El juzgado cita como investigado por malversación al gobierno de Valga.

Los miembros del PP fueron denunciados por su asistencia a las «Comisiones de Coordinación», que según el PSOE no ampara la ley y cuestan 25.000 euros anuales

El alcalde junto a otros ediles del PP de Valga.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Caldas cita en calidad de investigados a siete de los nueve miembros del gobierno conservador de Valga -con mayoría aplastante desde hace décadas- y a otros dos miembros de la lista del PP que formaron parte del ejecutivo en anteriores mandatos. Lo hace en relación con un presunto delito de malversación y a instancias de la denuncia presentada por el grupo municipal socialista.

La demanda del PSOE que abandera María Ferreirós contra el PP de José María Bello Maneiro se basaba en la comisión, presuntamente, de los delitos de malversación y prevaricación, y todo por la asistencia del alcalde y sus concejales a reuniones semanales denominadas «Comisiones de Coordinación» que «no están recogidas ni amparadas por la ley y que conllevan un desembolso aproximado de 25.000 euros anuales que salen de las arcas del Concello».

Sería por tanto un supuesto uso indebido de dinero público. Y se trataría de una cantidad importante, ya que según los socialistas los ediles del PP de Valga habrían ingresado improcedentemente alrededor de medio millón de euros desde 1991 por la asistencia a tales «Comisiones de Coordinación», un órgano «creado ad hoc por el alcalde Bello Maneiro».

María Ferreirós abunda en esto al decir que dichas comisiones «suponen un 70% aproximadamente de los gastos de la Corporación en asistencias a plenos, comisiones y similares».

Lo que hace ahora el juzgado es citar para el 29 de marzo, en calidad de investigados -la antigua figura de imputado-, al alcalde valgués, José María Bello Maneiro, junto a sus concejales Tomás Castro Castromán, Ramona Otero Tanoira, Begoña Piñeiro Busto, Manuel Ferreiro Maneiro, José Ángel Souto Jamardo y Carmen Gómez Pardal.

No está en esa citación la número tres, María del Camen Castiñeiras López, ya que tiene dedicación exclusiva y no formaba parte de esas comisiones denunciadas por el PSOE. Como tampoco se actuó contra el edil José Lagos Aboy, porque pasó a formar parte de la Corporación tras las elecciones de mayo de 2015.

Pero sí están citados -para el 5 de abril- también como investigados, los números 10 y 12 de la última lista electoral del PP, Bautista Potel Calvo y Peregrina Abril Castromán, respectivamente, ya que fueron concejales del gobierno popular en anteriores mandatos y participaron en las llamadas «Comisiones de Coordinación» ahora investigadas.

Asimismo, el interventor municipal y el secretario del Concello de Valga deben comparecer en calidad de testigos en este procedimiento.

La socialista María Ferreirós se muestra «esperanzada» con este procedimiento porque considera que «va a destaparse todo lo sucedido». Apunta además que el informe jurídico solicitado en su momento por el juez a los servicios técnicos «dice que esas comisiones no están amparadas por la legalidad».

Desde el juzgado de Caldas también se pidió una valoración económica de todo lo desembolsado con esas comisiones y en el Concello le entregaron los gastos de las mismas desde 2003, por lo que la sala insiste ahora en ello y reclama tanto los gastos efectuados en dicho órgano desde 1992 hasta entonces como la relación de personas que los percibieron.

Faro de Vigo