La empresa seguirá de momento con la recogida, pero la Mancomunidad estudia abaratar costes en el envío a la planta
Un camión recogiendo basura en Lousame, concello socio de Serra do Barbanza.
El próximo uno de enero, todo empezará a cambiar en la Mancomunidad Serra do Barbanza. Dos días antes, el 30 de diciembre, justo cuando será clausurado el vertedero de Sobrado dos Monxes al que la entidad está enviando la basura de sus concellos socios (Brión, Noia, Muros, Lousame, Porto do Son y Carnota) y clientes (Rois, Ames y Pontecesures), el presidente de la Mancomunidad, Pablo Lago, firmará el convenio para empezar a entregarla en Sogama.
Será un acuerdo temporal, porque la entidad pretende licitar de nuevo el servicio (que actualmente lleva a cabo la empresa FCC, pese a que el contrato caducó en 2023). Al respecto, Lago explica que, de momento, FCC seguirá recogiendo la basura, pero que Serra do Barbanza estudia alternativas para entregarla a Sogama, con el objetivo de abaratar el servicio.
Una de las alternativas sería la contratación de camiones.
Pero, para que el día uno empiecen a cambiar por completo el funcionamiento de la Mancomunidad, en general, y del servicio de recogida de basura, en particular, tuvieron que producirse antes varios avances importantes: la aprobación del presupuesto de 2026; el acuerdo para crear una gerencia de la entidad; la eliminación de la figura del concello cliente (que no está amparada por la ley y que acabó propiciando la entrada de Ames como socio de pleno derecho y la salida de Rois y Pontecesures como usuarios de la recogida de basura); el acuerdo para renovar los estatutos; y la aprobación del plan de pago de la deuda a FCC (23 millones de euros) a diez años.
Uno de los motivos que suscitó discrepancias en Serra do Barbanza fue la aprobación de la cuota extra para afrontar precisamente esa deuda contraída con FCC en relación al servicio de recogida de basura, a raíz de una sentencia.
Rois y Pontecesures entienden que, al no ser socios, no tienen por qué asumir el pago de una cuota extra porcentual para afrontar esa deuda, alegando que pagaron los recibos «puntualmente».
En fraude de ley
«Todos los concellos de Serra do Barbanza son corresponsables de esa deuda de manera porcentual, pues todos, los socios y los que se beneficiaron en fraude de ley de la recogida de basura, fueron usuarios de ese servicio», dijo Lago.
Abaratar en el futuro ese servicio es también el objetivo del Concello de Rois, que, tras quedar fuera de Serra do Barbanza, sondea una alianza con Dodro y Pontecesurespara licitarlo en conjunto.
Al margen de la Mancomunidad, tres municipios del Barbanza (Rianxo, Boiro y A Pobra), encargaron un estudio similar, como ya informó este diario. Y lo mismo acaban de hacer en Costa da Morte los concellos de Muxía, Camariñas y Vimianzo. El objetivo es el mismo: abaratar al máximo los costes.
Al respecto, la alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, señala que «la subida del recibo de Sogama, de 98 a 118 euros por tonelada, nos supuso una sangría a los concellos para afrontar un servicio básico que, en el caso de Vimianzo, arroja un déficit de 425.000 €». En Muxía el déficit es de 184.000 €, según el alcalde, Javier Sar.
El Concello de Rois solicitó una moratoria de seis meses
En la Xunta Xeral de Serra do Barbanza celebrada este jueves se aprobó la entrada de Ames como socio de pleno derecho (aunque deberá ser ratificada por la asamblea general para que sea efectiva).
Se acordó también dar 5 días a Rois y Pontecesures para alegaciones ante la decisión de dejar de recogerles la basura el día 31. Rois solicitó una moratoria de seis meses. Lago consultará con los servicios jurídicos de la Mancomunidad, pero considera que «es con FCC y con Sogama con quien debe negociar a partir de ahora».
Igualmente, se aprobó el nuevo sistema de facturación, pues hasta ahora los concellos pagaban recibos trimestrales por la recogida de la basura, pero Sogama los cobra mensualmente.
La alcaldesa de Pontecesures, María Teresa Tocino, le reprochó a Lago que tuviese que darse por enterada a través de este diario de que su concello quedará fuera de Serra do Barbanza el día 31.
El conservador pide al gobierno bipartito que abandone el plan de Barbanza y se incorpore a Sogama.
