“Aumenta el número de usuarios”.

Como portavoz que fue de la comisión en defensa del tren de cercanías, cuando este colectivo más se hizo oír, Luis Sabariz está considerado un buen conocedor de todo cuanto rodea a la actividad ferroviaria en el eje Vilagarcía-Santiago. Y desde ese conocimiento asegura ahora que “está aumentando el número de usuarios del tren” en las estaciones de Padrón, Pontecesures y Catoira, por lo que considera que introducir mejoras como paneles informativos con los horarios o megafonía que alerte de incidencias y movimientos de trenes resulta muy positivo para el servicio, además de ser “algo muy bien valorado por todos los usuarios”.

Faro de Vigo

Pintadas, abandono y discriminación.

Aunque se felicita por las mejoras en el apeadero de Padrón, Luis Sabariz aprovecha para alertar de que tanto ese edificio como los de Catoira y Pontecesures “deben ser acondicionados”. Y es que “las pintadas y la falta de mantenimiento de edificios y andenes llama realmente la atención -denuncia-; no se puede admitir que los usuarios del ferrocarril de estas villas estén discriminados respecto a los de las grandes ciudades”.

Faro de Vigo

Padrón aprueba la peatonalización de todas las calles y plazas del casco viejo.

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Padrón da el paso definitivo para la peatonalización de todo el casco histórico, en concreto, de la zona comprendida entre la carretera N-550 y la avenida de Castelao, junto al Espolón. Por decisión unánime de los grupos, el pleno del Concello aprobó ayer una modificación de la ordenanza general de circulación y uso de la vía pública que conlleva que, desde el 1 de enero del próximo año, «non se pode estacionar nin circular no casco histórico da vila», según informó la corporación en una nota conjunta.

Las únicas excepciones serán las zonas de carga y descarga, para lo que se mantiene el actual horario (de lunes a sábado, de ocho a once de la mañana), así como los servicios especiales, como emergencias, Policía Local o recogida de basura, entre otros, además de los propietarios o inquilinos para uso de garajes, siempre con vehículos que no superen los 3.500 kilos de peso. Estos propietarios deberán solicitar una tarjeta de circulación, en la que se les especificarán las calles por las que podrán circular para acceder a sus plazas. Por cada propietario, el Concello solo autorizará un máximo de tres coches.

El objetivo de la peatonalización es «dinamizar o casco urbano, ao mesmo tempo que se humaniza e se protexe o patrimonio histórico, ademais de promover o comercio local», de acuerdo con la decisión de la corporación municipal. De este modo, a las calles ya cerradas al tráfico y a la circulación se sumarán la Rúa Real, la de Santo Domingo y la plaza Rodríguez Cobián (junto a la iglesia). También habrá algún cambio en la circulación en calles para la carga y descarga.

En el pleno extraordinario de ayer, los grupos políticos dejaron claro que se trata de una propuesta conjunta y consensuada de todos ellos, de modo que fue aprobada por unanimidad. Todos aseguraron que redundará en beneficio del pueblo y, en especial, en la calidad de vida de los que residen en la zona histórica, así como en la actividad del comercio local. Precisamente, dinamizar la vida del pequeño comercio y humanizar el casco histórico son las principales razones que llevaron a los siete partidos políticos a llegar a un acuerdo.

Pero, según lo pactado ayer, la peatonalización requiere de una segunda medida: buscar zonas alternativas para estacionamiento, ya que en las calles y plazuelas cerradas al tráfico se perderán unas 80 plazas. Asimismo, la corporación estudia la posibilidad de crear zonas azules, con tiempo limitado de estacionamiento. De todo ello ya empezaron ayer a hablar todos los grupos políticos, una vez remató el pleno.

No obstante, sería necesaria una medida más para dinamizar la vida y actividad del casco histórico y ponerlo en valor, que pasa por impulsar de manera firme la rehabilitación de los inmuebles en ruina, que son unos cuantos.

La Voz de Galicia

La Diputación destaca el apoyo de Valga en el conflicto con Fomento por los castros.

El futuro de 18 castros de la provincia de Pontevedra está en el aire. Muchos de ellos fueron excavados y destapados gracias a campañas de excavación financiadas por la Diputación, que inició esos trabajos tras lograr el compromiso de que el Ministerio de Fomento se haría cargo de su consolidación y puesta en valor. Pero Fomento parece haber roto unilateralmente la baraja, aplazando la colaboración prometida hasta el año 2018, cuando se contratarían las obras a realizar. Eso ha llevado a la Diputación de Pontevedra a adoptar una serie de medidas. Se han remitido varios escritos a Fomento y se ha tomado el acuerdo, siguiendo las recomendaciones de los expertos, de «non realizar novas escavacións ata que o ministerio comece a consolidar e musealizar os xa escavados».

