La orden de derribo sobre una casa de Pontecesures se aplaza hasta mayo.

El derribo de una vivienda unifamiliar situada en el lugar de O Rial (Pontecesures) se aplazará, al menos, hasta finales de mayo. El Ayuntamiento cesureño, al que le corresponde realizar los trámites administrativos y la redacción del proyecto de demolición, no ha completado los trámites en plazo y el juzgado le ha concedido una prórroga para poder hacerlo.
Esto le da mayor margen de maniobra a la familia Carou-Eitor que desde hace meses se enfrenta a la situación de poder quedarse sin vivienda. La única manera de salvar su casa es legalizándola y esto pasa por conseguir darle a su propiedad 13 metros de fachada a la vía pública -actualmente solo tiene 8,25 metros-, tal y como exige el Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado en el 2003. La vivienda fue construida en el año 2000 con licencia otorgada por el Concello pero la entrada en vigor del PXOM la dejó fuera de ordenación.
La única manera de obtener los metros que le faltan es mediante la compra de terrenos lindantes, pero, hasta la fecha, no consiguieron llegar a acuerdo con ninguno de los posibles vendedores.

Recogida de firmas
No es la única vía que ha explorado este matrimonio cesureño. Hace semanas iniciaron una recogida de firmas por municipios de dentro y fuera de la comarca con el fin de ejercer una presión social que consiga evitar la demolición de su vivienda, ordenada en su día por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Llevan recogidas más de 4.000 signaturas y también acudieron al Valedor do Pobo, entre otras instancias.

LA VOZ DE GALICIA, 17/03/11

Los dueños reúnen 4.000 firmas contra el derribo de su casa en Pontecesures.

La campaña continúa en varios municipios de la zona con el objetivo de evitar que se cumpla la sentencia

Los propietarios de la casa afectada por una orden de derribo, en Pontecesures han reunido alrededor de 4.000 firmas en contra de dicha demolición, según informó ayer Isabel Eitor. Y la campaña continúa. Los impresos sobre los que se lee «axúdanos e danos a túa sinatura para poder parar esta inxustiza» todavía se pueden encontrar en numerosos establecimientos de Pontecesures y municipios de su entorno, e incluso en concellos de la Costa da Morte.
Isabel Eitor quiso ayer agradecer el apoyo recibido y apeló a la ciudadanía para seguir reuniendo firmas. Ella y su marido, Gerardo Carou, optaron por recurrir a la recogida de signaturas como medida de presión con el propósito de frenar el cumplimiento de la orden judicial que obliga a demoler su vivienda, situada en la calle O Rial.
La vivienda fue construida en el año 2000 con licencia del Concello pero la entrada en vigor, posteriormente, del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) dejó el inmueble fuera de ordenación. La propiedad solo tiene 8,25 metros de ancho de fachada, ocupados por un portal que da acceso al interior de la finca, y la norma exige que sean un mínimo de 12 metros.

Los cuatro metros que faltan
Los propietarios afirman que han hecho múltiples intentos para tratar de adquirir los casi cuatro metros de fachada que le faltan, pero no han logrado que ningún lindante le vendiera terreno.
El asunto se judicializó a raíz de la denuncia de un particular que presentó una demanda por un conflicto surgido con un camino. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia falló a su favor y anuló la licencia municipal, ordenando al Concello reponer la legalidad. Pero la legalidad no se instauró. Ahora, una vez ha expirado el plazo para ejecutar el derribo, el Ayuntamiento cesureño ha solicitado una prórroga al juzgado con el fin de ganar tiempo, pero eso no elimina el problema de fondo.
Ante este panorama, la familia Eitor-Carou optó por dar publicidad a su situación con el fin de encontrar una solución ante alguna instancia, bien sea judicial o institucional. Entre tanto, dicen estar pasando un calvario ante el temor de que su casa caiga bajo la piqueta.

LA VOZ DE GALICIA, 22/02/11

Una pontecesureña insta la primera denuncia por el robo de su hermano en el franquismo.