Maite Tocino y Juan Manuel Vidal Seage.
Juan Manuel Vidal Seage, portavoz del grupo municipal del Partido Popular de Pontecesures, advierte del «grave problema» en el que está inmerso el Concello en relación con el servicio de recogida y tratamiento de residuos, que se presta desde el año 2005 a través de la planta de Lousame, gestionada por la Mancomunidade de Barbanza.
Según los populares, este modelo fue impulsado en su día por un gobierno local encabezado por el BNG como alternativa a Sogama, pero ha demostrado ser «un fracaso absoluto».
Seage señala que se trata de un sistema «totalmente ineficiente», con un coste muy superior al de Sogama, ya que el tratamiento de residuos supera los 150 euros por tonelada, frente a los 108 euros que, según indica, cuesta en la entidad autonómica. Además, sostiene que el modelo de la Mancomunidade de Barbanza es «incompatible con la normativa europea».
Añade que la gestión de residuos por parte de la mancomunidad «se encuentra en quiebra técnica y con deudas muy elevadas» que, según denuncia, se pretenden trasladar ahora a los concellos y, en última instancia, a los ciudadanos.
En este contexto, el edil popular advierte de que Pontecesures se encuentra en una situación de «grave riesgo» por la decisión de la alcaldesa, Maite Tocino, de mantener este servicio.
A su entender, esta postura responde únicamente a la «obstinación de defender el modelo de residuos del BNG», en lugar de plantear la salida del mismo y la adhesión a Sogama, una opción que el PP considera «mejor tanto para el medio ambiente como para el bolsillo de los vecinos».
El portavoz del PP revela también que la mancomunidad ha llegado a amenazar al Concello con dejar de prestar el servicio a finales de este mes si Pontecesures no se incorpora como miembro de pleno derecho, ya que en la actualidad figura únicamente como concello cliente.
Una posibilidad que califica de «auténtico drama» para la vecindad y supondría asumir un mayor coste económico, al tener que hacerse cargo de una parte proporcional de los gastos generales y de los extraordinarios derivados de la deuda con la empresa concesionaria del tratamiento de residuos.
Según Vidal Seage, el Concello«lleva dos años pagando de forma irregular» la cuota como si fuese miembro de pleno derecho de la mancomunidad, sin manifestar su disconformidad, una situación que atribuye a «una cuestión ideológica de la alcaldesa» y que, en su opinión, perjudica gravemente a los pontecesureños, al provocar una merma de los recursos municipales e incluso abrir la puerta a una subida significativa de las tasas.
Por todo ello, el portavoz popular reclamó al gobierno bipartito, durante el pleno extraordinario celebrado esta semana para abordar este asunto, que abandone cuanto antes el servicio de recogida y tratamiento de residuos de la Mancomunidade de Barbanza y apueste por Sogama, «aunque le produzca sarpullidos».
Y es que permanecer en la planta de Lousame «solo nos aboca a un deterioro del servicio y a un abismo económico en las arcas municipales», asegura el líder conservador.
Finalmente, el edil recuerda que el anterior gobierno local del PP –que él presidía– ya había elaborado un estudio de viabilidad para implantar un nuevo modelo de gestión de residuos urbanos y abandonar el sistema de Barbanza. Lamenta que el actual ejecutivo no haya utilizado ese trabajo previo y continúe, según sus palabras, con una decisión «meramente ideológica».
«No pueden dejarnos sin un servicio básico de un día para otro», dice la alcaldesa Teresa Tocino
Pablo Lago: «Si no se adhieren antes del 31 tendrán que negociar ya con una empresa»
Imagen de una de las últimas reuniones de la Junta Rectora de Serra do Barbanza.
Con el ultimátum dado a los concellos de Rois y Pontecesures para que decidan antes del 31 de diciembre si se adhieren como socios de pleno derecho, la Mancomunidad Serra do Barbanza ha activado un temporizador que pone en jaque el servicio de recogida de basura del que ambos municipios son usuarios en calidad de clientes. Una figura, la de cliente, que es alegal y que no figura en los estatutos.
Y, si Ames, que estaba en la misma situación, ya aprobó en pleno su adhesión, Rois y Pontecesures siguen dando largas bajo un mismo argumento: la falta de información clave.
«Llevamos dos años solicitando por escrito que Serra do Barbanza nos resuelva dudas sobre cuáles serían nuestros derechos y obligaciones, sobre la cuota extraordinaria destinada en parte al pago de la deuda a la concesionaria FCC, y sobre las condiciones del servicio», dice la alcaldesa de Pontecesures, Teresa Tocino.
