La nueva ley provocaría el cambio político en 13 concellos y 55 irían a una segunda vuelta.

La mitad de la población de Galicia tendría un mapa político distinto al que determinaron las urnas y los pactos postelectorales en los últimos comicios locales si la reforma electoral que plantea Mariano Rajoy estuviese ya en vigor. Hasta 1.300.665 gallegos (el 47,02 % del censo) verían como la composición de sus actuales corporaciones estaría sujetas a cambios, bien por la realización de una segunda vuelta entre las dos fuerzas más votadas en caso de no registrar mayorías absolutas, o por la pretendida asignación de la alcaldía de manera directa a los candidatos que, pese a no tener la mitad más uno de los escrutinios, superasen la barrera del 40 %. Conseguir más de cinco puntos porcentuales sobre el inmediato rival es la condición que los populares barajan en ese caso para asignar la mayoría absoluta política, aunque no lo sea de aritmética.

Pese a que la intención que el PP esgrime para impulsar la modificación electoral es dotar a la Administración local de mayor estabilidad, en el arranque del mandato no sería así para los 55 municipios gallegos que deberían votar dos veces antes de saber el nombre de su nuevo alcalde. 637.303 personas deberían someterse a una segunda campaña electoral y a unos nuevos comicios entre los dos candidatos más votados. En esa situación de doble cita electoral, por no superar ninguna lista el 40 % o haberlo logrado dos candidaturas y quedar separadas ambas por menos de cinco puntos, se verían urbes como Ourense, Pontevedra, Narón, Culleredo, Cambre, Ponteareas, Monforte, Viveiro, Sada, Gondomar, Fene u Ordes, entre las más pobladas de las que ahora cuentan con alcaldes en minoría o con el bastón de mando soportado por más de un grupo.

Filtro para 21 alcaldes del PP

Con los resultados del 2011 sería el propio PP el partido con el mayor volumen de alcaldías que tendrían que pasar el nuevo filtro. Hasta 21 de las 55 en las que habría que realizar una segunda vuelta tienen alcalde popular, mientras que en la misma disyuntiva se encontrarían 15 regidores socialistas, otros doce elegidos en las listas del BNG y seis más que lo hicieron al frente de formaciones de corte local e independientes.

En Cee, Moeche, Sada y Vilamartín de Valdeorras el PP cabría la posibilidad de perder en la segunda cita con las urnas la alcaldía que ostenta pese a no haber sido el partido más votado. Sin embargo las piezas a cobrar por los populares en lo que se refiere a volumen de población serían mayores que las hipotéticas bajas si el liderazgo obtenido en las urnas pero perdido en los pactos de sus rivales se refrendase en una segunda consulta. En Ourense, Pontevedra, Cambre, Rianxo o Viveiro el PP gozaría de esa segunda oportunidad de investir a sus candidatos que resultaron los más votados.

Mayorías esfumadas

Eso sí, la reforma de Rajoy sumiría en la incertidumbre a algunas localidades en las que ahora su partido goza de mayoría absoluta, pues la modificación de los criterios de reparto haría que en Punxín, A Veiga y Vilardevós la ventaja de menos de dos puntos que separaron a populares de socialistas en el 2011 sean insuficiente con el cambio de ley manejado para determinar vencedor a la primera. La pérdida de la misma condición de líder indiscutible al tener que someterse con la reforma a una segunda vuelta le ocurriría al PSOE también en Camariñas y Piñor.

La fórmula de la doble cita con las urnas para determinar el color de la alcaldía podría evitar situaciones como la vivida en Os Blancos, donde el empate total fue roto en sorteo en favor de una formación local.

Lo que resultaría más determinante de la reforma electoral que maneja Rajoy es el cambio de color que propiciaría el bajar diez puntos la nota que otorga la mayoría absoluta. Vigo, donde los ocho puntos que Corina Porro obtuvo de ventaja en las urnas sobre Abel Caballero le hubieran convertido así en alcaldesa al lograr más del 40 % de los votos.

Junto a Vigo, el cambio de partido al frente del Gobierno local en favor del PP se registraría también en Lugo, Betanzos (por 9 décimas), Noia, Mondoñedo, Salceda, Carnota, Toques, O Incio, Riotorto y A Illa de Arousa. Pero la misma regla le quitaría a los populares el bastón de mando en Negreira, que pasaría al PSOE, como en A Mezquita la lista independiente local pasaría por encima de la alcaldía otorgada al BNG en el 2011.

La reforma reforzaría finalmente con mayorías absolutas alcaldías ahora en minoría o soportadas con pactos en 18 ayuntamientos: Vilagarcía, Carballo, Cangas, Redondela, Sanxenxo, Ares, Corcubión, Boimorto, Laxe, Santiso, Teo (si no se hubiese registrado la escisión en el BNG), Vedra, Láncara, A Rúa, Arbo, Cuntis, A Guarda y Moaña.