La mujer compareció ayer ante el juez de Instrucción 3 de Pontevedra para solicitar que se investigue la desaparición en el Provincial, en 1966

Un turbio asunto que permanece en la oscuridad desde hace más de cuarenta años deberá ser investigado por fin por los juzgados de Pontevedra. Una vecina de Pontecesures, María del Carmen Portas, compareció ayer ante el juzgado de guardia de Pontevedra para denunciar la supuesta desaparición de su hermano tras dar a luz su madre en el Hospital Provincial en la ciudad del Lérez en el año 1966.
María del Carmen Portas explicaba a FARO que tomó esta decisión después de que la Fiscalía General del Estado hubiera rechazado abrir una causa general para investigar los casos de “niños robados” e instase a los demandantes a presentar una denuncia individualizada ante los órganos judiciales de los lugares en los que supuestamente se produjeron los delitos. Siguiendo este consejo, esta vecina de Pontecesures acudió ayer a los juzgados de Pontevedra, municipio en el que supuestamente se produjeron estos hechos hace casi medio siglo. Fue la Asociación Anadir la que presentó denuncia ante Conde Pumpido por el supuesto “robo” de 261 bebés en todo el territorio nacional, tres de ellos en la provincia de Pontevedra, dos en hospitales de Vigo y uno en el Provincial.
En este caso, la opción por la que optó Anadir es la de ir recopilando estas denuncias por provincias, trabajo que todavía está desarrollando, por lo que la presentada ayer en los juzgados de Pontevedra por María del Carmen Portas es, con toda probabilidad, la primera de la que se tiene constancia que se presenta ante el juzgado, al menos en la provincia.
Un niño que parecía sano.
Esta vecina de Pontecesures explicaba ayer el caso que vivió su familia. Corría el año 1966. Su madre se había quedado embarazada y llevaba dos días “con dolores del parto”. Recuerda que entonces lo habitual era dar a luz en el propio domicilio familiar, pero el doctor del pueblo decidió llevarla al hospital al ver que los dolores persistían y que el parto se retrasaba. “La llevó el propio médico en su coche a Pontevedra y quedó ingresada hasta que esa madrugada finalmente le provocaron el parto utilizando las ventosas”, explica. Su madre dio a luz a un bebé de casi cuatro kilos aparentemente sano e inmediatamente “lo sacaron de la habitación, dijeron que para meterlo en la incubadora”. Fue la única y última vez que la madre de María del Carmen vio a su pequeño. Pasó la noche y a la mañana siguiente acudieron al Hospital su padre y dos tías suyas para ver al recién nacido. Así fue, el padre y las tías de María del Carmen dieron la bienvenida a su hijo y sobrino en una habitación del Hospital Provincial de Pontevedra en medio de una gran alegría. Luego, tras visitar a la madre, regresaron en el tren a sus casas. “Según lo que ellos vieron y lo que les dijeron, aparentemente quedaban bien tanto la madre como el niño”, recuerda esta cesureña.
Al día siguiente el padre regresó a Pontevedra y cuando llegó a la habitación se encontró con su esposa llorando desconsoladamente. Le acababan de comunicar que su hijo había fallecido durante la madrugada. “Mi madre les dijo que si se había muerto que ella quería verlo para despedirse, pero le contestaron que no, que el cadáver ya no estaba en el hospital”.
Y entonces fue cuando no le empezaron a cuadrar las explicaciones: “No entiendo por qué no les dejaron ver el cadáver, ni tampoco que ya no estuviera en el hospital a primera hora de la mañana si se murió de noche, ¿cuándo sacaron el cuerpo? ¿en plena madrugada?”, dice María del Carmen. “Si se tratase de un niño que tenía alguna deformidad lo entendería, para no impresionar a la madre, pero en este caso no tiene explicación”, añade.
María del Carmen Portas afirma sorprendida que hace años descubrió a través de la televisión que centenares de familias en España denunciaban casos similares al suyo y comenzó a investigar. Durante estos años encontró numerosas “anomalías” en torno a la documentación sobre el supuesto fallecimiento de su hermano, como, por ejemplo, que en los registros de los cementerios de Pontevedra no figura ningún soterramiento o que el médico que supuestamente atendió a su madre parece que todavía no figuraba como contratado por el hospital en aquel entonces.
“Que investiguen”
Ahora el juzgado de Pontevedra al que le corresponda estudiar esta denuncia por reparto deberá decidir si la admite o no a trámite. María del Carmen espera respuestas, que “por lo menos acepten investigar”, convencida de que su hermano no perdió la vida aquella madrugada de 1966.