«Estamos de acuerdo con el modelo del servicio de recogida de basura; pero, en base al contrato de clientes, no tenemos responsabilidad sobre la deuda contraída con FCC. Pontecesures pagó los recibos religiosamente y asumió las subidas de precios. Pero no podemos entrar a ciegas en Serra do Barbanza», añade la regidora.
Sin embargo, el presidente de la Mancomunidad, Pablo Lago, asegura que Tocino «fue informada varias veces, por escrito y con todo detalle, del coste real del servicio. Pero repite lo mismo desde hace años. Cosa distinta es que no lo quiera entender».
«Pontecesures está actualmente en fraude de ley como cliente de la Mancomunidad, porque esa figura es alegal», dice.
«No pueden dejarnos de un día para otro sin un servicio básico como el de la recogida de basura. Es de sentido común», advierte Tocino. «El tiempo se acabó», afirma Lago al respecto, añadiendo que «si Rois y Pontecesures no se adhieren a Serra do Barbanza antes del 31 de diciembre, se les dejará de recoger la basura y, a partir de ese momento, tendrán que negociar con una empresa para que les preste el servicio».
Reunión con Sogama el día 10
Pablo Lago se reunirá el miércoles 10 con directivos de Sogama para concretar las condiciones en las que Serra do Barbanza enviará la basura a su planta a partir del 31 de diciembre, fecha en la que se clausurará el vertedero de Sobrado dos Monxes al que la está enviando desde que se saturó el de Lousame.
Respecto a Rois, tampoco se pronunció aún sobre su posible adhesión a Serra do Barbanza, mientras sondea la posibilidad de licitar un servicio de recogida de basura en alianza con Dodro.
El plan B de Serra do Barbanza para la planta de residuos de Servia.
Los seis concellos socios de la Mancomunidad apuestan por adaptar las instalaciones para recibir aceite, textil o compost.
Imagen aérea de las instalaciones de la planta de tratamiento de residuos de Servia, en Lousame
A pesar de las serias amenazas a las que se enfrenta la Mancomunidade Serra do Barbanza, los alcaldes de los concellos integrados en ella se declaran dispuestos a intentar enderezar el rumbo de la entidad y de la planta de tratamiento de residuos de Servia (Lousame). Es lo que se desprende de la reunión que mantuvieron el lunes para aprobar los siguientes y trascendentales pasos que tienen previsto dar.
Las deudas que arrastra la entidad; los incumplimientos de la concesionaria (FCC), cuyo contrato caducó en octubre de 2023; las consecuencias de la falta de mantenimiento en las instalaciones; el colapso de una planta que está derivando los descartes (los residuos que no puede tratar) a un vertedero de Sobrado dos Monxes; y la losa de una normativa europea que pone en jaque el sistema de separación de residuos en destino, son solo algunos de los problemas que tienen sobre la mesa los alcaldes de los seis concellos socios (Brión, Carnota, Lousame, Muros, Noia y O Son) y los 3 adheridos como clientes (Ames, Pontecesures y Rois), con voz, sin derecho a voto.
María Lago (alcaldesa de Muros): «La Mancomunidad delegó la gestión en FCCy no la fiscalizó. Pero el modelo de la planta de Servia es viable»
Como primer punto del orden del día y por unanimidad de los asistentes (no asistieron los regidores de Rois y Pontecesures) se aprobó definitivamente un plan de pagos a diez años para hacer frente a la deuda de 9 millones de euros (más los intereses) que la Mancomunidad tiene con FCC en cumplimiento de una sentencia judicial de 2010 y que va a repercutir en cada uno de los concellos de la entidad, por haber mantenido congelados los precios durante años.
La sentencia es firme (la ejecución ya fue solicitada). Sin embargo, habrá que concretar ahora qué porcentaje de esa deuda corresponde a cada concello en función del número de habitantes, las toneladas recogidas, la superficie del municipio… Una deuda que, según el presidente de turno de la entidad, Pablo Lago (alcalde de Brión), no solo pesa sobre los concellos socios, sino también sobre los adheridos, por cuanto se beneficiaron de que no se aplicase en su momento la subida de los precios.
