Bello Maneiro desoyó a los asesores de Valga al judicializar la financiación del CODI.

El PSOE señala que se le ocultó la existencia de un informe que recomienda no ir contra la Diputación

La financiación del Centro ocupacional de personas con discapacidad de Valga (CODI) fue el motivo que llevó a los socialistas de la localidad a pedir la celebración de un pleno extraordinario. Tuvo lugar ayer, y giró en torno a un informe de la asesoría jurídica del Concello que desaconseja la interposición del recurso contencioso administrativo que el gobierno local aprobó presentar en el pleno del 19 de agosto de 2016 y que ya ha sido admitido a trámite.

Los acontecimientos se remontan a la anulación de la subvención del titulado superior en Básica Persoal del CODI por parte de la Diputación de Pontevedra, al alegar que los organismos provinciales no tienen obligación de cofinanciar los servicios comunitarios específicos. La decisión llevó al gobierno local de Valga, encabezado por José María Bello Maneiro, a interponer un recurso de reposición que fue desestimado por la Diputación. Fue, entonces, cuando se aprobó acudir al contencioso administrativo. Una decisión que no cuenta con la recomendación de la asesoría jurídica, cuyo informe, a fecha de 18 de julio de 2016, es anterior a la celebración del pleno en el que se tomó la decisión.

«En opinión de este letrado informante no es aconsejable recurrir a la vía contencioso administrativa la resolución del 17 de junio de 2016, toda vez que no existen argumentos de peso para desvirtuar las conclusiones de dicho acuerdo, y por ende, no puede informarse favorablemente a la interposición del recurso jurisdiccional pertinente», recoge el informe. Explica también los motivos para sostener esta postura: «en las pretensiones del ayuntamiento solicitante se incluyen servicios que exceden del financiamiento básico cuya cofinanciación se pretende».

El informe de la asesoría jurídica del Concello coincide así con la Diputación al limitar las obligaciones de los organismos provinciales a los servicios básicos, que en el caso del CODI corresponden a los cuidadores, monitores y el personal de limpieza. Por su parte, el titulado superior correspondería a los servicios específicos, que, según puede extraerse del informe, la anterior Diputación pagó por su propia voluntad.

Críticas desde la oposición

A pesar de que ya han pasado ocho meses desde la elaboración del informe, la portavoz del PSOE en Valga, María Ferreirós, señala que «foi durante a revisión da documentación que o Concello puxo a disposición dos socialistas os días previos ao pleno cuando supimos que existía o documento». «Preguntamos a Bello Maneiro e aos seus concelleiros por qué ese arquivo non o mostraron en agosto e chegaron a acusarnos de habelo falsificado», indica Ferreirós.

«Os populares iniciaron un contencioso administrativo co único afán de facer ruído contra a Deputación e contra os socialistas de Valga, non tendo reparo en usar as persoas con discapacidade e aos traballadores do CODI como instrumento político», afirma en referencia a la asistencia de todos ellos a un pleno de la Diputación. Exigen también al PP que se dirija a la Xunta para reclamar la cuantía que corresponde a los servicios específicos.

La Voz de Galicia