La RPT moviliza a los trabajadores del Concello de Pontecesures.

-Dicen sentirse «engañados y utilizados» -Exigen ser tratados «con respeto y justicia».

Los delegados sindicales del Concello de Pontecesures anuncian que van a movilizarse «para que se cumpla la legalidad y se apruebe la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)». Lo hace después de meses de espera tras los cuales se sienten «engañados y utilizados», por lo que exigen «que se nos trate con justicia y respeto».

Los delegados sindicales Raquel López Doce (CIG), Ricardo Campos Saborido (CC OO), Luz María Freiría Caldelas y José Rodríguez Fructuoso -estos últimos de UGT- firman un comunicado en el que sostienen que «como empleados públicos queremos una administración moderna y eficiente, rechazamos las privatizaciones, no renunciamos a que los vecinos cuenten con servicios municipales de calidad y pedimos que el Concello cumpla la legalidad».

Dicen esto porque «después de varios meses esperando a que el nuevo gobierno revisara la situación organizativa y retributiva del personal municipal, el alcalde dice ahora que la RPT aprobada en la Mesa de Negociación con el apoyo unánime del personal y los sindicatos no les sirve».

Parece que el regidor, Juan Manuel Vidal Seage, «dice estar dispuesto a elaborar una nueva RPT para el personal funcionario del Concello (6 personas) y para el fijo (2), considerando que los demás trabajadores (18) no deben entrar en esa RPT».

Un dato a tener en cuenta, en el que también abundan los sindicalistas, es que los grupos políticos que ahora forman el gobierno tripartito de Pontecesures ya rechazaron la RPT en enero, cuando aún estaban en la oposición, «después de un año de elaboración y un coste de casi 6.000 euros para las arcas municipales».

Moción de censura

Aquella propuesta rechazada en pleno «incluía a la totalidad del personal estructural municipal, como recoge la Lei de Emprego Público de Galicia, y preveía el inicio de la aplicación económica en este mismo ejercicio».

Dicho esto, los sindicalistas parecen tener claro que los integrantes del actual ejecutivo «usaron la negociación salarial con la anterior alcaldesa para provocar la moción de censura, jugando con los salarios que perciben los trabajadores».

Unos sueldos, por cierto, «por debajo de los tiempos que corren, ya que hay personal que cobra menos de 800 euros a pesar de llevar en la empresa años».

Y el problema, concluyen, es que «no existe voluntad de solucionar este asunto de un modo aceptable para todas las partes».

Faro de Vigo