?ltimo intento por evitar el derribo de una casa en Cesures.

Sobre los propietarios de una casa situada en la calle O Rial, en Pontecesures, sigue pesando una orden judicial de derribo, pero estos siguen luchando para evitar quedarse sin vivienda. El pasado viernes sus asesores presentaron en el concello un proyecto de legalización de la edificación con la esperanza de poder salvar la casa.
El inmueble es ilegal porque la finca sobre la que fue construida no tiene los doce metros de fachada hacia terreno público que establece la normativa urbanística. Gracias a un acuerdo con un lindante han conseguido reunir los algo más de tres metros que le hacian falta para sumar los doce metros necesarios, de modo que ahora queda en manos del Concello de Pontecesures aceptar o no la propuesta de legalización sobrevenida que plantean los dueños, el matrimonio Carou Eitor.
La orden judicial establecía como fecha límite para ejecutar el derribo el 31 de enero de 2011 pero este plazo fue ampliado en cuatro meses a petición del concello, lo que le dio a los propietarios un margen para conseguir llegar a un acuerdo con uno de los lindantes a efectos de adquirir los terrenos necesarios. El acuerdo llegó tarde. El martes concluyó el plazo para ejecutar este deribo, pero nada indica que se vaya a hacer de inmediato.
La vivienda fue consturída en el año 2000 con licencia otorgada por el concello, pero la entrada en vigor, posteriormente, del PXOM la dejó fuera de ordenación por no reunir los doce metros de fachada pertinentes. El asunto acabó en el juzgado a raíz de la denuncia de un vecino que consiguió que el TSXG anulara la licencia y ordenara al concello demoler el inmueble.

LA VOZ DE GALICIA, 02/06/11

Maribel Castro dice que no dilatará ni apurará la decisión, sea cual sea.

La pelota sobre el futuro de esta vivienda está en el tejado del Concello de Pontecesures y la alcaldesa en funciones, Maribel Castro, dice que no le temblará la mano a la hora de resolver lo que corresponda. «Yo no soy una mujer que no da la cara», indicó a este respecto.
Según explicó la edila, el equipo técnico municipal está actualmente mirando «con lupa» el proyecto de legalización de la vivienda de O Rial con el fin de comprobar que reúne todos los requisitos. «Si todo está bien daremos la licencia que corresponde». Y, por si no es así, en el Concello disponen ya del proyecto de demolición del inmueble y han contactado con una empresa para ejecutarlo por si se produce la orden del juzgado en este sentido.
La cuestión es si le corresponderá a Maribel Castro resolver sobre esta cuestión o será al alcalde que tome posesión el día 11 de junio, que aún no se sabe quien será.
La todavía alcaldesa sostiene que ni va a dilatar ni va apurar el asunto por esta circunstancia y que su decisión está a expensas del informe técnico municipal sobre si es procedente o no legalizar la casa (informe que no sabe cuándo se van a producir) y de las órdenes que lleguen del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra.

LA VOZ DE GALICIA, 02/06/11

El perito del caso del gasoil: «Hay un exceso de consumo que no tiene explicación».

El informe cuantifica en 6.844 litros de combustible y 5.792 euros el gasto sin justificar del vehículo de Obras de Cesures