Luis Oujo (alcalde de O Son): «Hay que velar por el empleo y por la viabilidad de la planta de Servia, aunque se envíe la basura a Sogama»
Pero la deuda con FCC es mayor. Según Lago, podría rondar los 20 millones de euros, pues en ella se incluyen también cuestiones en litigio, como por ejemplo las referentes a las cuotas pendientes de algunos concellos o a los gastos por reparación de maquinaria.
Como segundo punto, cada uno de los alcaldes asistentes se pronunció sobre su continuidad en la Mancomunidad de cara al 1 de enero de 2026. Los seis concellos miembros de pleno derecho mostraron su intención de continuar y velar por los 140 empleos. En el caso de Ames, el alcalde, Blas García, dijo que «nuestro compromiso era permanecer hasta que haya un nuevo contrato de concesión para mantener los empleos. Hace tres años nos ofrecimos a entrar como socios, pero nunca se nos contestó».
Pablo Lago (alcalde de Brión): «Acordamos dotar a la Mancomunidad de nuevo estatuto, crear un órgano de gestión y aprobar los presupuestos»
Ahora, el Concello de Ames trabaja con la intención de abandonar la entidad, aunque la decisión la adoptará el pleno de la Corporación tras conocer el estudio de costes de un servicio directo del Concello y del traslado de los residuos a Sogama. «El sistema de la planta de Servia no se adapta a la nueva normativa europea, y para llevar la basura a Sogama no necesitamos estar en la Mancomunidad», indica el regidor amesano.
El Concello de Rois solicitó información a la Mancomunidad para analizar los detalles relacionados con el coste del servicio con vistas a decidir si se mantiene adherido a la entidad o si la abandona, en la misma línea de Ames.
Juan Manuel Saborido (alcalde de Carnota): «Debemos velar por la viabilidad de una planta que tiene unas licencias ambientales muy difíciles de lograr»
Y el de Pontecesures comparte el modelo de Servia, pero no está dispuesto a seguir en la Mancomunidad «a cualquier precio». Y es que los seis concellos socios han instado a los adheridos a incorporarse también como socios de pleno derecho o a abandonarla. «La figura de cliente o adherido no existe. Ames, Pontecesures y Rois se benefician de un servicio que no gestionan. Y quieren votar, pero para eso deben ser socios de pleno derecho», señala Pablo Lago.
El siguiente paso que se marca la Mancomunidad es el diseño de un plan de viabilidad. La planta de Lousame ya no tiene capacidad para recibir más residuos y está enviando los descartes a un vertedero de Sobrado dos Monxes al que, por cierto, le queda un año de vida útil. Se entablaron negociaciones con Sogama para enviar esos descartes a la planta de Cerceda, pero no hay nada firmado.
Blas García (alcalde de Ames): «Si optamos por la gestión directa, para enviar la basura a Sogama no necesitamos estar mancomunados»
Además, ese plan de viabilidad apuesta por la diversificación, es decir, por dar entrada al tratamiento de residuos textiles, escombros, aceites, compost, etc., aprovechando que la planta de Servia cuenta con unas licencias medioambientales que hoy serían muy difíciles de conseguir.
«La planta es viable y hay muchas posibilidades», señala Ángel Brantuas, presidente del comité de empresa, que presentó a la entidad una propuesta que pasa precisamente por diversificar la actividad. «Se podría incluso tratar el compost de la comarca y de Santiago. En cuanto al empleo, hay 140 trabajadores, de los cuales el 60% son mujeres (muchas de ellas mayores de 50 años) que trabajan en la sección de separación manual, por lo que en un nuevo modelo podrían formarse para adaptar su trabajo a nuevas líneas de tratamiento de residuos», explica.
Un órgano de gestión
El comité de empresa solicita que la Xunta se implique en el futuro de la planta de Servia y quiere estar representado en la mesa de negociación del plan de viabilidad.
El siguiente paso de esa hoja de ruta que se plantean los alcaldes es la redacción de una Relación de Puestos de Trabajo y la creación de una estructura de gestión (con gerente, secretario, intervención, etc.). Y es que ese es otro caballo de batalla de la entidad: la gestión.
La alcaldesa de Muros, María Lago, cree que «la situación de la planta llegó a un punto muy difícil por la inexistente gestión. No hubo gestión desde la Mancomunidad. Se delegó todo en la concesionaria y no se hizo una fiscalización de su gestión».
