La Audiencia juzgará al alcalde de Pontecesures por presunta malversación.

El Juzgado de Caldas ha finalizado la fase de instrucción y deja en manos de la Audiencia Provincial de Pontevedra el juicio por presunta malversación de caudales públicos contra el alcalde de Pontecesures, el nacionalista Manuel Luis Álvarez Angueira, y el operario municipal Xurxo Gerpe Jamardo, implicados en el «caso del gasóleo», relacionado con un consumo supuestamente abusivo de carburante con cargo a la Administración.

La jueza instructora decreta la apertura del juicio oral para el enjuiciamiento de los hechos, explicando que los dos imputados pudieron haber autorizado y/o consentido el pago de combustible en una gasolinera de la localidad a pesar de que no se destinara al uso por parte de vehículos del Concello ni para la prestación de servicios del mismo.

En los antecedentes de hecho que maneja la jueza explica que Manuel Luis Álvarez Angueira «autorizaba la adquisición de combustible en la estación de servicio con carácter previo a la adquisición y posteriormente aprobaba esos pagos por decreto de Alcaldía», mientras que Xurxo Gerpe «firmó la práctica totalidad de los tiques emitidos por la gasolinera, responsabilizándose de la recepción del combustible que finalmente no era empleado para el uso o servicio del ayuntamiento».

Hay que recordar que estos hechos se remontan a hace una década. Fue en 2007 cuando la oposición municipal denunció el presunto uso abusivo de combustible en los vehículos municipales.

Tanto el PP como los independientes Luis Sabariz Rolán y Alfonso Diz Villar presentaron una denuncia inicial que fue archivada, pero los dos últimos recurrieron ante la Audiencia, que ordenó investigar los hechos en primera instancia. El Juzgado de Caldas reabrió el caso, por lo que un año después citó a declarar como imputados al exalcalde y al encargado del servicio de Obras.

Ahora, justamente un año después de que la Audiencia ordenara al Juzgado de Caldas que investigara -por tercera vez- si existió malversación de caudales públicos o cualquier otro delito similar, la fase de instrucción da paso a la apertura de juicio oral, en el que habrá que aclarar, por ejemplo, cómo fue posible que un vehículo municipal cargara combustible y repostara otros 90 litros apenas diez minutos después.

Esta es una de las acusaciones que se vierten en la denuncia formulada en su día por Alfonso Diz y Luis Sabariz, quienes explicaron que el 17 de noviembre de 2004 el coche que centra el grueso de esta polémica cargó casi 40 litros de combustible a las ocho de la mañana y 45 litros más pasadas la seis de la tarde.

Los entonces concejales independientes -actualmente solo Sabariz continúa en la corporación- alegaron que «con cargo a las arcas municipales se distribuía combustible a vehículos ajenos al ayuntamiento, que bien eran particulares o propiedad del Club Náutico».

Tampoco hay que olvidar que a pesar de destinarse el gasóleo a un vehículo de obras, parece que aparecieron facturas de repostaje en jornadas festivas, aunque también advirtieron los denunciantes que desde que denunciaron públicamente el presunto uso abusivo de gasóleo las facturas por este concepto empezaron a reducir su importe.

Faro de Vigo