Agentes de la Guardia Civil, pertenecients al Equipo de Investigación de la Compañía de Vilagarcía, en colaboración con efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Valga, identificaron el 12 de abril a los presuntos autores de dos delitos contra el patrimonio, por la sustracción de gasoil de los depósitos de siete camiones.
Las pesquisas se iniciaron a raíz del hurto de gasoil de camiones aparcados en las instalaciones de un taller de reparación de vehículos pesados de la localidad, entre los días 18 y 26 de marzo. Este establecimiento ya había sido objeto de hechos similares en otras ocasiones.
En el primero de los casos, sustrajeron unos 175 litros de gasoil, que introdujeron en un turismo en garrafas; en el segundo robo, forzaron el tapón de uno de los depósitos, momento en le que son sorprendidos por una patrulla de la Guardia Civil del Puesto de Valga, por lo que dos emprendieron la huida y un tercero fue localizado oculto bajo una manta, en el interior del coche que utilizaban para sus actos delictivos.
Culminada la investigación, resultaron identificados tres vecinos de Cesures, de 48, 53 y 57 años, respectivamente, que son investigados como supuestos autores de un delito de robo con fuerza, cometido el 26 de marzo, y de otro de hurto cometido el día 18 del mismo mes.
El instituto armado puso las diligencias de esta investigación a disposición del Decanato de los Juzgados de Caldas de Reis, para que inicie el procedimiento oportuno para apertura de juicio.
La candidata del Partido Socialista a la Alcaldía de Valga, María Ferreirós, gestionó una reunión entre el empresariado local y el delegado de Zona Franca, David Regades. El encuentro sirvió para que la entidad pusiese a disposición de las industrias valguesas sus programas, tanto de formación, como de financiación a empresas, pymes, autónomos; desarrollo de suelo industrial, venta y alquiler de naves u oficinas o apoyo al emprendimiento.
Regades puso los ejemplos de Cuntis, Caldas y Vilagarcía, donde aseguró que se está a contribuir “dun xeito moi práctico á creación e asentamento de empresas e pymes na comarca”. Ferreirós señala que “Valga non pode ser allea a esta oportunidade” y criticó el “desleixo absoluto da concelleira de Industria e Emprego, que en quince anos foi incapaz de contactar con Zona Franca”.
La candidata socialista se compromete a hacer un estudio de viabilidad para la ampliación de suelo industrial, a la modificación del PXOM y a poner a diposición de la Zona Franca superficie industrial para desarrollar. Ferreirós lamentó las “promesas incumpridas” del gobierno de Bello Maneiro y considera que en el sector industrial, en Valga, hacen falta nuevas oportunidades, modernización de los servicios públicos y ampliación de suelo industrial.
Tres hombres de 57, 53 y 48 años están siendo investigados por la Guardia Civil por haber robado el combustible de los depósitos de siete camiones que estaban en un taller de reparaciones de Pontecesures (Pontevedra).
Tres hombres de 57, 53 y 48 años están siendo investigados por la Guardia Civil por haber robado el combustible de los depósitos de siete camiones que estaban en un taller de reparaciones de Pontecesures (Pontevedra).
La sustracción del gasoil de estos camiones, según ha informado este jueves la Guardia Civil, se produjo entre los días 18 y 26 de marzo.
El taller afectado ya había sido víctima de hechos similares en el pasado.
En el primero de los robos, sus autores lograron unos 175 litros de gasoil que, tras introducirlos en garrafas, se los llevaron en un coche.
Los agentes sorprendieron a los tres identificados, todos ellos vecinos de Pontecesures, cuando cometían el segundo de sus asaltos al taller.
Estaban forzando el tapón de uno de los depósitos cuando fueron vistos por una patrulla de la Guardia Civil, provocando que dos ellos se diesen a la fuga y el tercero fuese localizado oculto bajo una manta en el interior del vehículo que utilizaban.