La Voz de Galicia

Pontecesures no deberá pagar el nuevo canon de bibliotecas.

No afectará a los municipios menores de 5.000 habitantes.

La mitad de las bibliotecas de titularidad municipal de la comunidad, en torno a 160, tendrán que empezar a hacer cuentas para calcular cuánto deben reservar de sus partidas presupuestarias para abonar el derecho de remuneración de los autores por los préstamos que realizan dichos centros de sus obras, regulado en un decreto estatal que se publicó hace una semana. La otra mitad de las bibliotecas municipales, 158, se ubican en ayuntamientos que no llegan a los 5.000 habitantes y la normativa las exime de pagar, igual que a los centros educativos.

Aunque de momento los concellos, que son los titulares de estos centros y quienes alimentan sus presupuestos desde las asfixiadas arcas municipales, no tendrán que preocuparse por el artículo que les obligará a desembolsar 0,004 euros cada vez que una obra salga de su recinto y tenga como destino la casa de un ciudadano, ya que ese concepto comenzará a aplicarse a partir de enero de 2016, sí tendrán que empezar a multiplicar por 0,05 euros el número de usuarios que utiliza sus servicios de préstamo alguna vez al año, porque ese precepto sí entró en vigor el pasado día 2. Además deberán calcular que mientras no esté vigente el pago por obra tendrán que abonar 0,16 euros por cada libro que adquieran para engrosar la colección de préstamos de su biblioteca. No obstante, este pago por compra de libros ya se había establecido en la normativa que regula la propiedad intelectual, de 2007, y se había fijado en 0,20 euros por obra.

En la práctica, usando datos de 2012, los últimos publicados por la Xunta, por ejemplo Vilagarcía de Arousa tendría que abonar unos 377 euros por los volúmenes que incorporó a su fondo durante ese ejercicio, a los que se sumarían otros 451 si todos los usuarios que tiene inscritos, poco más de 9.000, la cuarta parte de su población, recurriesen al menos una vez por año a su servicio de préstamo.

Francisco García (BNG), alcalde de Allariz y uno de los vicepresidentes de la Fegamp, llama “la atención sobre cómo mientras se reduce la financiación municipal por todos los lados, todo son obligaciones en cuanto a prestación de servicios”. “Tanto se incide en fomentar un consumo cultural y se va en sentido contrario”, lamenta, para advertir que algunos municipios pueden verse en algunas “dificultades para prestar el servicio”.

Quienes también se librarán de pagar son las bibliotecas que dependen de la Administración autonómica, entre ellas la cabeza de todo su sistema, la de la Cidade da Cultura. En ellas no hay préstamo, sino que se trata de centros especializados para investigadores o que ponen a disposición del usuario solo un servicio de consulta.

Por lo que respecta a las nodales existentes en Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela y A Coruña, se haría cargo su titular, el Ministerio de Educación, aunque en la práctica se encargue de su mantenimiento el Ejecutivo gallego.

El recién publicado decreto responde a una obligación impuesta desde la Unión Europea. En 2007 ya se integró en la Ley de Propiedad Intelectual el pago por obra adquirida ante la amenaza de multa de la UE.

Faro de Vigo

El BNG aplaza al otoño su posición ante las listas pese a la presión de los alcaldes.

El nacionalismo se mueve, espoleado por la irrupción de Podemos y apremiado por la necesidad de cortar su sangría electoral. Los cambios son evidentes en la apuesta del BNG por un proyecto político abierto, aunque todavía habrá que esperar para ver en qué medida ese discurso trasciende a la práctica de la cúpula ante la elaboración de las listas para las municipales del 2015. La dirección del Bloque no expresará su posición ante ese proceso hasta octubre, una vez que concluyan las asambleas abiertas que está impulsando en toda Galicia para ampliar su base social.

El BNG aguardará a las conclusiones que salgan de ese proceso asambleario, convocado con el compromiso de «non mirar o carné de ninguén», para adoptar una decisión sobre un aspecto en el que varios de sus alcaldes y concejales ya están moviendo ficha. De momento, cinco regidores del Bloque han suscrito el manifiesto Somos Maioría: Severino Rodríguez (Monforte), Manuel Antelo (Vimianzo), Manuel Muíño (Zas), Félix Juncal (Bueu) y Fernando Suárez (Ribadeo). El BNG es la formación con más cargos adheridos al manifiesto que, con apoyos en todo el arco nacionalista y de izquierda, aboga por listas abiertas y sin condicionantes de los partidos. Fuentes de la dirección del BNG aseguran que la formación no está cerrada ante ese proceso. El alcalde de Monforte insistió ayer en que son los ciudadanos «os que deben decidir quen son os seus candidatos. Creo máis niso que en que sexan os partidos, que tampouco me parece mal».