FARO DE VIGO, 11/02/11

«Queremos que se sepa que no fue dada ni abandonada, fue robada».

A María del Carmen Portas le encantaría poder abrazar un día a su hermano y ofrecerle todo el cariño que pueda darle.

El goteo de niños sustraídos en el franquismo empieza a aparecer en Galicia

Había una vez una niña, María del Carmen Portas, a la que su madre contó una historia. La de un hermano que nació en el Hospital Provincial de Pontevedra en 1966, un niño al que su madre solo pudo abrazar unos segundos, justo tras el parto. Un bebé que, según le dijeron entonces, falleció un día después. Un hijo al que nunca pudo llorar en el cementerio, ni llevar flores en el día de Difuntos, porque nadie le llegó a enseñar el cadáver. Pero resultó que la historia con la que ha crecido esta vecina de Pontecesures tiene supuestamente un final diferente al que le contaron a su madre en el hospital. El relato es solo uno más de los que describen las decenas de casos de niños robados que han empezado a destaparse en España a lo largo de los últimos meses. Y Galicia no ha quedado al margen.
La aparición de los primeros afectados en la comunidad ha provocado un efecto llamada. Algunas sospechas han ido convirtiéndose, poco a poco, en certezas. Y cada vez son más las familias que han comenzado a atar cabos. «Levo como ano e medio investigando. Toda a vida pensei que o meu irmán puido ser roubado, pero fas como que non queres revolver neso. O que pasa é que a raíz de que foron aparecendo casos, empecei a buscar», explica María del Carmen ahora.
Pero esa labor, a veces, no le ha resultado fácil. Ha encontrado más de una piedra en el camino. «Antes fóra preguntar a Pontevedra, pero vías que che daban para atrás, dicían que iso tiña que estar prescrito. Veste sola, pero saber que hai máis xente que está no mesmo caso anima a buscar», cuenta. Por eso, hace un llamamiento a todos los supuestos afectados que pueda haber en la provincia. Porque juntos pueden hacer una fuerza mayor. «Unha vez comentárao no médico e dixérame que non era a única, que unha muller comentou algo parecido, dixera», explica.
Aunque en la Asociación Nacional de Afectados de Adopciones Irregulares (Anadir), encargada de mover el asunto en los tribunales, todavía no han logrado contabilizar los casos correspondientes a cada comunidad, fuentes del colectivo confirman que hay varios en Galicia. «Estoy pasando todos los afectados a una base de datos que nunca acabo, porque es continuo el goteo. Por el momento quiero reagruparlos por provincias, por si hay que denunciar hacerlo en grupos y no individualmente», comentó esta semana la encargada de los afectados de la zona norte.

Denuncias
Este colectivo fue el que presentó hace unos días unas 261 denuncias ante la Fiscalía General del Estado. La de María del Carmen era una de ellas. Pese a que dicha institución judicial no llevará finalmente la causa en conjunto, coordinará todas las denuncias. Estas tendrán que ser presentadas en sus correspondientes fiscalías provinciales. Y esta mujer busca más casos ocurridos en Pontevedra. Porque una reivindicación conjunta, piensa, hace más fuerza.
En cuanto a los procesos abiertos en Galicia, la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) no tenía a mediados de esta semana constancia de que se hubieran ya presentado algunas denuncias en juzgados gallegos. Con todo, recomienda que estas se deriven al juzgado ubicado en la ciudad en la que presuntamente hayan ocurrido los hechos.
Cada una de ellas es como un primer paso para saber qué ocurrió. Porque las familias quieren conocer qué fue de sus hijos o hermanos. Y aunque hayan pasado muchos años, no abandonarán. «¿Por que buscas agora, poida que nin queiran saber de vós?, nos din algúns», explica esta mujer. Y la respuesta que da es clara. Contundente. Rotunda. «Quero que o meu irmán saiba que a súa nai non o abandonou. Ao contrario. Era o primeiro fillo que tiña, un varón. E cando o atopemos, sería bo ter unha relación boa, porque imos darlle cariño, moito cariño», dice.