Estas tres personas, que serán investigadas por un delito de robo con fuerza y por un delito de hurto, pasarán a disposición judicial del juzgado de guardia de Caldas de Reis.
La sección cuarta revoca el sobreseimiento de un caso en el que los vehículos mostraban señales equívocas de haber sido forzados
Seis autocaravanas calcinadas en el interior de un taller, puertas con señales no del todo claras de haber sido forzadas, una madrugada de intensa actividad para los bomberos de la subsede de Vilagarcía y los miembros del antiguo grupo de emergencias de Valga. Todos estos elementos concurrieron en el incendio que el 8 de noviembre del 2019, a las tres menos cuarto de la mañana, devoró los vehículos que permanecían estacionados en un establecimiento de Pontecesuresque combinaba las reparaciones y la venta de coches usados con los servicios de un concesionario. Aunque el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Caldas ordenó su sobreseimiento, laAudiencia Provincialde Pontevedra acaba de revocar esta decisión y dar instrucciones para que la causa prosiga.
Las inspecciones concluyeron, en su momento, que las seis caravanas mostraban signos de haber sido forzadas, que el fuego se había iniciado sobre colchones y material muy inflamable y que no había en ellos fuentes de calor que sugiriesen un origen fortuito de las llamas, que además brotaron de forma independiente en cada uno de los vehículos.
Todo ello permitió inferir «que el origen del fuego tuvo que ser voluntario e intencionado». En ello coincidió el informe encargado por la compañía aseguradora del taller. Su análisis, sin embargo, aporta un escenario muy distinto: entiende que las marcas en las cerraduras son simuladas y que alguien tuvo que utilizar las llaves de las caravanas para introducirse en ellas. Unas llaves de las que solo existían dos copias, en el propio taller y en las oficinas a las que solo tenía acceso el propietario del negocio, su familia y su único empleado. La defensa, que aportó su propio informe pericial, sostuvo que las claraboyas y ventanas laterales tenían que estar ligeramente abiertas, y que a través de ellas pudo verterse líquido inflamable.
La Audiencia entiende que «concurren indicios racionales de criminalidad, y no meras sospechas», por lo que, a instancias de la aseguradora, ordena que se dicte un auto de transformación en procedimiento abreviado.
El regidor es tajante al entender que ese órgano, puesto en cuestión por el Consello de Contas, está respaldado por los juzgados
El alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, no suele convocar ruedas de prensa. Pero ayer, el regidor popular decidió comparecer ante los medios de comunicación para explicar la postura de su gobierno al respecto del informe del Consello de Contas que le tira de las orejas por los pagos de dietas a los concejales populares por asistencia a comisiones de coordinación, y otras a funcionarios municipales, en concreto al secretario y al interventor. Bello Maneiro atribuye el informe del Consello de Contas —un órgano, señaló, que es únicamente consultivo— a la «obsesión do PSOE de Valga», compartida con Valga Viva y el BNG. «Levan anos intentando paralizar a vida municipal e intentado descalificar ao goberno local. Valga merece unha oposición sensata, digna e que non sexa trapalleira», dijo el alcalde.
Explicó Bello Maneiro que el Consello de Contas emitió su informe sobre Valga «nun tempo récord de tres meses, mentres que con outros concellos tardou anos». Esa celeridad le parece sospechosa al alcalde, aunque más sospechoso le resulta, aún, que ese mismo órgano desestimase en apenas 24 horas el amplio expediente enviado por el Concello con sus alegaciones. En todo caso, el regidor ya advierte de que las recomendaciones emanadas de ese órgano no van a ser tenidas en cuenta: «Mentres eu sexa alcalde, vai seguir habendo comisións de coordinación. Primeiro, porque son legais. Segundo, porque son necesarias para que un Concello funcione», señaló.