La Voz de Galicia

Critican la «mala xestión» para las licencias de terrazas de bares en Padrón.

El BNG de Padrón se interesó ayer por la «desazón» que provoca «a mala xestión que o Concello está a facer coas concesións de licenzas de terrazas na vila». En este sentido, el grupo nacionalista explica que el «desinterese e a desorganización do goberno do local» provoca, en su opinión, «o malestar dalgúns establecementos que se senten discriminados e perseguidos». Para el BNG, esta forma de actuar del Concello es una «tónica recorrente deste goberno que, en vez de dar solucións, provoca enfrontamentos entre os membros dun mesmo gremio». Un grupo de hosteleros de Padrón que pagan por sus terrazas denuncia que muchos otros no lo hacen.

La Voz de Galicia

La oposición de Padrón echa abajo la nueva contratación de la basura.

El gobierno local de Padrón (PP) no logró ni un solo apoyo a su propuesta para contratar el servicio de recogida y transporte de basura; gestión del punto limpio de A Escravitude y limpieza del mercado ambulante del domingo. En el pleno ordinario celebrado en la tarde-noche del jueves, que duró más de tres horas, PSOE, CIPa y BNG votaron en contra del expediente mientras PGD y Cidega se abstuvieron, con lo que el gobierno local tendrá que seguir tirando para el servicio de la empresa que contrató de forma temporal.

Entre las explicaciones de voto, PSOE y CIPa coincidieron en que la nueva concesión ofrecería un «peor servizo aos veciños», además de «ser moito máis caro» por lo que no les cabe duda de que el Concello tendría que subir el recibo que pagan los ciudadanos. Por su parte, el PGD no apoyó el expediente pese a que uno de los los ediles, Javier Guillán, reconoció que participó en la elaboración de los pliegos de condiciones que rigen la concesión.

El PGD está de acuerdo con esos pliegos pero considera que, a ocho meses de las elecciones municipales, sacar la nueva concesión sería «hipotecar o Concello» y de ahí que no votara a favor para que no suceda, dijo el PGD, lo de la anterior concesión, adjudicada cuando el ex alcalde Jesús Villamor estaba en funciones.

El actual regidor Antonio Fernández y el concejal de Obras José Ramón Pardo recriminaron al PGD su posición, por «estar a favor da proposta dentro do goberno e agora non apoiala na oposición». Pero el grupo galleguista insistió en «esperar para non hipotecar» y recordó que «xa fomos críticos coa anterior adxudicación en período de transición no Concello». También apostó por «explicar a cidadanía o déficit que xenera o lixo polo mal uso que se fai do servizo».

Por su parte, el BNG se mostró partidario de municipalizar el servicio y de enviar la basura a la planta de Servia, en Lousame.

El gobierno local recordó a la oposición que hace dos meses que tiene en su poder los pliegos de la concesión y que en ningún momento presentó «alegacións». También señaló que el expediente tiene «todos los informes favorables» y descartó una subida de tasas pese a que el servicio de Intervención así lo recomienda.

A la vista de lo sucedido en el pleno, el servicio seguirá funcionando con un contrato prorrogado al menos hasta pasar las elecciones municipales, a menos que gobierno y oposición lleguen a un acuerdo antes. Para ello, el grupo independiente fue el primero en tender la mano para «consensuar un documento que busque o interese xeral» y «máis adaptado a situación económica actual», según propuso el edil Eloy Rodríguez.

La Voz de Galicia

La reforma de las oficinas administrativas del Concello padronés durará tres semanas.

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La obra de remodelación del Concello obligó a cambiar de espacio varios servicios.

Las oficinas de atención al público del Ayuntamiento de Padrón están patas arriba, literalmente. El viernes pasado comenzaron las «obras de remodelación das oficinas administrativas e organización dos postos de traballo», según informó ayer el gobierno local.

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Tras la reforma, las personas encargadas tanto del registro de entrada como de salida estarán ubicadas en el mostrador de cara al público, al tiempo que se dispondrá «dunha mellor organización do departamento de Secretaría». Para los trabajos fue necesario levantar todo el espacio que ocupaban las oficinas de atención al público y mover cajas, carpetas, mesas, ordenadores y demás mobiliario.

Hace aproximadamente un año el gobierno local aprobó una modificación del presupuesto para que «os cartos sobrantes das obras realizadas no departamento de Intervención puidesen ser destinados á remodelación das oficinas administrativas», con una partida que ronda los 11.000 euros.