Otros alcaldes.

En la adopción de esas medidas, el gobierno de la Diputación no se siente solo. «Alcaldes e alcaldesas dos concellos nos que se sitúan os 18 xacementos arqueolóxicos están a amosar o seu apoio á Deputación na súa reivindicación para que Fomento asuma as competencias que lle corresponden». En ese sentido, desde la Diputación señalan específicamente el caso de Valga, una localidad gobernada por el PP pero que «apoia á institución provincial nesta reivindicación e súmase á esixencia de que Fomento cumpra coa parte que lle corresponde».
Ejercicio de «responsabilidad»

De momento, y visto que ninguna de las acciones emprendidas ha generado reacción por parte del Gobierno central, la Diputación, «nun exercicio de responsabilidade, está a destinar xa todos os recursos económicos comprometidos para os traballos nos castros, tendentes á consolidación inmediata dos xacementos xa escavados, a pesar de ser unha obriga de Fomento, reservándose o dereito a estudar a responsabilidade do Ministerio e as reclamacións económicas».De todos estos asuntos habla, precisamente, una moción que sobre esta cuestión planteará el grupo socialista en la corporación provincial. El PSOE ha decidido presentar este asunto a pleno dado que «está en xogo o patrimonio arqueolóxico da provincia, e a inactividade do Goberno central o único que está a facer é atentar contra a nosa historia», según Santos Héctor.

La Voz de Galicia

Vilanova y Pontecesures, en busca de su presupuesto para el 2016.

A un trimestre de concluir el año 2016, dos de los concellos de la comarca de Arousa continúan sin tener los presupuestos aprobados. Pese a que deberían estar en vigor desde el uno de enero, tanto Vilanova como Pontecesures no han logrado todavía hacer números y llevarlos al pleno para su posterior aprobación. Trabajan así, con una prórroga de los presupuestos de 2015, aunque el objetivo de ambos municipios es llevar acabo una aprobación que podría producirse al mismo tiempo que la de los presupuestos de 2017. «Estamos trabajando en ellos», explican desde el gobierno municipal de Vilanova.

Desde Pontecesures, el alcalde, Juan Manuel Vidal Seage, señala que tienen previsto aprobarlos antes de que concluya el año. «? necesario facelo para traballar con orzamentos reais», indica. En este momento, están trabajando en la estructuración de los dos millones de euros de los que dispone el concello y, aunque no hay nada decido, serán infraestructuras y política social las partidas de gastos voluntarios a las que más recursos dirigirán. El retraso lo encuadra en las muchas tareas pendientes que se encontró cuando llegó al gobierno tras la moción de censura que se consumó el mayo pasado.

¿Un problema?

Consultado sobre la cuestión, el principal problema lo fija el exalcalde de Vilagarcía y actual secretario municipal de Catoira, Javier Gago, en los gastos de inversión porque no pueden prorrogarse. «Esto significa que, por ejemplo, solo pueden llevarse a cabo las obras que están subvencionadas al cien por cien por otras administraciones», explica. Es el caso de los planes provinciales de la Diputación, que tienen tres líneas (obras, empleo y servicios sociales), pero no el de la Xunta, que acostumbra a subvencionar entre el 60 % y el 70 %. Otras, directamente, exigen tener un presupuesto aprobado entre sus condiciones, algo que lleva a Gago a ser claro: «es mejor tener un mal presupuesto que no tenerlo».En los gastos corrientes, cuando el presupuesto no llega, las opciones se reducen a dos: partidas que se quedan en situación de déficit (como la dedicada a parques y jardines en Pontecesures, que se excede hasta el momento en 2.286 euros) o llevar a cabo modificaciones entre las de gastos voluntarios para pasarlos a obligatorios, algo para lo que se requieren los mismos trámites que supone la aprobación del presupuesto. Es habitual que sea necesario. «La tendencia es que los sueldos de los funcionarios y la energía eléctrica suban un poco cada año», recuerda Gago. Al tratarse de subidas recogidas por la ley o de compromisos con los contratistas, este experto en gestión local afirma que lo habitual es que se llegue a acuerdos para estas modificaciones en los gastos corrientes. «Es responsabilidad de toda la corporación», incide. En el caso de déficit, toca hacer un plan de ajuste económico.

La Voz de Galicia