LA VOZ DE GALICIA, 07/02/11

Campaña mediática para evitar que tiren una casa cesureña.

José Carou señalando la casa del denunciante y detrás de él, la suya.

El Concello pidió una prórroga al juez para ejecutar la demolición y redactar el proyecto

Una familia de Pontecesures, vecina de O Rial, ha iniciado una campaña de recogida de firmas para evitar que se derribe su vivienda. Sobre ésta pesa una orden judicial de reposición de la legalidad, tras presentar un vecino de la zona, J.J.L.O., una denuncia por presunta ilegalidad del inmueble. Se trata del mismo denunciante que solicitó al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ejecutar el deslinde de Augas de Galicia en la pista del Regadío, en diciembre 2010.

Bajo el lema Axúdanos a parar esta inxustiza, la familia inició una campaña de recogida de firmas, en los bares de la comarca para intentar que la presión social paralice la actuación. ?sta ha tenido su eco en Internet a través del email Evitemos o derrube da casa duns amigos, en el que se piden firmas para evitar que se deje a esta familia “a de José Carou Alcalde, José o Francés, na rúa”

?ste, en conversación telefónica mantenida con este diario hace un mes, recalcó que cuando construyó su casa contaba con todos los permisos. Ahora para poder legalizarla conforme al PXOM, necesita adquirir una franja de terreno de 12 metros. Cuando la construyó hace casi 10 años le exigían 9 (regían entonces las Normas Subsidiarias). La compra parece simple pero es materialmente imposible: No hay terrenos en venta, y el único que podría estar disponible, de unos 300 metros, es económicamente inviable para la economía de la familia, que tiene un niño pequeño.

La orden de demolición fijada por el TSXG estaba prevista para el pasado día 31, pero no se hizo efectiva al pedir el Concello al Juzgado una prórroga mientras tramita la redacción del proyecto de derribo.

El edil de Relaciones Institucionales, Luis Sabariz, recalca que hay que ser “muy comedido con este tema”, aunque comprende “la preocupación de la familia”. Matiza que “en estos momentos lo que prima es buscar una solución de acuerdo a la normativa y es perjudicial entrar a valorar o discutir asuntos jurídicos en los medios de comunicación.

EL CORREO GALLEGO, 06/02/11

Maribel Castro: ??Yo no quiero ejecutar la sentencia, pero me obliga el juzgado? .

La alcaldesa de Pontecesures, Maribel Castro Barreiro, es extremadamente comedida al referirse a la problemática urbanística que rodea a la vivienda de O Rial con orden derribo. Pide la máxima cautela al tratar el tema, dado lo delicado del mismo. ?nicamente se limita a decir que ??yo no quiero ejecutar esa sentencia, pero me obliga el juzgado?.
Para ningún alcalde debe ser plato de buen gusto llevar a cabo la demolición de una vivienda y que esto suponga dejar a una familia sin hogar. Sin embargo, la resolución judicial insta al Concello a ejecutar el derribo de forma subsidiaria ­el coste de las obras correrá a cargo de los propietarios de la casa­ ya que, de lo contrario, el juzgado le impondrá a la alcaldesa sanciones económicas con periodicidad mensual. Estas multas tendrían que ser pagadas por Maribel Castro a título personal, y en ningún caso podría sufragarlas el Concello de Pontecesures.

DIARIO DE AROUSA, 05/02/11