«Xa non é que o diga eu, dio o perito», puntualiza el concejal de Pontecesures y querellante en el conocido como caso del gasoil, Luis Ángel Sabariz Rolán. El perito designado en la causa abierta contra el ex alcalde cesureño, Manuel Luis Álvarez Angueira, y el encargado municipal de Obras, Xurxo Gerpe Jamardo, concluye en el informe que obra en poder del juzgado que en las cifras de gasto de combustible del Nissan Patrol M-3287-LS del Concello «hay un exceso de consumo que no tiene una explicación razonable».
El informe pericial cuantifica en 6.844,68 litros los excesos de combustible teniendo en cuenta la referencia que apunta el fabricante para usos urbanos en este tipo de vehículos. Económicamente, se traduce en 5.792,45 euros, que fueron cargados en la cuenta del Concello.
El informe pericial analiza el consumo de combustible del vehículo municipal en función de los partes de trabajo de la brigada de Obras que tenía asignada el Nissan Patrol, entre 2002 y 2006. Es entre octubre del 2005 y enero del 2006 cuando se detecta un mayor desfase. En ese trimestre, el Nissan gastó 1.181,04 litros de combustible que, valorados al precio medio del litro para ese año, supone un gasto de 1.113,11 euros. Estas cifras quintuplican la referencia de consumo que manejan desde la Nissan para este tipo de vehículo. Otros períodos quedan sin cuantificar «por falta de información suficiente», según consta en el informe pericial que obra ya en poder de las partes personadas en esta causa y el fiscal.
Sabariz y su todavía compañero de grupo en la corporación, Alfonso Diz, consideran que estos consumos no son justificables de modo que optaron por pedir responsabilidades en los juzgados con una querella por malversación. No fue el único que advirtió de supuestas irregularidades. El hoy concejal electo de Terra Galega, Ángel Souto, fue el primero que destapó el caso siendo todavía concejal del PP en la corporación.
Angueira, por su parte, siempre negó que haya motivo que justifique esta querella y la atribuye a una persecución de Luis Sabariz contra su persona.

LA VOZ DE GALICIA, 29/05/11

Presentan un proyecto para legalizar la vivienda de O Rial con orden de demolición.

Vivienda con orden de demolición y para la que se ha presentado un proyecto de legalización. gonzalo salgado
Aunque el propietario de la vivienda de O Rial sobre la que pesa una orden de demolición afirmaba el jueves que no habían logrado arbitrar ninguna solución para evitar la demolición de la casa, lo cierto es que ayer mismo, sobre las once de la mañana, se presentaba en el Concello de Pontecesures un proyecto de legalización del inmueble. El documento, redactado por el arquitecto Luciano Piñeiro Bermúdez, está a expensas de ser estudiado por los técnicos municipales para determinar si cumple los parámetros exigidos por el Plan Xeral, especialmente en lo que respecta al frente de la propiedad, que era el único escollo a salvar para poder legalizar la vivienda. El PXOM establece como obligatorios, al menos, doce metros de frente hacia terreno público, algo que no sucedía en este caso. En los últimos meses, el matrimonio dueño de la casa había lamentado en varias ocasiones la negativa de algunos vecinos a venderles los terrenos que necesitaban, pero al final parece que hubo acuerdo. El propio arquitecto confirmaba ayer que ??se adquirió un trozo de parcela?, de manera que quedaría resuelto ??el único problema que tenía la vivienda, que carecía del frente mínimo?.
La presentación del proyecto de legalización se produce prácticamente sobre la bocina, ya que el martes concluye la moratoria que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra había concedido al Ayuntamiento para redactar el proyecto de demolición de la casa unifamiliar, para cuya construcción se concedió licencia en el año 2000. Posteriormente, tras la denuncia presentada por un vecino, el permiso fue anulado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), fijándose como fecha límite para el desalojo y derribo el pasado 31 de enero. Este plazo acabó ampliándose en cuatro meses a petición del Concello, que argumentó ante el juzgado que necesitaba más tiempo para poder elaborar el proyecto de demolición. Esta moratoria abrió una nueva posibilidad para que los propietarios del inmueble pudiesen arbitrar una salida a la irregularidad urbanística, como parece que así ha sido.

Este diario se puso ayer en contacto con el dueño de la polémica casa, Gerardo José Carou Alcalde para darle la oportunidad de aclarar los motivos por los que el jueves ofreció una versión distorsionada de la realidad, asegurando que no habían encontrado alternativa para evitar la demolición de su vivienda. Carou se limitó a colgar el teléfono después de proferir insultos y descalificaciones hacia la alcaldesa, Maribel Castro, y el resto del gobierno. Su versión siempre fue la de culpar al Ejecutivo cesureño del problema, afirmando que el Plan Xeral aprobado en 2003 ­cuando la licencia ya se había anulado­ dejó su casa fuera de ordenación. Pero otras fuentes apuntan exactamente a lo contrario, ya que es precisamente el PXOM la herramienta que ofrece posibilidades para legalizar la vivienda. Esto no sería posible con las antiguas Normas Subsidiarias, ya que no se le podría otorgar licencia directa.

