Los concellos de la AP-9 reclamarán más de 4 millones de euros a Hacienda.

Pedirán una auditoría para actualizar las tasas.

Los alcaldes de 12 de los concellos de la provincia afectados por el paso de la AP-9 se reunieron ayer en Pontevedra con el presidente de la Diputación, Rafael Louzán. El acuerdo que tomaron fue el de remitir una reclamación común al Ministerio de Hacienda para que sean compensados por el paso del vial de alta capacidad por sus municipios.
En concreto serían las retribuciones correspondientes al IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), que en el apartado de bienes especiales incluye a elementos como la autopista de peaje, y que ahora pretenden cobrar a través del ORAL (Organismo Autónomo de Gestión de Recursos Locales).
Las cifras iniciales que están sobre la mesa superan los 4 millones de euros, siendo los más beneficiados Caldas y Vilaboa. Las cantidades a reclamar corresponden al período 2007-2009, y el argumento jurídico que se esgrimirá sería precisamente, que las autopistas de peaje tienen la consideración de BICES (Bienes Inmuebles de Características Especiales).
Los primeros ediles de Caldas, Valga, Poio, Meis, Barro, Pontecesures, Vilaboa, Tui, Moaña, Portas y Mos estuvieron de acuerdo en tomar esta decisión, según afirmó Rafael Louzán. El presidente de la Diputación, además, instó a los alcaldes a actualizar las tasas y a realizar una auditoría para valorar el impacto real.
«Faremos unha auditoría para ver si eses BICES están ben valorados ou non. O catastro depende do mesmo Ministerio, e veremos si o valor é correcto ou si é maior, que é posible que nalgún caso así sea», declaró Louzán, que también adelantó que se puede iniciarse una reclamación similar por el gaseoducto, si finalmente es considerado como BICE.
El alcalde de Barro, José Landín, señaló que «non é unha imposición sobre persoas físicas directas, senon de bens do propio Estado e noutro caso de multinacionais e de grandes empresas. Ata agora están pasando polos concellos afectando ós seus moradores e a financiación para os concellos é cero euros. Pensamos que non é xusto».
El regidor de Poio, Luciano Sobral, explicó que «para nós será positivo. Aféctanos pouco, pero todo o que sexa unha revisión para o aumento dos ingresos é positivo».
El alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey, dirige uno de los concellos que sería más beneficiado. «A autopista afecta moito en Caldas. Non era de recibo a situación actual, e polo tanto respaldámola. O meu concello está afectado polo gasoducto, polos molinillos, pola autopista e incluso pola respiración asistida», ironizó.
Louzán, por último, dejó entrever que el proceso de cobro se podría agilizar. «Si as sentencias fosen favorables, o Supremo podería obligar ó Ministerio de Economía a compensar a todos automáticamente».
Cabe indicar que hace un par de semanas la corporación municipal de Pontecesures se reunió en pleno y, a propuesta del gobierno tripartito que preside la independiente María Isabel Castro Barreiro, acordó modificar el tipo impositivo aplicado a la AP-9 en el IBI, el cual pasó del 0,6% en el que estaba al máximo permitido por ley, que es del 1,3%.

FARO DE VIGO, 06/06/09