La plataforma Stop Desahucios quiso aclarar ayer que su apoyo a la familia de Pontecesures con orden de desalojar el próximo 7 de marzo la vivienda en la que reside se debe la ??situación dramática? en la que quedarían las siete personas afectadas (entre ellas dos niños de 9 y 12 años) en caso de producirse el desahucio. ??No van a vivir debajo de un puente?, comenta José Manuel Pena, portavoz de la plataforma de O Barbanza, que apela a la protección de los ??derechos fundamentales? de las personas, entre los que destaca ??el derecho a una vivienda digna?, recogido en el artículo 47 de la Constitución. Todo ello dejando claro que este es un caso atípico que no deriva de una ejecución hipotecaria sino de una disputa por el derecho de uso de la vivienda.
Victoria Santiago y otros seis miembros de su familia residen ahora en el inmueble a pesar de que el exmarido de Victoria legó, a su muerte, el usufructo de la casa a otra mujer con la que había convivido. El abogado de esta sostiene que la edificación está ocupada ??ilegítimamente? por esta familia que, según recoge una sentencia, está condenada por una falta de coacciones al haber colocado ??cadenas y candados? para evitar el acceso a su clienta, cuyas pertenencias ??ni siquiera se le ha permitido recoger?, asevera el letrado Fidel Riobó, que lamenta que Stop Desahucios no haya intentado ??siquiera conocer la situación personal y económica de mi clienta?, que cobra una pensión no contributiva.
Victoria Santiago sostiene, por su parte, que la vivienda es, al menos en parte, de su propiedad ya que la construyó el matrimonio conjuntamente sin que nunca llegaran a escriturarla. Con apoyo jurídico de Stop Desahucios presentará una demanda civil ??para hacer valer sus derechos de propiedad?, además de solicitar al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que adopte medidas cautelares para paralizar el desalojo mientras no se resuelva el conflicto en torno a la titularidad del inmueble. Creen que el Juzgado de Caldas, que ordena el desalojo, ha cometido ??un error material gravísimo? y se ha ??extralimitado al disponer, en un juicio de faltas por coacciones, de la propiedad privada de una familia?.
Trabajo “altruista”
José Manuel Pena aclara que sus acciones ??no van contra la otra parte? y lamenta ??la situación de esta persona?, en referencia a la usufructuaria. Añade que ??nosotros no somos una ONG ni una administración pública, ayudamos de forma altruista a quienes nos lo solicitan?, como fue el caso de esta familia de Porto. No así la otra protagonista del conflicto, que ??tiene un abogado que la está defendiendo?.
Insiste en que ??nuestra obligación es defender el derecho a una vivienda digna? de todos los ciudadanos y más cuando se trata de ??una situación dramática? y con menores de por medio. ??Esto es lo que mueve a Stop Desahucios? y solo espera que, si el desalojo finalmente se produce, ??el Concello de Pontecesures o la Xunta tengan un inmueble alternativo para que estas personas no se queden en la calle?.
Diario de Arousa