María Teresa Tocino (alcaldesa de Pontecesures): «Compartimos el modelo de la planta de Lousame, pero no seguiremos en la Mancomunidad a cualquier precio»
El contrato de FCC caducó sin haber elaborado los pliegos para licitar una nueva concesión, un proceso que tiene un obstáculo añadido. La empresa no cumplió aún con una de sus obligaciones: tenía que haber adquirido el terreno en el que se ubica la planta (alquilado a un particular) y entregárselo a la Mancomunidad.
Al parecer, no pudo afrontar el alto precio que pedía el propietario. FCC planteó una quita de la deuda de la Mancomunidad, a cambio del terreno. Pero la entidad la rechazó al no poder calcular el valor del terreno ni tener la seguridad de que el dueño lo vendería. Ahora, la opción que se baraja es la expropiación, que debería asumir FCC.
Mientras tanto, al no disponer de los terrenos en propiedad, la Mancomunidad no puede sacar un nuevo pliego de licitación.
La Mancomunidad acordó además elaborar unos nuevos estatutos y unos presupuestos, pues funciona con los de 2015 prorrogados. De momento, aprobó un incremento «temporal» de las cuotas de los concellos hasta 2026.
Ramón Tojo (alcalde de Rois): «Desde el Concello estamos analizando el coste del servicio para decidir si Rois permanece o no en Serra do Barbanza»
La alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino, señala que los concellos adheridos a la Mancomunidad están en una situación diferente a los socios. «No tenemos derecho a voto. Solicité ya tres veces por escrito que me aclaren cuál es la cuota que debería pagar Pontecesures cuando colapsase la planta de Servia y hubiese que enviar los residuos a otra planta. Pero sigo sin respuesta». Añade que, tras la aprobación de las cuotas temporales, Pontecesures pasará de pagar 14.000 euros a 33.000. «Nosotros no generamos esa deuda. Pagamos siempre sin demora. Somos clientes, no socios. Estamos de acuerdo con el modelo de la planta de Servia, que nos situó como el concello con el porcentaje más alto de reciclaje de la provincia de Pontevedra. Estamos dispuestos a seguir, pero no a cualquier precio. Pontecesures no va a pagar el precio de una gestión que no fue lo rigurosa que debía haber sido». Cree que, si la instalación de Servia se convierte en una planta de transferencia de Sogama «no seguiríamos en Serra do Barbanza. No tendría sentido».
La Xunta recuerda a Servia y Nostián que deben «adaptarse» para cumplir con la ley
La Mancomunidade Serra do Barbanza y la planta de Nostián tendrán que adaptar su sistema de recogida de residuos para comenzar a gestionar las fracciones de plástico y metal, algo que no ocurre en la actualidad con el modelo húmedo-seco que ambas eligieron en su día y que separa los residuos en orgánicos e inorgánicos, lo que contraviene la legislación tanto a nivel europeo como estatal. Desde la Consellería de Medio Ambiente subrayan que en estos momentos ni una ni otra planta cumplen con las exigencias normativas.
No obstante, desde el departamento autonómico que dirige Ángeles Vázquez explican que las plantas de Barbanza y Nostián «tienen prevista la adaptación de sus procesos mediante las recientes modificaciones en sus Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI), enfocando la gestión hacia la recogida selectiva de residuos de envases». Solo de este modo ambas instalaciones llegarán a poder cumplir los objetivos de reciclaje que se exigen actualmente a nivel europeo, lo que les permitiría seguir operando en el futuro.
Ante este escenario lleno de incertidumbres, la pregunta es ¿qué va a hacer la Xunta? Desde Medio Ambiente responden que, ante la «necesaria transición» hacia un sistema de recogida selectiva conforme a la normativa vigente, «se han abierto negociaciones clave» para la implantación del contenedor de envases ligeros, con el propósito de reforzar la separación de residuos y mejorar su tratamiento.
Desde la Xunta recuerdan, además, que tanto la Mancomunidade Serra do Barbanza como el Consorcio das Mariñas — que trata sus residuos en Nostián, al igual que la ciudad herculina— se han adherido al convenio marco con Ecoembes, lo que supone un «paso significativo en el fortalecimiento del modelo de gestión de residuos». «Y esperamos que el Concello de A Coruña también decida acogerse a este convenio próximamente», añaden.
Sobre la sanción que la UE podría imponer a España por no reciclar lo suficiente, la Xunta asegura que ha trabajado «activamente» para avanzar en esta materia, «poniéndose del lado» de ciudadanos y concellos y con «medidas incentivadoras» que faciliten la adaptación a la ley «de manera progresiva, justa y sin generar una presión desproporcionada sobre los municipios».