DIARIO DE AROUSA, 28/05/11

Concluye la moratoria para el derribo de la casa de O Rial sin soluciones al conflicto urbanístico.

El próximo martes, día 31 de mayo, concluye el plazo otorgado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra para que el Concello de Pontecesures proceda a ejecutar el derribo de la vivienda situada en el número 5 del lugar de O Rial. Y a cinco días de que finalice esa moratoria no hay todavía alternativa que permita albergar esperanzas de salvar la casa unifamiliar, en la que reside el matrimonio formado por Gerado José Carou e Isabel Eitor en compañía de su hijo. El propietario confirmaba ayer que en los últimos meses no se produjeron novedades al respecto de la situación urbanística de la vivienda, sobre la que pesa una orden de demolición dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que anuló la licencia que en el año 2000 había concedido el Concello para la construcción de la edificación. Se ordenó, entonces, la reposición de la legalidad, una época en la que se aprobó el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), de Pontecesures, que obliga a que la casa tenga, como mínimo, doce metros de frente a terreno público. Este es el centro del conflicto urbanístico, ya que la propiedad de los Carou-Eitor solo tiene unos nueve metros de frente. Necesitarían otros tres, pero no han conseguido que ningún vecino de la zona se los venda o permute. Algunos directamente se niegan, otros les han pedido cantidades inasumibles, por lo que la desesperanza comenzó en la familia afectada.

El PXOM > Inicialmente se fijó para el 31 de enero el plazo máximo para el derribo de la vivienda, sin embargo el Concello solicitó al juzgado una moratoria de cuatro meses para poder redactar el proyecto de demolición. Ese plazo otorgado por la autoridad judicial concluye el martes, día a partir del cual, en principio, debería acometerse el derribo.

Sin embargo, Gerardo Carou confirma que no tienen noticia al respecto. ??Non sabemos nada?, pero advierte que no tienen intención, ni mucho menos, de irse de su casa. ??Xa veremos o que pasa cando veñan, porque ni de coña marchamos?, sentencia al tiempo que se muestra crítico con el papel jugado por el Concello, que ??non se move?. El Ayuntamiento, incide, ??puido arranxar a situación no seu día, cando se fixo o PXOM, se deixara a casa dentro de ordenación. O que non se pode é facer un Plan Xeral ao tolo, solo para permitir a construción duns edificios no medio, e despois clasificar o resto como zona verde. Non ten lóxica ningunha?, lamenta.

Lo cierto es que el conflicto parece no tener solución fácil a pesar de que la familia afectada ha conseguido reunir mas de 8.000 firmas de apoyo. La alcaldesa afirmó en varias ocasiones que no es plato de buen gusto para ella tener que acometer el derribo de una vivienda, pero llegado el momento estará obligada a hacerlo por orden judicial y, en caso de desobediencia, tendría que afrontar multas económicas a título personal. Aún así, parece bastante improbable que, a apenas quince días de que tome posesión la nueva Corporación, vaya a ser el actual gobierno en funciones el que lleve a cabo la demolición de la casa. Será una auténtica patata caliente para el nuevo Ejecutivo que entre el día 11 de junio.

DIARIO DE AROUSA, 27/05/11

La mujer que denunció al marido por no quedar embarazada.

El trabajo en los juzgados de paz está lleno de rutina: registrar nacimientos y defunciones, realizar notificaciones, tramitar exhortos del juzgado y, en casos más contados, la celebración de actos de conciliación y juicios de faltas. Pero los juzgados no están exentos de un nutrido anecdotario. En Pontecesures, por ejemplo, se dieron hace muchos años dos casos de esos que no dejan de sorprender. El de un hombre que fue a registrar a su hijo y declaró que era de madre desconocida y el de una mujer que denunció a su marido porque no la dejaba embarazada. Hoy el matrimonio tiene varios hijos.
En una ocasión también acudió una mujer que estaba a punto de separarse de su marido y quiso cambiarle el apellido del hijo alegando que su esposo no era el padre. Este se negó y hubo que recurrir a la prueba de paternidad. Finalmente, el vástago cambió su apellido.

LA VOZ DE GALICIA, 20/03/11