Recuerda que esas mismas comisiones fueron objeto de una denuncia judicial interpuesta por el PSOE en el año 2016. «Foi arquivada en Caldas, recorreron, foi a Audiencia de Pontevedra, e alí tres maxistrados faiaron a favor do Concello», señalaba Bello Maneiro. Alega que las comisiones de coordinación están amparadas por la Ley 7/ 1985, que deja a los ayuntamientos la potestad de autoorganizarse. La Ley 40 / 2015, por su parte, recoge que puede actuar como secretario de este tipo de órganos uno de sus integrantes. «Ademais, hai que recordar que a creación destas comisións que agora tanto denuncian foi aprobada cos votos a favor do PSOE no ano 1991, e volveuse votar e volveu ser aprobada polo PSOE e o BNG no ano 2011», recalcó el alcalde.
Por otro lado, las dietas pagadas al secretario y al interventor, dice el regidor, también tienen cobertura legal. De hecho, pese a que el Colegio de Secretarios e Interventores hizo un informe contrario y presentó una denuncia judicial, esta fue archivada. «O PSOE, que tamén denunciara, desistiu da súa denuncia. E Valga Viva, que tamén levou esto ao xulgado, viu como o arquivaban no mes de xaneiro deste ano», señala Bello Maneiro.
Defender su honor
El regidor considera que esas sentencias judiciales no han sido tenidas en cuenta por el Consello de Contas, que «tivo que cometer un erro» y aplicar normativa desfasada. En cualquier caso, esa no es una cuestión que preocupe al alcalde, que asegura tener la conciencia tranquila. Pero como asegura estar cansado del «odio» que hacia su gobierno destila la oposición, ha decidido poner todo este asunto en manos de un asesor legal «para emprender accións xudiciais contra os denunciantes, para defender a nosa honra». «A oposición ten que pedir perdón a este goberno e deixar de botar lixo pola súa boca. Non imos permitir que nos veñan dar leccións de traballo e dedicación», aseveró el regidor popular.
Desde Padrón surte a Barbanza, Sar y parte de Arousa o Caldas // Aumentará su capacidad en un 40 % // Se hará en 18 meses
Visita de autoridades y técnicos a la potabilizadora de Padrón.
La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, recibió un total de diez ofertas para ejecutar las obras de ampliación y modernización de la potabilizadora de Padrón, licitadas por un importe de casi nueve millones de euros. Y de esa decena, siete de ellas están conformadas por UTE, lo que suma un total de 17 compañías. El objetivo es mejorar el abastecimiento del sistema del margen derecho de la ría de Arousa, para aumentar un 40 % la capacidad de tratamiento y blindar el suministro de agua a diez ayuntamientos.
Al hilo, hay que recordar que la potabilizadora suministra actualmente a los municipios de Boiro, Catoira, Dodro, A Pobra do Caramiñal, Pontecesures, Rianxo, Ribeira, Valga y a Padrón, estando también conectado el de Vilagarcía de Arousa.
La entidad hidráulica de la Xunta trabaja con el objetivo de comenzar las obras en el último trimestre del año, con un plazo de ejecución de 18 meses, a lo largo del cual se irán poniendo en servicio los distintos elementos de manera progresiva. En esta intervención, la Xunta asume íntegramente la financiación y ejecución de las obras de ampliación de la estación de tratamiento de agua potable, en el marco de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Padrón que supondrá una inversión global de diez millones de euros. Desde la capital del Sar, por su parte, asumirán las gestiones y trámites necesarios.
PLANTA.
Mediante este contrato se ejecutarán las obras necesarias para aumentar la capacidad de tratamiento de la planta hasta los 630 litros por segundo, frente a los 450 l/s que suministra hoy. De este modo se podrán superar las actuales limitaciones en el abastecimiento y ofrecer mayores garantías a una población de más de 90.000 vecinos, y siempre en previsión de un futuro incremento de la demanda.
Para ello, se ampliará la potabilizadora ubicada cerca de Casal, en la parroquia de Carcacía y a la orilla del Ulla. Pero también se modernizará y hará más eficiente, dotándola de un sistema para la recuperación del agua de lavado de filtros que actualmente son vertidos al río. La red de entubado suma 56 km.