Sogama está «preparada» para tratar la basura de los 313 ayuntamientos gallegos
Sogama está en disposición de gestionar los residuos producidos en todos los ayuntamientos gallegos. Así responden desde la Sociedade Galega do Medio Ambiente al ser cuestionada sobre las dificultades que atraviesan tanto la planta de Servia como la de Nostián, inaugurada en 1999, tres años después del derrumbe en el vertedero de Bens, en el que falleció un hombre, y adonde va a parar la basura de A Coruña, Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada.
El complejo medioambiental situado en Cerceda trata los residuos de los 295 municipios gallegos restantes, que suman 2,2 millones de personas. En 2018 la capacidad de las instalaciones se amplió en un 81%, lo que supuso pasar de las 550.000 toneladas de residuos al año a poder gestionar 1 millón de toneladas anuales.
En caso de que los municipios que ahora envían sus residuos a Servia y Nostián decidiesen utilizar los servicios de Sogama el proceso sería el mismo que el seguido por cualquier otra entidad pública que envía su basura a Cerceda: firmar el contrato y facturar por tonelada de residuos entregada en sus instalaciones.
En estos momentos, la red de infraestructuras de Sogama comprende, además del complejo de Cerceda, 37 plantas de transferencia distribuidas por toda Galicia, 4 plantas de compostaje —una por provincia— y un vertedero controlado de cola para aquellos desechos que no pueden ser reciclados ni valorizados energéticamente.
A estas instalaciones se sumará la primera planta de clasificación de residuos textiles de Galicia, que se levantará en Cerceda y que tendrá una capacidad inicial para 3.000 toneladas anuales, aunque podrá llegar a tratar hasta las 24.000. El contrato de construcción y futura gestión integral fue adjudicado a comienzos de este mes por 22.480.815 euros (IVA incluido).
Desde Sogama destacan que en los últimos años han destinado más de 100 millones de euros a incorporar las «últimas tecnologías disponibles» a sus procesos de gestión de residuos. Ejemplo de ello son la automatización de la planta de clasificación de envases y la nueva nave de recuperación de materiales. Y subrayan la apuesta por el transporte de la basura por ferrocarril. A día de hoy, el 57% se traslada por vía férrea, más del doble que en 2016.
El modelo de gestión de basura que quiso ser alternativa a Sogama enfila su cierre.
Vista aérea de la planta de tratamiento de residuos de Servia.
La mancomunidad Serra do Barbanza comenzará a enviar sus rechazos a Cerceda mientras busca una salida viable para su planta de tratamiento.
En el 2003 se puso en marcha en el municipio coruñés de Lousame un ambicioso proyecto impulsado por un puñado de concellos agrupados en la mancomunidad Serra do Barbanza que apostaban por un modelo de gestión de la basura centrado en el reciclaje y la elaboración de compost. La idea era buena, y durante más de dos décadas la planta radicada en Servia se erigió, junto a la coruñesa de Nostián, en la alternativa —defendida por grupos ecologistas, por ejemplo— al macrocomplejo de Sogama, vinculado a la incineración de restos. Sin embargo, el modelo hace agua y se encamina a converger en la planta de Cerceda.
Los alcaldes que integran la mancomunidad rehúsan hablar abiertamente de claudicar para adherirse a Sogama, pero en la práctica es lo que sucederá con el envío de la basura a ese centro. De hecho, ya se han mantenido contactos con la Xunta para ir de la mano en la búsqueda de una alternativa para salvar la planta de Servia destinándola a otros usos.
La situación es compleja y son múltiples los factores que han abocado a que Serra do Barbanza ponga sobre la mesa el fin de un sistema de gestión que durante años presumió de obtener los mejores resultados en cuanto a recuperación y reciclaje de residuos. La deuda arrastrada con la concesionaria encargada de las instalaciones —Fomento de Construcciones y Contratas— es una de las dificultades que condicionan la actividad de las instalaciones, pero la estocada definitiva llegó al confirmarse que el modelo utilizado para separar los residuos es incompatible con la normativa europea.
Plan de pagos
Este pasado lunes se celebró una reunión de la junta rectora de la mancomunidad para tratar tanto el asunto de la deuda como el futuro de Serra do Barbanza. En lo que respecta a lo primero, se aprobó un plan de pagos a diez años para abonar lo que se adeuda a la concesionaria.