El ejecutivo municipal informa que las obras «contan co permiso da Dirección Xeral Patrimonio» y calcula que «se prolonguen un mínimo de tres semanas». Mientras duran los trabajos, en la planta baja del Concello se encuentra el registro (en el despacho de consulta de los técnicos de Urbanismo); el de la secretaria se trasladó al despacho del teniente de alcalde, también en el primer piso; y en el salón de plenos de la segunda planta se habilitó un espacio para los demás servicios de secretaría y técnico en gestión, con lo que todos los servicios funcionan con «normalidade», según explica el alcalde Antonio Fernández. En cuanto al despacho de la concejala de Cultura, se ubica definitivamente en la planta superior del Concello, junto a la oficina de empleo.

Los grupos de la oposición PSOE, PGD, CIPa, BNG y Cidega solicitaron ayer de forma conjunta la convocatoria de una comisión informativa «extraordinaria e urxente» para que, «desde o grupo de goberno se nos informe do proxecto e das modificacións que se están a realizar na Casa do Concello.

La Voz de Galicia

La oposición arremete contra la edila padronesa que dimitió.

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El gobierno local de Padrón dio cuenta ayer al pleno de la renuncia de Elena Romero Fabeiro a su acta de concejala por el PP y a los cargos que ocupaba en el Ayuntamiento. Es el primer paso para iniciar los trámites para que el siguiente de la lista, Francisco García, sustituya a Elena Romero, que ayer no asistió al pleno.

El alcalde Antonio Fernández recordó que la marcha de la ex-concejala se debe a una «decisión meditada» y aprovechó para, como regidor y «amigo, agradecerlle o traballo a prol dos veciños e do Concello».

El edil de Cidega, Andrés García, no quiso pronunciarse sobre la dimisión y el del Partido Galeguista Demócrata, Ángel Rodríguez, señaló que «o tempo dirá cales son os resultados» de la gestión política de la edila cesante. Pero CIPa, BNG y PSOE fueron más críticos con la labor de Romero y también del gobierno local. El edil independiente Eloy Rodríguez habló de que «non é normal o que está pasando neste goberno a un ano vistas as eleccións municipais», en alusión a la salida primero del PGD del ejecutivo y ahora la marcha de la edila. «Algo está facendo mal e algo falla no proxecto que está intentando implantar», dijo Eloi Rodríguez al alcalde.

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Por su parte, el BNG no dudó en asegurar que la valoración política de la ex edila «é negativa» y «acorde coa liña de actuación deste goberno». El edil nacionalista Xoán Santaló advirtió de que «quedan cuestións por esclarecer» relacionadas con la gestión política de Elena Romero y, en concreto, se refirió a varias facturas de actividades, como una de 5.000 euros abonada a una hípica por los caballos de la cabalgata de Reyes u otra de casi 600 por un reportaje fotográfico de la fiesta de la tapa. Facturas a las que el BNG le ve «difícil xustificación». Santaló pidió que las preguntas de su grupo sobre dichos gastos sean respondidas, algo que también solicitó el portavoz socialista Camilo Forján, que instó al alcalde a dar «explicacións» de la dimisión de Romero. Pero Antonio Fernández cerró el tema y el pleno afirmando que «non hai nada que dar porque ela é libre e maior de idade».

La Voz de Galicia

Alertan de la deficiente iluminación en el polideportivo de Pontecesures.

Luis Ángel Sabariz Rolán, portavoz de la Agrupación Cidadá de Pontecesures (ACP), alerta de la “deficiente” y “desastrosa” iluminación del pabellón polideportivo. Por este motivo, dirige sus críticas hacia los concejales de Obras, Ángel Souto Cordo (Terra Galega), y de Deportes, Roque Araújo (PSOE), quienes “permiten que se ejecute un proyecto lamentable para el municipio”.

Se refiere el concejal independiente Luis Sabariz a que “en abril se instalaron lámparas LED en el pabellón, dentro de una obra adjudicada y financiada íntegramente por la Diputación Provincial con un proyecto enviado desde el Concello”. Lo que sucede es que “esta actuación en el pabellón es un auténtico desastre, pues la iluminación es insuficiente, deja zonas sombrías y, lo que es peor, los puntos de luz deslumbran a los deportistas afectando negativamente a la visión de niños y mayores”. Al tiempo que sugiere que “la práctica deportiva tiene que contar en el pabellón con una iluminación adecuada”, Sabariz espeta que “en este tema no caben recortes ni ahorros que pongan en riesgo el desarrollo de los entrenamientos o de las competiciones”. Quiere que el alcalde, Álvarez Angueira (BNG), ofrezca explicaciones y soluciones.

Faro de Vigo