiscalía solicita para la víctima una indemnización de 60.000 euros por daño moral o psicológico.

DIARIO DE AROUSA, 09/05/13

La empresa de la guardería denuncia por falta al honor a Tarela y le pide 6.000 euros.

GUARDERIA MUNICIPAL DE PONTECESURES EXTERIOR /

la guardería cambiará de empresa gestora en el mes de agosto.

La empresa Ana Naya S.L., gestora de la guardería municipal de Pontecesures, ha presentado en el juzgado de paz de la villa una denuncia contra la concejala del equipo de gobierno Cecilia Tarela por una supuesta falta al honor. La teniente de alcalde afirmó tanto en los medios de comunicación como en un Pleno que la compañía había incumplido las condiciones de la adjudicación en varios de sus puntos, motivo por el que el tripartito cesureño ha decidido no prorrogarle el contrato. En concreto, afirmó que Ana Naya S.L. pretendía reducir la jornada a sus trabajadores, lo que supondría ??incumprir as ratios? de educadores por número de alumnos. También aseveró que el Concello ??mandoulle varios avisos para que cambiara materiais? del centro que ??tiñan que renovarse, e aínda estamos esperando?.

La denuncia por atentar, supuestamente, contra el honor de la empresa tendrá como primer acto una conciliación en el juzgado de paz cesureño ??probablemente entre principios y mediados de mayo??. Ana Naya S.L. insta a Cecilia Tarela a retractarse de sus manifestaciones y le reclama una indemnización ??solidaria? de 6.000 euros, según confirma la propia concejala. De no haber acuerdo, la denuncia seguirá su curso.

Julio Prol, director de recursos humanos de Ana Naya S.L., transmitió la ??indignación? y ??decepción? de la compañía por las palabras de Cecilia Tarela. Aún sin querer ahondar en la polémica, considera ??imprudente? que ??un político haga este tipo de declaraciones sin justificarlas y sin tener datos concretos. Los comentarios no son ciertos y queremos que rectifique?. Sobre la supuesta existencia de material en mal estado en la guardería, Prol indica que ??los padres entran todos los días en el centro y jamás comentaron nada. Este es el mejor testimonio?. En lo referente al cumplimiento de las ratios de educadores por número de alumnos, asevera que ??no hay ningún tipo de irregularidad ni de ilegalidad? ya que los ??ajustes? de plantilla propuestos no conllevan ??merma? alguna en la prestación del servicio, indica. ??Nuestra obligación es cumplir la ratio?, insiste. Desde su punto de vista ??hay que conocer las leyes laborales antes de opinar, hacerlo sin datos y sin conocimiento es demasiado imprudente y arriesgado?.

Desde su punto de vista, la decisión del gobierno local de no prorrogarles el contrato obedece a ??un interés personal o no personal por sacarnos de ahí?, rechazando que se ponga en duda la profesionalidad de la compañía a la hora de prestar servicio.

DIARIO DE AROUSA, 11/04/13

El pescador del falso ??campanu?, condenado a devolver a ODL los 6.000 euros del salmón.

campanu /

El condenado (izquierda) y un representante de ODL (centro) con el salmón El ??campanu? era falso.

Esa es la conclusión a la que ha llegado el titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo, que ha condenado a un año de cárcel a Alberto Fernández Rubio, que a comienzos de mayo de 2011 se erigió en el pescador del primer salmón de la temporada en los ríos asturianos. Un ejemplar de 5,8 kilos que acabó en manos de Juan José Castaño, gerente del grupo empresarial valgués ODL, por la nada desdeñable cantidad de 6.000 euros. Era la primera vez que una compañía que no era asturiana ni se dedicaba al sector de la restauración adquiría el famoso ??campanu? y fue, más bien una casualidad. ??Aquel día estabamos alí?, en la Feria del Salmón de Cornellana, y pensaron: ¿por qué no?

Y todo sin imaginarse la que se iba a liar. Porque apenas un mes después el pescador fue detenido por el Seprona acusado de estafa. Un estudio genético de la Universidad de Oviedo concluía que el salmón procedía del río Esva y no del Narcea, donde decía haberlo capturado Alberto Fernández, ??Beto?. El juicio, en el que la Fiscalía llegó a solicitar dos años de cárcel para el pescador, se celebró a finales de enero y ayer se hizo pública la sentencia que confirma las sospechas: ??Beto? falseó el ??campanu?. El juez no dio credibilidad a su declaración, en la que afirmó ser inocente, estar ??indignado? y se calificó a sí mismo como ??uno de los mejores pescadores?, atribuyendo a envidias la denuncia contra él presentada por la Sociedad de Pescadores Las Mestras del Narcea. En el juicio prestaron también declaración representantes de ODL, que se personaron como parte en la causa al ser los principales perjudicados por la estafa.

La sentencia sostiene que en una hora no concretada del 1 de mayo de 2011, y a sabiendas de que no era cierto, ??Beto? aseguró que había capturado el primer salmón de la temporada en el pozo de La Hortona, en el curso bajo del río Narcea. En realidad, sostiene el fallo judicial, la captura fue realizada en la cuenca del Esva, no correspondiendo los datos ofrecidos sobre la captura de la pieza con la realidad.

Alberto Fernández es condenado a un año de prisión y a indemnizar con 6.000 euros a ODL, aunque el abogado de la defensa ya anunció su intención de recurrir. En caso de que la sanción de 6.000 euros llegue a hacerse firme, el gerente de ODL, Juan José Castaño, tiene muy claro lo que hará con el dinero: destinarlo a alguna obra social o benéfica, algo en lo que su empresa ya tiene experiencia después de haber donado el cierre del cementerio parroquial de Campaña y aportar 500 camisetas para recaudar fondos para la niña boirense Paula. ??Se en verdade nos devolven os cartos, polo menos invertilos en algo bo?, comentaba ayer Castaño tras haber conocido el contenido de la sentencia. Todavía no han decidido cuál será la causa concreta a la que destinarán los fondos, pero en vista de la actual situación del país, realizar donaciones a la Cocina Económica o a Cáritas es una de las opciones que barajan, de forma que la indemnización sirva para paliar, en la medida de lo posible, las necesidades que están pasando muchas familias.

DIARIO DE AROUSA, 02/02/13