La cifra varía porque son varios los conceptos que se valoran, pero lo que es seguro es que los nueve concellos —Ames, Brión, Carnota, Lousame, Muros, Noia, Pontecesures, Porto do Son y Rois— adheridos al sistema de Servia tendrán que pagar a la empresa unos 9 millones en impuestos por sentencia judicial.
El segundo asunto a dilucidar era el futuro de la entidad. El Concello de Ames ya anunció que su intención es desvincularse del sistema en el 2026, y Rois y Pontecesures posiblemente seguirán el mismo camino. Los seis concellos restantes seguirán mancomunados para prestar el servicio de recogida de la basura, y a partir de ahí buscarán alternativas para su tratamiento. «Imos buscar a viabilidade das instalacións indo da man da Xunta, hai opcións que se poden levar adiante, como planta de biorresiduos ou para a xestión de puntos limpos, por exemplo», apuntan desde la junta rectora.
Deuda con la empresa: 8,9 millones
Una sentencia judicial estipuló el pago de casi 9 millones por la actualización de precios
Población: 86.708
Ames y Noia son los concellos más poblados de los nueve adheridos al modelo de Servia
Volumen: 33.197 toneladas
En el 2023, la planta de Lousame recibió más de 33.000 toneladas de residuos
La prioridad es mantener el centenar de empleos en las instalaciones
El uso que tendrán las instalaciones del complejo medioambiental de Servia es una incógnita que despejará (o ese al menos es el objetivo) el estudio técnico y económico que se va a realizar para analizar la viabilidad de las instalaciones. Pero hay una premisa básica como punto de partida: mantener los puestos de trabajo en la planta.
Por ahora son solo ideas, pero entre las opciones que se plantean figuran desde dedicar la planta al tratamiento exclusivamente de residuos orgánicos, la gestión de enseres o de residuos procedentes de la construcción o que se convierta en un centro de transferencia, entre otras. Las instalaciones de Lousame tienen la ventaja de que cuentan con todas las autorizaciones ambientales, que actualmente son muy difíciles de conseguir, con lo que su utilidad resulta fuera de toda duda. Habrá que valorar cuál es la mejor salida con la premisa de mantener los más de cien empleos que existen actualmente.
En lo que respecta a lo más inmediato, los rechaces de residuos que no pueden reciclarse y no tienen cabida en el complejo de Servia se enviarán a Sogama. De hecho, ya se está haciendo porque desde el año pasado el vertedero de la planta de Lousame está colmatado y no caben más desperdicios. La primera opción fue enviar los desechos a Sobrado dos Monxes, pero era una solución provisional y la única alternativa que queda es Cerceda.
Las negociaciones entre los trabajadores de la planta de la
Mancomunidad Serra do Barbanza sita en Servia (Lousame) con la empresa
FCC que trata cada año 32.000 toneladas de basura de A Maía y otros
siete municipios pintan bien. Y pendiente de que la plantilla ratifique
en las próximas horas el preacuerdo alcanzado, todo parece indicar que
se va a desactivar la huelga que se iba a prolongar desde el 21 de
diciembre al 7 de enero en Ames, Brión, O Son, Carnota, Muros, Noia,
Lousame, Rois y Pontecesures.
Así
lo confirmaba Paulo Rubido, de la CIG, quien subrayaba que según las
condiciones abordadas, “os traballadores que menos cobran percibirían xa
dende principios de ano cen euros a maiores”. La misma fuente destacaba
su optimismo, “porque é unha folga que non quere ninguén”, pero eso sí:
dejaba claro que ahora tendrán que abordar con los ayuntamientos que
conforman el ente supramunicipal sobre la imperiosa necesidad de abordar
“varios puntos que hai que mellorar”, explicaba Rubido.
Las demandas laborales que se solicitan tienen una piedra angular, que es la inclusión en el convenio de un plus de tóxicos del 25 %, para aproximarse en sus condiciones a las del personal de otras plantas de tratamiento de desperdicios. Según la CIG, en caso de avanzarse hacía esa cantidad “os seus salarios achegaríanse aos do persoal da plantas de Sogama, que cobra un 45 % máis, ou ao das traballadoras e traballadores da planta de Albada, onde cobran un 16-17 % máis”. Destacar que contaron con el apoyo de UGT y CC OO, y que de esta forma se evitarían acumulaciones de alrededor de 90 toneladas de basura al día.
