El PSOE de Valga denuncia la «ilegalidad» del presupuesto.

El PSOE de Valga denuncia que «el cuadro de personal que acompaña al presupuesto municipal aprobado inicialmente el día 2 por el gobierno del PP incurre en causa de nulidad absoluta, por incumplimiento de la obligación de negociar el mismo con los representantes de los trabajadores».

Esta es solo una de las alegaciones presentadas por el grupo que lidera María Ferreirós, las cuales se suman a las planteadas por el Colexio de Secretarios e Interventores de Pontevedra, que alude a «la ausencia de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y de intervención sindical, a la omisión del puesto y la plaza de Tesorería y al hecho de que el Concello está impidiendo que se cubra el puesto de Intervención y Secretaría».

Los socialistas manifiestan que «el presupuesto del Ayuntamiento de Valga para este año recoge previsiones acerca de los créditos necesarios para el abono de las remuneraciones de personal, las plazas de nueva creación y una plaza de personal de confianza, con especificación de la denominación y coste anual de las mismas».

Se trata «de aspectos económicos y de contenido sustantivo que sin duda alguna conllevan una clara repercusión en las condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral del ayuntamiento, de donde resulta su obligada inclusión en la exigencia de la preceptiva negociación colectiva».

Lo que quieren decir es que «son materias que han de ser objeto de negociación», e inciden en que una sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 2011 señala que «para poder considerarse válidamente cumplida» esa negociación «lo que se precisa es que se haya ofrecido a los representantes de los funcionarios, a través de un debate realizado en condiciones de igualdad y realmente contradictorio, la posibilidad de participar en el proceso de formación de la decisión administrativa que esté legalmente sujeta a la necesidad de dicha negociación».

En la misma línea se hace constar que «resulta sorprendente el hecho de que este ayuntamiento no cuente con una RPT de personal laboral ni funcionario pese a estar vigente ya su exigencia por la vieja ley 30/1984».

Faro de Vigo